Sumario

• Doce principios ideológicos fundamentales
• Programa Democracia Nacional
• 58 medidas contra la inmigración masiva
• Conflicto Marruecos (resolución IV Congreso)
• Tu Nación, tus Derechos: 10 propuestas básicas

 

DOCE PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS FUNDAMENTALES

1. Contexto histórico-político: el proceso de mundialización es el fenómeno más determinante de nuestro contexto; tras el hundimiento del comunismo, la mundialización capitalista.

Las dos únicas posturas políticas reales que existen son el sí o el no a esa mundialización.

2. Nuestra posición en ese contexto: decimos “no” a la mundialización y proclamamos que la única alternativa política real a ella es la alternativa nacional, porque la nación es la única instancia que todavía tiene fuerza o puede conseguirla para dominar al capitalismo internacional.
3. Afirmamos, por tanto, el principio nacional: los seres humanos no son individuos puros, ni miembros anónimos de una humanidad abstracta, sino que, en virtud de una identidad multifactorial, se agrupan en comunidades nacionales y culturales que son el sustrato natural de la agrupación social.
4. Abogamos por la articulación armónica de los distintos niveles de identidad: la identidad regional, la identidad nacional y la identidad europea. La nación, es decir, para nosotros,

España, es la plataforma fundamental de la idea nacional porque es el instrumento único de la lucha contra la mundialización. Sólo los verdaderos estados-nación como España tienen una posibilidad en la lucha contra las fuerzas del capitalismo mundial. Pero la España que concebimos se presenta como abierta a su diversidad interna y como garante de ella frente a la homogeneización mundialista y también como abierta a la construcción de una Europa que, sobre su común identidad cultural, construya un sólo bloque geopolítico frente a U.S.A. No olvidamos nuestra misión de aumentar nuestros vínculos con Hispanoamérica para frenar allí la infiltración norteamericana.

5. Nuestra estrategia es la de presentar la nación como único garante de los derechos sociales y políticos del pueblo, amenazados por el proceso de mundialización capitalista: es la línea TU NACIÓN, TUS DERECHOS.
6. Abogamos por la unidad, soberanía e identidad de España. Para eso nos oponemos:
7. a separadores y separatistas; a centralistas e independentistas;
8. a las instancias mundialistas: O.T.A.N., B.M., F.M.I., U.E., O.M.C., etc.;
9. a la inmigración masiva.
10. Tenemos un concepto social de la economía: la economía debe estar al servicio del bien común y no de minorías privilegiadas. Por razones extraídas de la realidad empírica, y no por principio, somos partidarios de una economía de mercado dirigida hacia el bien común, a favorecer las rentas del trabajo sobre las del capital y a la defensa de los desprotegidos. Nos oponemos a la precarización del trabajo y a la eliminación del Estado del Bienestar, y por ello nos oponemos:

• al comportamiento desleal de la U:E:;
• a la competencia desleal de países extranjeros;
• a la importación masiva de mano de obra barata.

1. Al contrario que la democracia liberal, no concebimos al ser humano como un individuo puro, y rechazamos el falso igualitarismo que de esa concepción se deduce; pero atribuimos a todos los seres humanos la dignidad de seres racionales y los derechos que de ella se deducen: libertad de pensamiento y expresión, de asociación, reunión, manifestación, investigación, etc., distinguiendo cuidadosamente estas libertades del delito de incitación a delinquir, que ha de ser perseguido. De la concesión de estas libertades más la adopción del sufragio universal – no como método de producción de verdad o racionalidad, sino como simple instrumento de consenso en aras de la concordia civil- derivamos nuestro carácter democrático.
2. Pero nuestra democracia es diferente de la “democracia” actual:
3. hay democracia donde hay un “demos”, un pueblo, una nación: democracia, soberanía popular y soberanía nacional son términos equivalentes.
4. La actual “democracia” está secuestrada por el poder de las élites financieras, por la oligarquía de los partidos y por la desigualdad de oportunidades en los medios de comunicación.

Hay que modificar todo esto, construyendo nuevos modelos representativos que escapen a la dominación plutocrática y partitocrática.

10.Como patriotas incorporamos el concepto de “ecología integral”: la defensa de nuestro patrimonio natural, artístico, cultural e histórico, como una de nuestras metas irrenunciables.

11.Nuestro patriotismo no es en ningún momento incompatible con la solidaridad humana universal, basada en el derecho de las naciones a su soberanía, en el mutuo respeto y en la lucha común contra el imperialismo mundialista. Es necesario aumentar y hacer más eficaz la ayuda a los países pobres, tanto por humanidad como para evitar en origen las causas de la inmigración.

Por fin, consideramos que todo lo anterior exige la apertura de un espacio político nuevo totalmente libre de referencias a movimientos políticos del pasado reciente o a otras épocas de la lucha nacional; siendo ello una exigencia estratégica irrenunciable. Nuestra táctica es la de lucha pacífica y legal, lo que no impide la radicalidad cuando es necesaria.

 

Programa Democracia Nacional

Índice

INTRODUCCIÓN

TÍTULO 1: Identidad Nacional

TÍTULO 2: Democracia

TÍTULO 3: Economía y sociedad

TÍTULO 4: Crisis espiritual y ética comunitaria

TÍTULO 5: Ecología

TÍTULO 6: Relaciones Internacionales

TÍTULO 7: Justicia y orden público

TÍTULO 8: Familia y Demografía

TÍTULO 9: Educación

TÍTULO 10: Inmigración masiva

 

Introducción general: La mundialización y el momento histórico de la Democracia Nacional

El modelo de sociedad en el que hoy vivimos es todavía, en esencia, el surgido de las ideas del racionalismo moderno tal como lo desarrollaron los pensadores europeos del siglo XVII y de la Ilustración. Estas ideas han constituido un mundo sobre cuya viabilidad a medio plazo comienzan hoy, por primera vez, a surgir dudas ostensibles en la opinión pública de las sociedades occidentales.

Parece extenderse con cierta constancia la sospecha de que el frente de problemas que empieza a rodear a nuestro modo de vida tiene la envergadura suficiente como para abocarnos a una crisis social en la que nuestros hábitos e instituciones se verían sacudidas por contradicciones muy difíciles de resolver manteniendo intacto nuestro sistema social. No es raro, en esta situación, oír voces teñidas de desánimo e incluso de total desesperanza, no es poco frecuente la opinión de que todas las conquistas sociales de la Modernidad están abocadas a una ruina irremediable a medio plazo.

Frente a este tipo de fatalismo desalentado nosotros entendemos que la única actitud históricamente responsable es la que, desde el reconocimiento de los problemas y la dolorosa clarividencia sobre sus raíces, no está, sin embargo, dispuesta a dejarse llevar por el catastrofismo ni a consentir una regresión histórica en la racionalidad social, renunciando sin más a los logros de la Modernidad. Pues bien, es esta actitud la que presta su tonalidad general a nuestra reflexión inicial.

Es indudable que la Modernidad ha jalonado los últimos siglos de nuestra Historia con etapas decisivas en el desarrollo del espíritu humano: la voluntad de desalojar la arbitrariedad del seno de la vida social y el acceso del hombre a su plena autoconciencia como ser libre y responsable son objetivos irrenunciables que heredamos con el complejo legado de estos siglos. Pero parece imposible desconocer que, a un mismo tiempo, nuestra época ha llevado hasta el extremo la voluntad de racionalidad, hasta un extremo en el que la imagen del hombre y su sociedad empieza a entrar en contradicción con la naturaleza humana real, de modo que parece que nos hemos desviado peligrosamente de todo camino histórico efectivamente transitable. Es necesario preguntarse en qué momento tomamos el camino del callejón sin salida que hoy intentamos sortear.

