Las últimas elecciones en Cataluña y, en general, todo el conflicto que se esta viviendo en esa región, se está presentando como una lucha entre «constitucionalistas» y «separatistas». En el primer grupo estarían el PP, PSOE y Ciudadanos y en el segundo el PdeCAT, ERC y la CUP. Pero ¿es realmente así?
Echando la vista atrás durante los últimos 40 años, no lo parece. La realidad es que los separatistas llevan aplicando la Constitución desde la Transición. La Constitución (y todos los Gobiernos del R78) ha sido su mejor aliada y el instrumento a través del cual han llevado a Cataluña al borde de la secesión.
La Constitución reconoce que en España hay «nacionalidades», entre ellas, Cataluña. Desde entonces nadie ha sido capaz de explicar la diferencia entre «nación» y «nacionalidad». Algo lógico porque no la hay. En consecuencia, los separatistas, basándose en la Constitución, han llevado a cabo políticas para convertir a Cataluña en una nacionalidad/nación.
El primer presidente del R78 e impulsor de la Constitución, Adolfo Suárez, realizó todo tipo de concesiones al separatismo. De aquellos polvos estos lodos.
La Constitución, al contrario que otras Constituciones de países democráticos, permite la existencia misma de partidos independentistas (incluso pro-etarras, como ocurrió en su momento con Herri Batasuna) Además, los mecanismos de reforma de la Constitución permiten que, con la mayoría suficiente, un territorio pueda separarse del resto de España.
La Constitución abrió la puerta al Estado de las Autonomías que, aparte de ser un agujero negro económico, ha balcanizado España hasta límites inaguantables. Donde había regionalismo éste ha degenerado en separatismo y donde no había nada ha aparecido regionalismo. La Constitución activó a todas las fuerzas centrífugas y anti-nacionales, beneficiando al separatismo.
La Constitución entregaba a las autonomías competencias de todo tipo, incluidas la educación, la cultura o el control de los medios de comunicación regionales. Aprovechando esas competencias, los separatistas han promovido y extendido su ideario separatista por todos los territorios que estaban bajo su competencia, multiplicando el número de independentistas.
Otro de los capos de R78, Felipe González, con el capo del separatismo catalán, Jordi Pujol
La Constitución establece una Ley Electoral que le da una fuerza y una influencia formidables a los partidos independentistas. Siempre que hay un gobierno de España que no obtiene la mayoría absoluta, se ve obligado a pactar (y a ceder) con los separatistas.
En 1983, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional a la LOAPA, una Ley elaborada por el Gobierno con el objetivo (teórico) de frenar el descontrol del proceso autonómico. Todo indica que fue una maniobra de distracción para apaciguar a los sectores patriotas tras el 23-F haciéndoles creer que el anti-español proceso autonómico se iba a reconducir. Nada más lejos de la realidad. Cuando los ánimos se enfriaron un poco, el Tribunal Constitucional anuló los puntos más importantes de dicha Ley y quedó en el olvido.
En su Disposición Transitoria Cuarta, la Constitución permite que la región vasca se anexione Navarra (otra increíble cesión al separatismo, en este caso al vasco) Es cierto que se prohibe cualquier otra unión entre autonomías, pero este precedente podrá ser utilizado en un futuro por los separatistas catalanes para anexionarse la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.
Año 1996, Aznar y Rajoy firman el infame Pacto del Majestic con el separatismo catalán
A esto le añadimos el artículo 150.2 de la Constitución, por el que todas las competencias (TODAS) que, en el transcurso de una negociación, el gobierno de España quiera traspasar a las autonomías, se pueden transferir. En consecuencia, cada vez que un gobierno de España ha necesitado pactar con los separatistas, éstos han exigido todo tipo de transferencias de competencias a cambio. Especialmente grave fue el llamado Pacto del Majestic de 1996, en el que el gobierno del PP entregó todo tipo de competencias al separatismo catalán en materia educativa, cultural y económica, entregándoles incluso la educación y la cultura en la Comunidad Valenciana y las Baleares. También por orden del capo del separatismo catalán, Jordi Pujol, el presidente Aznar eliminó el servicio militar obligatorio, así el separatismo impedía que el pueblo español se levantara en armas en un futuro para defender su territorio de todo aquel (de fuera o de dentro) que se lo quisiera robar.
De nuevo en 2004 se repitió la mismo historia cuando Zapatero y el PSOE llegaron al poder, pactando de nuevo con separatistas catalanes. El mismo presidente de España impulsó una reforma del Estatuto catalán muy dañina para los intereses del resto de España. El mismo Zapatero retiró el recurso previo de inconstitucionalidad que habría podido frenar antes el proceso, el mismo Zapatero reactivó el proceso en 2006 cuando parecía que estaba muerto, el mismo Zapatero (y el mismo Congreso español) votaron a favor de dicha reforma pro-separatista y anti-española. Hasta el mismo Tribunal Constitucional (un tribunal político) iba a aprobar el proceso, pero unos pocos magistrados no controlados se negaron a votarlo en su totalidad. Aún así, gran parte de la reforma fue aprobada, junto a otras reformas estatutarias, como las de Valencia y Andalucía, en la que ambas regiones eran descritas como «nacionalidad» y «realidad nacional». En el caso andaluz, colocando como padre de la patria andaluza al masón, separatista, pro-musulmán y anti-español Blas Infante. Todo perfectamente acorde con la Constitución.
El ex presidente Zapatero saluda al líder separatista de ERC, Carod Rovira
En el año 2011, el Tribunal Constitucional legalizó al brazo político de ETA , Bildu, una alianza de la antigua Herri Batasuna con otros movimientos separatistas proetarras.
Ahora, de nuevo, el separatismo catalán pide un concierto económico para poder gestionar todo el dinero recaudado en Cataluña («recaudado» no es lo mismo que «producido» pues la economía catalana está totalmente mezclada y entrelazada con el resto de las regiones de España) La Constitución permite el concierto económico vasco y navarro y, al mismo tiempo, la misma Constitución declara que el Estado de las Autonomías no puede provocar desigualdades económicas de ningún tipo. Esta evidente incoherencia legitima a los separatistas catalanes a la hora de conseguir un concierto económico para Cataluña. Si vascos y navarros lo tienen ¿por qué no los catalanes?
Además, la misma Constitución limita muchísimo la opción de interponer un Recurso de Inconstitucionalidad contra cualquier ley aprobada en un parlamento regional o en el nacional. En la práctica, sólo la cúpula de los partidos del R-78 puede hacerlo, por lo que cualquier pacto al que éstos lleguen puede aprobar una ley, por muy inconstitucional que sea, siempre que la Constitución no obligue a realizar un referéndum popular.
En resumen, la Constitución y el R-78 han sido los mejores aliados del separatismo en estos últimos 40 años (y también de la UE, la OTAN o el BCE, pues permite todo tipo de transferencias a instituciones extranjeras y globalistas, aunque eso es otro tema). La «indisoluble unidad de España» de su artículo 2 ha quedado en papel mojado debido a los continuos ataques y ridiculizaciones que esa unidad ha sufrido durante décadas en multitud de frentes, en especial el educativo y el mediático. Los separatistas no han hecho otra cosa que aplicar de manera escrupulosa la Constitución, al menos hasta esta última crisis, por lo que es ridículo y un contrasentido que cualquier persona que se oponga al separatismo y esté a favor de una España unida defienda la Constitución. Debería hacer lo contrario.
Miguel Blasco, Director de AQUÍ LA VOZ DE EUROPA
Jordi Pujol y el Rey Emérito, Juan Carlos I
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