Entendemos que el espíritu de la Modernidad ha insistido en concebir al ser humano como un ente solitario en el universo, aislado, desarraigado, arrancado de sus vínculos con la naturaleza, con la Historia y con el espíritu. Este esfuerzo titánico del hombre moderno por centrarse de modo absoluto sobre sí mismo, desechando todo intento de encontrar armonía en un orden natural, estaba a largo plazo destinado a entrar en contradicción con la realidad de las cosas y tenía, por eso mismo, que terminar levantando un frente de contradicciones en diversos órdenes -el espiritual, el nacional, el económico, el ecológico …- que es el que hoy amenaza la viabilidad de nuestra sociedad y exige la matización de sus fundamentos espirituales.

Modernidad e Ilustración alumbraron el proyecto de un diseño social perfectamente racional que, teniendo al individuo humano abstracto como único ladrillo, pudiese ser extendido a la totalidad del planeta, seccionando con el filo de la razón los lazos de cada pueblo con su Historia, con su entorno y con todo concepto de divinidad. En aras de la materialización de este diseño el hombre había de dejar de sentirse heredero de una tradición que pudiese cimentar una identidad colectiva, tenía que dejar a la vez de sentirse parte del sistema de la naturaleza para pasar a establecer con ella una relación de mera explotación exhaustiva; y tenía que dejar de lado la profunda intuición de que la verdad de su naturaleza lo relegaba, como destino último, a una espiritualidad trascendente. De este modo la autoconciencia racional del individuo se convirtió en un delirio de megalomanía que ha terminado por hacer imposible la constitución de una identidad colectiva sobre los vínculos y las determinaciones que dan su contenido real a la vida humana comunitaria. Desde esta ideología se desencadenó la voluntad de homogeneizar a todos los pueblos del globo destruyendo progresivamente sus identidades nacionales, la voluntad de extirpar sistemáticamente la huella de lo sagrado en la existencia de los hombres y la voluntad de entregarse al dominio técnicoeconómico del mundo como destino último del género humano. Y la definitiva consecución de tales objetivos habría de coincidir con la instauración de una paz perpetua que bien podría considerarse el fin de la Historia. El hecho es que hoy, en lugar de ese pacífico final feliz, la sensibilidad general detecta la amenaza de un futuro inquietante. A todo esto es a lo que hoy llamamos “mundialización” o “globalización”, y  constituye el hecho histórico-político crucial de nuestra época: con relación a él se definen las dos únicas posturas políticas realmente posibles.

Nadie ignora que el gran proyecto de la Modernidad, que acabamos de caracterizar en un par de trazos, se encarnó fácticamente en dos versiones distintas: el liberalismo y el comunismo. El primero era, en esencia, el intento de acceder a los objetivos de la Modernidad mediante la instauración de una concepción contractualista de la sociedad que encontraba su expresión más pura en las relaciones desnudas de mercado. El comunismo se proponía la obtención de resultados semejantes utilizando esta vez como medio la expansión mundial de un Estado totalitario. El reciente derrumbamiento de esta segunda versión del racionalismo social moderno ha dado paso a una situación que no ofrece a nuestros contemporáneos más proyecto social e histórico que la propuesta final del liberalismo: la reducción de la humanidad a un único mercado planetario. Nos enfrentamos hoy, pues, a la versión capitalista de la mundialización o globalización. Es el proyecto liderado por las grandes fuerzas económicas y políticas de nuestro tiempo y por esa gran potencia estatal que se ha erigido en juez y guardián del mundo; es también el proyecto de una intelectualidad que, crítica en tiempos pasados, presta hoy cobertura ideológica al capitalismo internacional con un discurso sospechosamente igualitarista y universalista. Pero a la vez que, por el empuje casi irresistible de esas fuerzas, vemos cada día más cerca la materialización de ese designio, asistimos también a la generación de disonancias cada vez más estruendosas que nos hacen presentir el fracaso final del intento.

Falta, en primer lugar, a esa dudosa empresa histórica la capacidad de convertirse en fundamento eficaz de la vida social comunitaria. Nuestra existencia colectiva está vacía.

Y es que una sociedad pierde el fundamento de su vida en común cuando deja de tener, como colectividad, fines propios y distintos de los fines de sus partes, cuando la comunidad misma se ha disuelto en los intereses privados de sus individuos. Por desgracia hoy, en nuestra sociedad, toda proposición de fines, valores o principios colectivos, diferentes y ocasionalmente superiores a los fines de las partes, corre el peligro de ser tachada de «integrismo» o de «totalitarismo». El dogma oficial insiste en erradicar todo vínculo social que no proceda del simple interés de los particulares expresado en la red de contratos económicos de un mercado mundial unificado. Y nadie parece darse cuenta de que este discurso, que es el dominante, viene a ser un verdadero integrismo, un fundamentalismo del dogma individualista: no es de por sí evidente que el individuo puro sea la única referencia posible en la construcción de la sociedad y que el entramado de sus contratos sea la única sustancia posible de lo social. No es de por sí evidente que tengamos que pasar, más allá de una economía de mercado, a una sociedad de mercado.

Pero todavía resulta más dudoso que ese fundamentalismo individualista sea compatible con la supervivencia de nuestra sociedad a medio plazo. Este modelo social, en cuya encarnación cada vez más pura insisten incansablemente las grandes fuerzas sociales, tiene delante problemas que no parecen triviales: ¿es capaz este modelo de reconstituir la ética social mínima que es precisa para la supervivencia de una comunidad compleja como la nuestra? ¿es capaz de satisfacer la universal aspiración de los pueblos a recuperar y conservar su identidad nacional? ¿es capaz de resolver los desórdenes económicos y sociales que se avecinan a nivel nacional e internacional? ¿es capaz de organizar una respuesta eficiente al desafío ecológico? ¿podrá sobrevivir a la crisis política que puede ser la consecuencia de todos los problemas anteriores? Con toda probabilidad la naturaleza misma de este modelo social, así como los intereses que lo sostienen, lo incapacitan para dar una solución global a esta oleada de problemas que vemos avanzar hacia nosotros desde el futuro cercano.

Por eso es absolutamente preciso que nazca la fuerza social capaz de hacerse cargo del significado de nuestros problemas y de plantear una salida global coherente a nuestra situación actual. Esta iniciativa social, que nos esforzamos en construir, tiene que hacer llegar a nuestros conciudadanos la conciencia de la necesidad de matizar los conceptos de hombre y sociedad que hoy están vigentes. Es bien posible que en el porvenir las sociedades avanzadas se vean obligadas a renunciar a esa consideración extremadamente racionalista del ser humano que lo trata como un «yo» puro carente de raíces. Es posible que, como consecuencia directa de esta renuncia, la sociedad del futuro tienda a recoger en su sustancia contenidos de dimensión supraindividual que permitan una nueva articulación de las relaciones entre el hombre y los grandes ámbitos en los que éste por naturaleza hunde sus raíces. Y es bien posible que esta nueva articulación señale el único camino posible hacia el reencuentro con esos fundamentos comunitarios mínimos que deben garantizar la persistencia de nuestra sociedad y en este momento parecen faltar.

Entendemos que todas esas raigambres que enlazan la existencia del hombre con su tradición, su cultura, su entorno natural y su aspiración espiritual son, en cuanto fundamento de la vida en común, el contenido de lo que llamamos la identidad nacional. Y a todo ello nos referimos cuando hablamos de lo nacional: su reivindicación no es ni patrioterismo ni tribalismo ni un tradicionalismo servil sino el sobrio esfuerzo por devolver a nuestro pueblo aquellos pilares de su vida comunitaria que, conformando su identidad colectiva, lo conviertan en una comunidad de sentido capaz de traducirse en un proyecto histórico viable.

La idea nacional, en la medida en que comporta la sustitución del integrismo individualista, implica devolver a la sociedad el compromiso mínimo que resulta imprescindible para asumir colectivamente los retos que la realidad misma lanza a todo grupo humano que lucha por su supervivencia. Es la ausencia de ese compromiso mínimo, es el dogma individualista, el que hoy nos impide enfrentarnos ya con serenidad a los problemas que apuntan en el horizonte: la simple suma de intereses individuales y de libres contratos no es instrumento suficiente para garantizar nuestra existencia futura como comunidad; es necesario que nos vayamos agrupando como nación para hacer frente coordinadamente a nuestros problemas, y, por eso, es necesario que sentemos las bases espirituales de un reagrupamiento nacional. Pero esta voluntad de compromiso que conlleva la idea nacional como nosotros la queremos ha de ser ante todo tolerante, de una tolerancia que corte el paso a todos los integrismos, también al individualista, para asumir y proteger las conquistas de la racionalidad moderna: este es justamente el desafío que nos proponemos.

Estas conquistas a las que nos referimos son la libertad colectiva y la libertad individual. La libertad colectiva no es más que la democracia en sentido estricto, es decir, la capacidad de un pueblo de determinar su destino. La libertad individual está constituida por las llamadas «libertades fundamentales» y por los derechos humanos. Todo junto constituye lo que cotidianamente llamamos «democracia» sin más. La democracia, como marco político-jurídico, es la forma general de nuestra sociedad. Desde la perspectiva de que la democracia es un bien que hay que defender existen hoy motivos para considerar que la libertad colectiva y la libertad individual se encuentran coartadas por las élites financieras y políticas. Además estamos inmersos en una dinámica que tiende a falsear aún más la participación del pueblo en la toma de decisiones en virtud de un doble proceso.

Por una parte, se hace cada vez más evidente que las élites económicas, políticas e intelectuales de nuestro mundo, articuladas de modo creciente a nivel supranacional y apoyadas en el dominio de los recursos financieros, los partidos políticos y los medios masivos de comunicación, están secuestrando la soberanía popular. Estas élites se cierran sobre sí mismas en un circuito inaccesible para el ciudadano, que ve disminuir día a día la efectividad de sus cauces de participación política y que se siente cada vez menos representado por sus dirigentes conforme constata que sus problemas cotidianos quedan permanentemente desatendidos. Lo característico de este proceso es que los centros de decisión se alejan paulatinamente del pueblo hacia instancias internacionales: por eso entendemos que el rescate de la soberanía popular pasa hoy necesariamente por el rescate de la soberanía nacional, de forma que hoy la reivindicación de lo nacional se presenta indisolublemente unida a la reivindicación de la democracia.

Y, en segundo lugar, la democracia española está corroída por su propio vacío interno. A aquellas naciones a las que se concede la libertad hay que concederles a la vez la oportunidad de emplearla en grandes tareas nacionales. En otro caso se obtendrá no más que una cohorte de individuos espectrales habitando una democracia fantasmal. La democracia es la forma jurídico- política de la sociedad, pero a esa forma hay que

 

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ofrecerle un contenido: nuestra democracia se nos muere de puro vacío, puesto que siendo un continente sin contenido se parece cada vez más a la cascara de un fruto vano. Este es, pues, el momento de proponer lo nacional como contenido de esa forma que es la democracia, y de esta sencilla propuesta se deriva nuestra fórmula: democracia nacional.Queremos que bajo o la forma de la libertad nuestro pueblo sea capaz de retornar a su identidad comunitaria, que sea capaz de volver a tomar como nación las riendas de su destino histórico, para asegurarse la capacidad de construir en el futuro una patria próspera. Porque esta es nuestra voluntad y porque estamos convencidos de que la crisis histórica de nuestra sociedad exige una respuesta original, decidimos comprometernos con la tarea de ofrecer al pueblo español la vía de la democracia nacional como proyecto político decididamente renovador.

Identidad Nacional

Reflexión previa

El momento histórico que estamos viviendo nos muestra una curiosa situación: por una parte la ideología dominante toma como polos de referencia de manera cada vez más exclusiva al individuo y al mundo, por otra parte las identidades nacionales hacen testarudo acto de presencia exigiendo llamativamente sus derechos en numerosas partes del mundo. Lo cierto es que las ideologías derivadas del racionalismo ilustrado no parecen capaces de tratar adecuadamente el hecho nacional: la nación parece introducirse como una cuña entre ese individuo abstracto que el racionalismo ve en el hombre y esa humanidad abstracta que es la suma abstracta de todos los individuos abstractos. Como, en su tiempo, fueron un obstáculo para el proyecto comunista de homogeneización a escala universal, hoy las identidades nacionales resultan particularmente molestas para quienes impulsan la homogeneización de la humanidad en un gran mercado mundial.

Se insiste con frecuencia en que la nación es una creación de la Revolución, pero con ello se sostiene una opinión carente de rigor: lo que la Revolución consagró es el «Estado-Nación» como unidad jurídica y administrativa, es decir, como estructura formal de ciudadanos abstractos en consciente ruptura con las determinaciones históricas, culturales etc, que dan el contenido de una identidad nacional. Una estructura administrativa unificada no es una nación. Es perfectamente lógico que cuando el desarrollo de los transportes, las comunicaciones y los medios de control administrativo lo posibiliten objetivamente, tales estructuras administrativas tiendan a renunciar en favor de estructuras más amplias como la Unión Europea, la ONU etc- que administren a un nivel todavía más abstracto la vida de ciudadanos abstractos; y es que un ser humano despojado de sus raigambres y determinaciones, esto es, un ser humano abstracto, carece por principio de patria y puede ser sometido a un mercado o a una administración mundial.

En estos momentos incluso los ciudadanos occidentales empiezan a sentirse demasiado solos con su «yo puro» y parecen comenzar a darse cuenta que el residuo abstracto de humanidad que se obtiene privando al ser humano concreto de sus determinaciones colectivas no coincide con ese principio de universalidad que la razón misma, a la vez que las grandes religiones, han postulado siempre en el hombre. Por eso ante el proyecto de destruir las identidades nacionales para sustituirlas por una humanidad abstracta de diseño racionalista, ante ese proyecto del que no se sabe si resulta más alarmante el éxito o el colapso, los pueblos tienden hoy a defender su humanidad concreta y real haciendo renacer la conciencia de su identidad nacional, como una vinculación y una constitución colectivas más profundas que las relaciones de pura administración o intercambio mercantil.

Si una nación no es una simple estructura administrativa o comercial, ¿qué es una nación?. En principio una nación es una comunidad política y cultural, consciente de su unidad, y que por la amplitud de su ámbito supera el marco del individuo pero no alcanza la extensión de la humanidad. Para que esta comunidad no sea una simple demarcación administrativa o un segmento del mercado mundial, es decir, para que sea una nación, su unidad debe descansar sobre fundamentos constituyentes de una identidad nacional. De estos fundamentos hay unos que podemos llamar «objetivos» por ser independientes de la voluntad de los miembros de la comunidad, por constituir un substrato que cada uno de ellos encuentra ya constituido cuando viene al mundo: una comunidad de lengua, de parentesco, de cultura, de religión, una unidad geográfica y climática, una historia y una tradición comunes etc. Este substrato previo ofrece la base para que los miembros de la comunidad en cuestión añadan el elemento subjetivo de la nacionalidad: la conciencia de unidad y la voluntad de enfrentar unidos un único destino histórico, esto es, de presentarse como una unidad ante los demás pueblos. Una nación es, por tanto, un conjunto de raíces compartidas y a la vez una andadura histórica proyectada hacia el futuro. A través de su pertenencia a la nación el hombre se abre, desde sus raíces particulares, a la historia universal; a través de esta pertenencia la vida humana transita continuamente desde el pasado hasta el futuro. La nación es, así, el marco vital en el que se articula la existencia histórica de los pueblos, un marco que en virtud del principio de comunidad supera el individualismo, y en virtud del principio de diferencia se aleja del universalismo abstracto. Pues bien, mientras que la ideología y las fuerzas sociales hoy dominantes tienden a la disolución de estos marcos vitales la propuesta que llamamos democracia nacional sostiene que las nacionesson las piedras angulares de la existencia política e histórica de los pueblos.

Si hemos bosquejado, aunque sólo sea de manera instrumental, qué entendemos por una nación, tenemos ahora que plantearnos, como iniciativa política concreta que representamos, integrada por seres humanos concretos, una segunda pregunta: ¿cuál es nuestra nación?.

Cada uno de nosotros, además de ser miembro del género humano y habitante del planeta Tierra, tiene una multiplicidad de identidades colectivas; así, uno puede ser gallego y en un nivel superior, español, y, aún en otro nivel, europeo. ¿Cuál de esos niveles de pertenencia colectiva corresponde a nuestra nación?. Hoy en día consideramos que el nivel propiamente nacional debe ponerse en el nivel en el que deba establecerse una unidad política. Esto es así porque hemos definido la nación sobre los rasgos de una conciencia de unidad y de una voluntad de comunidad histórica de destino y parece evidente que esa conciencia y esa voluntad se materializan adecuadamente en la unidad política que queda definida por el concepto de soberanía nacional. En consecuencia si determinamos sobre qué ámbito resulta lógico instaurar una unidad política habremos obtenido a la vez el criterio para decidir a qué ámbito de identidad colectiva debe corresponderle la categoría de «nación». La Historia demuestra que sólo es posible establecer permanentemente una comunidad de destino histórico allí donde existe una comunidad de sentido, o sea, una manera común de entender la existencia, donde se comparte una interpretación particular de cómo debe realizarse en concreto la naturaleza humana universal. No es, por tanto, adecuado reunir bajo una unidad política a comunidades que no comparten el mismo sentido general de la vida, ni parece tampoco lógico dividir en distintas unidades políticas a una colectividad bien caracterizada por una comunidad general de sentido. Consideramos que la colectividad así caracterizada a la que nosotros pertenecemos es la que está hoy contenida dentro de las fronteras del territorio nacional español. Consideramos, que nuestra nación es España y en virtud de esta consideración nos declaramos patriotas españoles.

Esta posición nos lleva a rechazar en primer lugar el separatismo. Este rechazo es inevitable desde nuestra perspectiva; en efecto ¿puede defenderse seriamente que los catalanes comparten entre sí un sentido general de la vida que no comparten con los aragoneses? ¿o que los vascos constituyen una comunidad de sentido a la que no pertenecen los asturianos o los habitantes de La Rioja?. Que existen diferencias culturales y lingüísticas entre unos y otros habitantes de España es indudable, pero que esas diferencias impliquen diferentes comunidades de sentido en lo general sería una pretensión ridícula. Los españoles por razones de comunidad histórica, geográfica, cultural, de parentesco etc, constituimos un pueblo bien caracterizado que no puede reducirse a Castilla o a lo castellano- y sobre ese substrato compartido compartimos un estilo vital propio. En razón de esta realidad no están justificadas las pretensiones de convertir esas diferencias que entre sí poseen los españoles en fundamentos de una fragmentación de la unidad política nacional. Ninguna unidad territorial dentro de España posee los fundamentos que justifiquen la pretensión de constituirse en una unidad política separada, es decir, en una nación separada de España. Consideramos, en resumen, que el significado de la diversidad que se da entre los españoles es exclusivamente lingüístico-cultural y en manera alguna política.

Ahora bien, es absolutamente necesario dejar claro que esa identidad española no ha sido forjada por el centralismo, por el jacobinismo ni coincide exclusivamente con lo castellano; todos los españoles somos hispani desde el Imperio Romano y los combatientes que en las filas carlistas lucharon el pasado siglo por la patria española combatían a la vez contra un centralismo ajeno a nuestra tradición, y en muchos casos apenas sabían expresar su ferviente españolidad más que en catalán o en euskera: eran genuinamente españoles aun antes de aprender una sola palabra del castellano. El centralismo es una deformación de la tradición nacional española que cuando se establece en España, de manos de los Borbones, termina generando como reacción el problema del separatismo, hasta ese momento esencialmente inexistente.

En segundo lugar debemos aplicar nuestro concepto de nación a la cuestión europea. Cabría argumentar que Europa sí constituye una comunidad general de sentido fraguada por la cultura clásica, la herencia cristiana, el proyecto de la Ilustración y la reciente experiencia de sus límites. Desde estas bases podría argumentarse en favor de la constitución de una nación europea única como unidad política soberana, de manera similar a como antes hemos argüido en favor de la nación española. Sin embargo, dos diferencias ponen de relieve que cuando hablamos de España y de Europa hablamos de casos diferentes. En primer lugar, las diferencias entre los distintos pueblos europeos son mucho más acusadas que las que pueden encontrarse en el interior de España: valga como botón de muestra, algo anecdótico si se quiere, que en general nadie puede distinguir a simple vista a un gallego de un valenciano, pero en general es fácil distinguir en una ojeada a un español de un extranjero. En segundo lugar, hoy estamos fácticamente enfrentados a un proyecto de construcción europea que no tiene nada que ver con un proyecto nacional europeo, sino que es un simple escalón en el proceso de construcción ideológica de una humanidad abstracta y de construcción material de un gran mercado global; el proyecto europeo que ahora mismo existe -la U.E.» es netamente antinacional. Los europeos no estamos hoy por hoy en condiciones de constituir una verdadera unidad política dotada de una potente soberanía efectiva, y sería una locura renunciar a la soberanía que todavía conservan nuestras respectivas patrias históricas en un momento en que fuerzas poderosísimas presionan a favor de la disolución de toda identidad nacional. Nuestra patria histórica, España, es, por esto, la plataforma política más adecuada para resistir a los ataques contra todos los niveles de nuestra identidad colectiva y con ello es también nuestro punto central de referencia política y nacional.

A la vez que sentamos estos principios debemos dejar clara nuestra voluntad de recuperar esa antigua tradición española que era capaz de articular sin conflicto en niveles distintos cada estrato de la pertenencia colectiva de cada español: la patria chica, la nación española y el Occidente europeo. La pérdida de esta tradición es la que dio lugar a dialécticas perversas entre términos extremos que se oponían y alimentaban recíprocamente: centralismo/ separatismo, antieuropeísmo / antiespañolismo. En cualquier caso es de justicia señalar que un proceso de integración europea sobre bases nacionales y culturales, que hoy por hoy no existe, sería siempre un proceso constructivo e integrador y no podría ponerse en simetría con el separatismo, que es un proyecto de desintegración.

Finalmente es preciso dejar claro que desde el punto de vista de la democracia nacional el motivo de la identidad nacional no puede convertirse en fundamento de ningún particularismo: la idea nacional se basa en el reconocimiento universal de que la naturaleza universal humana se expresa de diferentes maneras según los diferentes tiempos y lugares, y de que es necesario reconocer a todos los pueblos el derecho a su identidad y a su soberanía nacional.

II Propuestas programáticas

Nuestras propuestas van dirigidas a conservar y fortalecer la identidad, la unidad y la soberanía nacionales. Por ello mismo, empiezan por aislar las principales amenazas que sobre ellas pesan para plantear luego medidas destinadas a desactivarlas. Consideramos que los principales focos de peligro para nuestra identidad nacional son:

1. La dialéctica centralismo/separatismo.

Para salir de esta dinámica infernal es necesario:

• Que todas las lenguas y tradiciones culturales hispánicas sean consideradas como propias por todos los españoles y a la vez como españolas de pleno derecho. Para ello se deberán introducir en la educación de todos los españoles contenidos que los hagan capaces de conocer y amar las lenguas y creaciones culturales españolas distintas de las de la lengua materna; los planes de enseñanza deberán incluir la adquisición de conocimientos básicos de las lenguas vernáculas españolas.
• Que todos los españoles conozcan el castellano como lengua común de la nación española, y que el bilingüismo, que de por sí enriquece la cultura española, no suponga discriminación alguna para los hablantes del castellano.
• Que, como la práctica política pone de manifiesto que el título octavo de la Constitución se presta a ser interpretado en sentido separatista por algunas autoridades territoriales, su texto debe ser modificado para limitar las competencias de las comunidades autónomas al ámbito administrativo, cultural y ecológico, eliminando su contenido político y el dispendio que imponen al tesoro público, de modo que «la indisoluble unidad de la Nación española» en que se fundamenta la Constitución en el art. 2 de su Título Preliminar quede incontrovertiblemente reflejado en su letra. En este sentido propugnamos la supresión del término «nacionalidades» de éste articulo, que resulta, cuando menos, contradictorio.
• Que sea sancionada gravísimamente de inmediato cualquier actuación por parte de las autoridades territoriales que pueda interpretarse como atentatoria contra la unidad nacional.

 

• Que la emisión de moneda sea competencia exclusiva del Estado, incluso si para ello es necesario modificar el punto undécimo del artículo 149 del título octavo de la Constitución, que es ciertamente ambiguo al respecto.
• Que sean confirmadas las competencias de las autoridades territoriales para la preservación de las culturas autóctonas españolas y que el Estado facilite a estas autoridades los medios necesarios a este fin, considerándolo de interés para la salvaguardia de la identidad nacional española.
• Que se fortalezcan las competencias de unidades administrativas territoriales distintas de las actuales Comunidades Autónomas, por ejemplo, los municipios y las

2. Las cesiones de soberanía a instituciones políticas y económicas supranacionales,esencialmente Unión Europea, OTAN y OMC. Exigimos:
   • Revisión y renegociación de todos los acuerdos políticos y económicos contraídos con organizaciones supranacionales desde la autoridad que otorga la soberanía nacional, y en concreto:
   • Proponemos como alternativa al actual proyecto de la Unión Europea una Confederación Europea, que, conservando la soberanía de las naciones integrantes, tenga como fines:

– la preservación de la identidad común europea,

– la actuación de Europa como un bloque geopolítico único en el ámbito de la política internacional.

• Suspensión de todos los acuerdos de liberalización del comercio que puedan perjudicar a sectores de la producción, a ocupaciones tradicionales de la población o a actividades culturales que deban considerarse de interés para la identidad o la soberanía nacional.

3. La colonización cultural norteamericana. Para evitar quedar reducidos a una colonia cultural de los Estados Unidos y moderar una influencia extranjera, esencialmente anglosajona, que pudiera perjudicar la vitalidad de nuestra propia cultura proponemos:
   • Protección de las producciones culturales españolas y europeas frente a la competencia norteamericana.
   • Protección de las lenguas españolas en su uso, hablado o escrito, en espacios públicos.
   • Restablecimiento de la obligatoriedad de que los españoles sean inscritos en el Registro Civil con nombres propios expresados en alguna lengua española.
   • Promoción de las manifestaciones culturales populares y protección de las industrias relacionadas con la cultura, como la actividad editorial y la producción cinematográfica, sin abandonarlas a las leyes del mercado.
   • Promoción de la investigación sobre la identidad española y europea y de la difusión de sus resultados.
   • Educar a los españoles en la conciencia de su identidad colectiva regional, española y europea modificando a este efecto de la manera pertinente los planes de estudio. (Ver título noveno)
4. La inmigración masiva extraeuropea.

Los desequilibrios demográficos y económicos, los desastres ecológicos, las guerras y las oligarquías dirigentes en los países del Tercer Mundo, junto a la práctica inhibición e irresponsabilidad de los países desarrollados, han producido, producen y seguirán produciendo una presión inmigratoria sobre Europa de proporciones hasta ahora desconocidas, que sólo el correcto desarrollo de aquellos puede evitar. Mientras que los liberales no ven en estos movimientos de población más que una saludable liberalización del mercado de mano de obra, los empresarios sin escrúpulos una fuente de trabajo barato, los partidos de izquierda una futura clientela política y otros la ocasión de practicar una solidaridad mal entendida y peor aplicada, desde la perspectiva de Democracia Nacional, que tiene la seguridad de que existen los recursos suficientes para cubrir las necesidades básicas de toda la población mundial –lo que constituye una exigencia ética ineludible-, no pueden dejar de considerarse los efectos que sobre nuestra identidad nacional y cultural, así como sobre la de los emigrantes que son desarraigados –algo que no quieren apreciar los partidarios de abrir las puertas sin más-, pueden tener tales migraciones masivas.

En muchos casos existen profundas diferencias entre las costumbres de esta inmigración masiva y nuestra cultura, que son fuente de graves conflictos. Un gran numero de inmigrantes están acostumbrados a vivir en entornos sociales marcados por la represión, como los que provienen de estados confesionales, o la ausencia de normas, como sucede en muchos países donde no existen las leyes. En muchos casos las conductas habituales de estos entran en conflicto con nuestras costumbres, son consideradas inmorales e incluso delictivas o contrarias al derecho. Situación que se da también en sentido inverso.

Algunos inmigrantes emplean estas diferencias como bandera de afirmación identitaria frente a las sociedades europeas, configurando una sociedad paralela y en expansión dentro de nuestros países. Este es el caso de la progresiva islamización del Continente Europeo. Además de las rofundas diferencias culturales, en muchas interpretaciones del Islam o se distingue entre autoridad política y religiosa, de modo que la islamización de nuestro territorio puede equivaler  una creciente presencia de colectivos políticamente obedientes  intereses extranjeros, además de culturalmente ajenos y hostiles. La islamización de España y Europa, vía inmigración y natalidad, debe ser evitada; e igualmente un posible desplazamiento de la población inmigrada hacia el integrismo islámico. Respecto a esto hay que señalar que la religión musulmana, en cuanto vivencia religiosa personal, debe estar protegida por la libertad de religión.

Desde el punto de vista de que todos los pueblos poseen el derecho de conservar su identidad en el ámbito de su territorio, y considerando a la vez que este derecho debe estar contrapesado por los deberes de solidaridad que como seres humanos no podemos desconocer, proponemos la adopción de las siguientes medidas:

• Generosidad para acoger a aquellas personas que por circunstancias de carácter político, bélico o por desastres naturales se vean sometidas a situaciones de urgencia imposibles de resolver en sus países de origen. Estos refugiados deberán regresar a sus países tan pronto como dejen de existir en ellos las circunstancias que motivaron la concesión del asilo. Esta generosidad debe ir acompañada de mecanismos eficaces para evitar el fraude.
• Devolución a sus países de origen de todos los inmigrantes ilegales o que hayan delinquido tras el cumplimiento de las penas correspondientes, en los casos en los que se estime oportuno; adopción de las medidas materiales necesarias para impedir eficazmente la inmigración ilegal.
• Persecución legal de quienes empleen mano de obra extranjera en condiciones de
• Fortalecimiento del ius sanguinis como criterio de nacionalidad.
• Prohibición expresa de conceder derechos políticos en España a residentes de nacionalidad extranjera.
• Denuncia de todas aquellas conductas que basadas en cualquier interpretación religiosa atenten en suelo español o europeo, contra los derechos, la cultura, o la moral, de los ciudadanos españoles y europeos, o los derechos fundamentales de la persona tal y como los entendemos.
• Denuncia de aquellas manifestaciones publicas o privadas de apoyo a las conductas recogidas anteriormente.
• Democracia Nacional propone que España impulse un movimiento internacional, financiado principalmente por las naciones con un mayor PIB, para fomentar el desarrollo efectivo de los países del Tercer Mundo, evitando así que sus habitantes se vean forzados a abandonarlos.
• Colaboración con los países en los que se originan las corrientes migratorias tanto con vistas, a facilitar la repatriación como a evitar las causas de la emigración. Con este objetivo apoyamos el incremento de la ayuda económica y tecnológica. El control sobre estos fondos será exhaustivo y su gestión totalmente transparente para evitar el enriquecimiento ilegítimo tanto en los países origen de esta ayuda como en los de destino.

Estas grandes líneas quedan recogidas y ampliadas en el título décimo de este programa.

5. La reivindicación marroquí de Ceuta y Melilla. Proponemos:

• Reafirmar la españolidad de estas plazas y hacer frente a nivel diplomático a la incesante reivindicación y al incesante acoso marroquí sobre las mismas. Realizar en estas plazas inversiones especiales que impulsen su desarrollo, atraigan a ellas población española y retengan la que ya reside allí.

La Democracia

I. Reflexión previa

La democracia se define con frecuencia recurriendo a la etimología del término que la designa. Esta definición, como otras que vienen a decir más o menos lo mismo, no es incorrecta pero tal vez por su extremo formalismo no recoge suficientemente el núcleo de lo que modernamente entendemos por democracia. Sin duda la democracia es una institución política, pero con toda seguridad por debajo de los mecanismos de poder que la caracterizan existe una trabazón ideológica, una racionalidad, que la sustenta. Lo más útil para comprender lo que verdaderamente hay detrás de palabras como «democracia», «libertades», «derechos humanos», «Estado de derecho», «soberanía popular» etc, palabras que integran una constelación de términos relacionados, es ir directamente al rescate de ese núcleo de racionalidad que les sirve de infraestructura lógica.

La percepción que hoy los ciudadanos de los países occidentales tenemos de lo que la democracia es depende estrechamente de las determinaciones que la racionalidad occidental recibió de los pensadores del Barroco y la Ilustración; es decir, nuestro concepto de democracia deriva directamente del pensamiento característico de la modernidad. Los conceptos designados por esa familia de términos a los que hemos hecho referencia en el párrafo anterior descansan sobre un principio que puede considerarse como la esencia de la racionalidad moderna, a saber, la autonomía de la razón en cada individuo. La autonomía de la razón y la autonomía de la voluntad racional constituyen el principal logro que la Ilustración añadió a nuestra herencia ideológica: es el «atrévete a saber» de la divisa ilustrada. Se realiza en ese principio la culminación de un largo proceso en el que a través de la historia de Occidente la razón ha pugnado por establecer a la vez su libertad y la dignidad del hombre como ser racional. Que en esta autonomía racional que reconocemos en cada uno de nuestros semejantes, en la medida en que son seres dotados de razón, está el fundamento de las libertades individuales y de la soberanía popular es evidente: el principio de autonomía de la razón en cada individuo está en la base de libertades fundamentales como la de pensamiento, expresión, asociación etc, y es la consideración de la comunidad de nuestros compatriotas como una comunidad de seres racionales, de hombres libres, la que nos lleva a reivindicar para nuestro pueblo la libertad colectiva que hemos llamado «democracia» en sentido estricto. Tal como decíamos en la Introducción, la libertad individual y la libertad colectiva constituyen la democracia entendida en sentido amplio como la forma general de nuestro ordenamiento político. Precisamente porque esta democracia es la forma política de nuestra sociedad es denominada a veces «democracia formal». Con todo, se habla también de «democracia formal» en otro sentido, concretamente para referirse a la democracia como figura jurídica, a la democracia como simple ordenamiento jurídico.

Puesto que la autonomía del ser humano como individuo racional y como miembro de una comunidad de semejantes resulta ser un principio éticamente imprescindible, la democracia formal ha de ser estimada como un logro histórico digno de preservarse. En este punto nadie puede razonablemente dar marcha atrás al proceso de la Historia: la consagración de la libertad individual y de la libertad colectiva en el ordenamiento jurídico es un bien comunitario irrenunciable.

Hasta aquí las evidentes conquistas de la modernidad, tales cuales se reflejan en la ideología hoy vigente. Y, sin embargo, en este preciso momento histórico es imposible no ser crítico con la interpretación que de la racionalidad moderna ha hecho la ideología dominante, es imposible dejar de señalar sus límites sin pecar contra la honestidad política que nuestro tiempo nos exige. Es un principio general que toda forma necesita una materia y que toda disposición jurídica necesita ir acompañada de las condiciones reales que hagan efectiva la encarnación social de lo por ella prescrito. Si nuestra democracia fuese una forma sin materia o un precepto legal sin materialización social pasaría de ser una democracia formal a ser una democracia meramente formal, esto es, una democracia sin realidad, una falsa democracia. Y es precisamente el caso que nuestra democracia se revela como una falsa democracia por la doble causa de ser una mera forma sin materia y un cascarón jurídico sin sustancia real. Atendamos a estos dos motivos.

El sentido común sugiere que cuando a un ser humano le es concedida la autonomía de su razón le es concedido el libre uso de esa facultad para que colabore en la determinación de cuál es la forma en que la comunidad humana debe relacionarse con la naturaleza, con la Historia y con el espíritu. La autonomía de la razón no tiene sentido más que si sirve para que en la reflexión y en la comunicación racional se vayan obteniendo juicios que permitan edificar la sociedad de un modo cada vez más perfecto y ordenar la vida humana en creciente armonía con aquellos grandes ámbitos con los que ella está inevitablemente llamada a relación. La autonomía racional del individuo es el instrumento para aproximarse a una sociedad más correctamente comprometida con la realidad que la rodea. Cuando la autonomía de la razón individual renuncia a ese compromiso, cuando se tiene a sí misma como fin supremo, cuando pretende cerrarse sobre sí misma, entonces evidencia que se ha dado un paso suplementario y en una dirección inadecuada: evidencia que el yo individual ha pasado a primer plano, que la razón ha abdicado en el yo individual y que este yo es la única certeza socialmente operativa. En ese mismo instante la sociedad humana rompe sus compromisos con la realidad, se convierte en un buque fantasma cuyo mecanismo de gobierno deja de ser el instrumento que el hombre de carne y hueso utiliza para construir una vida mejor, y viene a ser no más que una democracia espectral habitada por ciudadanos abstractos. En ese preciso momento la democracia, convertida en meramente formal, pierde la capacidad para afrontar los problemas sociales emergentes, y las elegantes fórmulas ideológicas infinitamente repetidas se muestran inútiles ante los problemas ecológicos, económicos, demográficos, nacionales, espirituales, problemas que sólo afectan a hombres reales y sólo pueden ser resueltos por hombres reales. El formalismo de la interpretación liberal de la democracia pone a nuestra sociedad al borde de un abismo y este es el momento de plantear la necesidad de una democracia comprometida con la realidad de la comunidad que la sustenta, la necesidad de una democracia nacional.

El segundo grupo de circunstancias que afectan a nuestra democracia son las que la reducen a un ordenamiento jurídico oficialmente vigente pero socialmente inoperante. Son las circunstancias que están provocando que a la nación le esté siendo arrebatada su soberanía, que esta soberanía esté siendo secuestrada por élites económicas, políticas e intelectuales que operan en última instancia a niveles supranacionales. Son las élites económicas las que dominan los recursos financieros que a su vez permiten el funcionamiento de todo lo demás; son las élites políticas las que manejan la estructura de los partidos políticos y desde ahí los resortes de la administración pública; son las élites intelectuales las que diseñan el discurso que los medios de comunicación de masas llevan a la mente de todos los ciudadanos.

En una democracia de verdad nadie debe obtener poder político en virtud de su dinero; en una verdadera democracia los gobernantes representan al pueblo y defienden sus intereses a la vez que los medios de comunicación distribuyen información veraz e imparcial. Nadie cree de verdad que esto suceda así hoy en nuestra sociedad ni siquiera en el mínimo grado que permitiría afirmar que disfrutamos de una verdadera democracia. Estas élites articulan a nivel internacional un circuito de poder que está alimentado en última instancia por el poder del dinero y del que los ciudadanos están infinitamente alejados. Todo el mundo sabe cómo funciona el mecanismo: las élites económicas financian a los partidos políticos y a los medios de comunicación privados de modo que resulta prácticamente imposible que un mensaje político independiente de los grandes intereses económicos llegue con posibilidades de éxito a unas elecciones o tenga acceso a los medios de comunicación; por su parte las élites políticas, atrincheradas en la estructura oligárquica de los partidos, se desentienden de su compromiso en última instancia con sus votantes y dejan de representar al pueblo para representarse a sí mismas y a sus financiadores; finalmente los medios de comunicación que moldean la opinión pública están en manos del capital privado o, si son públicos, dependen de las élites políticas. La restauración de una democracia de verdad pasa inevitablemente por la destrucción de este circuito de poder hoy firmemente establecido en nuestro sistema social.

No estaría de más recordar que esta segunda amenaza que pesa sobre nuestra democracia, a saber, el secuestro de la soberanía popular por determinadas oligarquías, está vinculada con la interpretación formalista de la democracia propia del liberalismo y que hemos denunciado en primer lugar. En efecto, cuando la razón abdica en el yo individual es inevitable que los intereses individuales, oligárquicamente organizados, desplacen a los intereses comunitarios y a los valores ideales en la determinación de la vida social. El modelo de la democracia nacional propone en esencia una aceptación crítica de la racionalidad política moderna, prescribiendo reformas al modelo político vigente con la intención de vitalizar la democracia dándole un contenido nacional, de modo que se convierta en un instrumento eficaz para superar nuestras actuales dificultades. En ese sentido deben interpretarse las propuestas que siguen.

1. Propuestas programáticas.

• Consideramos necesaria la vinculación de la democracia formal a su contenido real, es decir, a la comunidad nacional que la sostiene, a sus características y a sus circunstancias reales: el «demos» de la democracia española no es ninguna comunidad abstracta sino el pueblo español. La soberanía popular es ininteligible sin la soberanía nacional.
• La libertad individual no podrá jamás entenderse como el derecho a un individualismo que atente contra los intereses comunitarios o justifique la arbitrariedad o la sinrazón. La justa igualdad, que bajo el nombre de «equidad» es un principio de justicia universalmente reconocido, no puede convertirse en un igualitarismo ciego que desconozca las diferencias reales y pertinentes que puedan darse entre las personas y las
• Puesto que no existe soberanía popular sin soberanía nacional deberán denunciarse como atentatorios contra ésta cuantos acuerdos internacionales hayan podido ser contraídos que vulneren nuestra soberanía nacional.
• Es necesario romper la estructura oligárquica de nuestro sistema político y el predominio de los grandes intereses económicos. Para ello proponemos:

-Perseguir eficazmente la financiación ilegal de los partidos políticos y limitar drásticamente los gastos de las campañas electorales.

• Fiscalizar la contabilidad de los partidos políticos.
• Eliminar la disciplina de voto en todas las instituciones representativas e independizar el poder judicial del poder de los partidos políticos, como medidas destinadas a realizar una efectiva división de los poderes públicos.
• Es igualmente necesario hacer más limpios los procesos electorales instaurando una verdadera igualdad de oportunidades para todas las candidaturas, para lo que proponemos:

• Igual acceso de todas las candidaturas a los medios de comunicación, estatales o públicos en general, en periodos de campaña electoral.
• Sistema de listas abiertas.
• Sistemas de representación estrictamente
• Apertura de cauces de participación política próximos al ciudadano, distintos de los partidos políticos y que otorguen nuevo protagonismo a la sociedad civil.
• Resulta también preciso democratizar el funcionamiento general de los medios de comunicación, y para ello proponemos la promulgación de legislación que límite la concentración de empresas de medios de comunicación privados y obligue a una mayor transparencia en el funcionamiento de los públicos.
• Proponemos finalmente modificar la legislación vigente para dar mayores facilidades a la celebración de plebiscitos por iniciativa popular.

Economía y Sociedad

I. Reflexión previa

Una de las herencias que la época moderna nos ha legado es sin duda un desarrollo económico sin precedentes históricos, consecuencia de un gran progreso en el saber técnico y organizativo. Siendo la economía y la técnica instrumentos al servicio de la vida humana no puede decirse, sin embargo, que este desarrollo técnico-económico haya sido filosófica y socialmente neutro en la modernidad. El progreso material ha ido de la mano de una determinada concepción de las relaciones entre el ser humano y el resto de la realidad, concepción determinada por la ideología moderna. En la medida en que el yo humano se ha puesto a sí mismo como un absoluto con categoría de supremo resulta evidente que las únicas relaciones que puede mantener con el resto del ser son relaciones de dominación dirigidas a ponerlo a su servicio. Esta situación provoca que hoy la dimensión económica tenga un papel preponderante en la vida humana como en otras épocas la tuvo, por ejemplo, la dimensión religiosa. Nuestra época ha sido ella misma crítica con las consecuencias de este estado de cosas: en nuestro siglo se han percibido tempranamente al menos tres tipos de dificultades debidas a esta preponderancia de lo económico. En primer lugar se ha insistido en el peligro de reduccionismo que el economicismo entrañaba para la vida personal y para la vida social humana, en las que podía relegar y casi aniquilar las dimensiones espirituales, ideológicas y políticas. En segundo lugar, más recientemente se ha planteado la cuestión del deterioro ecológico que parece haber acompañado hasta ahora a todo el proceso de desarrollo económico. Finalmente ha emergido el problema de la destrucción de las identidades nacionales y culturales como consecuencia de la expansión universal de los modos económicos modernos.

Es indudable que la ideología moderna ha dado una enorme importancia a lo económico en la determinación del orden social. Y parece también indudable que sus motivos centrales han conducido a un reduccionismo economicista, a una desatención al entorno natural y a una desconsideración de las raíces culturales y nacionales de los pueblos. Estos efectos perversos de la ideología moderna proceden obviamente de esa abdicación de la razón en un yo individual puro que ha colocado como valor supremo del orden social a una caricatura racionalista del ser humano. Desde esa perspectiva ideológica, y contando con la organización de la economía como instrumento principal, la modernidad se ha constituido históricamente como el proyecto de emancipar y homogeneizar al ser humano asentándolo como dominador absoluto de este planeta a través del poder de la técnica y la organización económica. El hombre quedaría emancipado una vez que, liberado de la divinidad, de la tradición y de los vínculos comunitarios, superase a la vez las determinaciones que la naturaleza ejerce sobre él, imponiéndose a ella en la estructura técnico-económica. Puesto que esta emancipación habría de ir acompañada de la eliminación de las determinaciones diferenciales que la naturaleza, la Historia y la cultura imprimen a los seres humanos, esta emancipación coincidiría con la homogeneización mundial de la humanidad, es decir, con la producción de una humanidad abstracta.

El hecho es que la reflexión crítica sobre la ideología moderna, motivada por las características de nuestra actual experiencia histórica, nos lleva hoy a pensar que el reduccionismo economicista puede no ser humanamente deseable, que la explotación exhaustiva de la naturaleza puede no ser materialmente viable, y que la homogeneización a nivel planetario puede desembocar en un desastre social y cultural. Esta crítica nuestra, dirigida a imponer de nuevo límites a las pretensiones de la racionalidad moderna, nos obliga a resituar el papel de la economía en el contexto de la totalidad de lo social y en el ámbito general de la vida humana. Si el proyecto de la modernidad se materializó en dos grandes programas economicistas uno de los cuales -el comunismo- ha desaparecido, y de los que el segundo -el capitalismo mundial empieza a manifestar limitaciones evidentes, es el momento de ir elaborando una nueva filosofía social de la economía. Esta nueva concepción social de la economía tendrá que distanciarse de lo que era patrimonio común de comunismo y liberalismo -o sea, del economicismo- y a la vez de lo que es especifico del economicismo liberal: del intento de reducir toda la vida comunitaria a puras relaciones contractuales de mercado expandiéndose planetariamente.

Desde una posición crítica de la concepción racionalista del hombre que reconozca que el ser humano no es ningún yo puro ni un ser infinito y supremo, es fácil admitir la necesidad de que el nivel económico de lo social esté sometido a otros niveles sociales jerárquicamente superiores. Así, al reconocer que el individuo no es un ente aislado sino que vive en comunidad y que existen fines comunitarios eventualmente superiores a los fines de las partes en los contratos privados, se reconoce necesariamente que el nivel de lo político, en el que se gestionan los asuntos que afectan a la comunidad como a un todo, es jerárquicamente superior al de lo económico y que éste, por consiguiente, debe estar bajo el control de aquel en última instancia. De igual modo, una vez que el ser humano, admitiendo la realidad de su finitud, reconoce sentir la llamada hacia una racionalidad trascendente a su yo individual, se predispone a aceptar que también el nivel de lo espiritual ha de primar socialmente sobre el nivel de lo económico. Esta jerarquización de los niveles de lo espiritual, de lo político y de lo económico puede considerarse el marco general de una consideración alternativa de la economía; esta jerarquización ofrece un sitio a cada dimensión de la realidad social y evita así cualquier reduccionismo. La economía queda a partir de aquí contextualizada en la totalidad de la vida humana y, abandonando su prepotencia, ha de mostrarse respetuosa con las condiciones generales del vivir del hombre: debe adaptarse a las necesidades humanas en lugar de crearlas ella misma, debe aprender a convivir con el entorno natural en lugar de expoliarlo sistemáticamente.

II. Aspectos generales de la política económica

1. Marco general.

Desde una concepción no reduccionista de la sociedad es evidente que el nivel económico ha de tener su campo propio y en él autonomía para funcionar según sus leyes. Esto significa que no se deben eliminar los mercados sino que hay que dejarlos funcionar dentro del marco que la dirección política nacional establezca. El mercado no debe ser concebido, como en el liberalismo, como el resultado de un dogma inatacable, sino como un instrumento al servicio de la economía nacional, y en cuanto tal podrá estar sometido a una intervención discrecional desde el poder político. Precisamente la dirección política de la economía se ejerce desde el Estado y éste tiene en la economía moderna dos funciones esenciales:

• La regulación de la masa monetaria y los tipos de interés, que compete a la política monetaria.
• La recaudación de los impuestos y el gasto público, que compete a la política fiscal.

1. La política monetaria.

El dinero es la energía de una economía de mercado, es la enzima que cataliza toda la actividad. Si el dinero es demasiado escaso, el tipo de interés será demasiado alto y la inversión y el consumo serán insuficientes; la consecuencia será el paro y la disminución de la producción nacional. El interés nacional exige, por tanto, que los tipos de interés bajen hasta el nivel que permita alcanzar el pleno empleo: esto es lo que el interés político exige a la economía y para que esta exigencia sea satisfecha es necesario que la emisión de moneda, función del banco central, esté controlada por la autoridad política. Sin embargo, en la mayoría de los países occidentales observamos que lo que sucede es todo lo contrario: existen altos tipos de interés que retienen la inversión y provocan paro. Es importante tener claro que esto es debido a que las élites financieras están interesadas en que existan elevados tipos de interés para que su dinero sea bien remunerado; en virtud del dominio que ejercen sobre las élites políticas imponen políticas monetarias restrictivas o de ajuste, que benefician las rentas del capital pero perjudican a trabajadores, empresarios y a la producción nacional. Estos intereses se camuflan tras el discurso económico neoliberal (monetarista) que desaconseja la utilización de la política monetaria para alcanzar el pleno empleo y exagera la importancia y el peligro de la inflación. El discurso neoliberal, para impedir que la política monetaria quede bajo dirección política, pretende que los bancos emisores sean independientes del gobierno como sucede en USA, en Alemania, y en la Unión Europea.

Frente al discurso liberal que obedece al dogma individualista de la no intervención del mercado y favorece objetivamente los intereses de las élites financieras, nuestro discurso exigirá que la política monetaria se someta a las directrices políticas generales y, a través de ellas, al interés común de la nación.

3. La política fiscal

Así como las élites financieras procuran obtener el máximo beneficio de la política monetaria, las élites políticas del Sistema utilizan los recursos del Estado para enriquecerse y recompensar a sus clientelas políticas. El resultado es un gasto público desmesurado que se ve acrecentado por las necesidades de asistencia social que supone un elevado índice de desempleo. Es necesario acabar con el enriquecimiento de la burocracia de los partidos a costa del dinero público y es necesario acabar con una política económica que prefiere pagar desempleo antes que crear puestos de trabajo. Es necesario hacer disminuir el gasto público acabando con la corrupción y reactivando la economía. La reactivación de la economía hará crecer los ingresos públicos y disminuir los gastos asistenciales con lo que se hará menor, a la vez, el déficit del Estado. Esto permitirá más tarde aminorar la presión impositiva.

Por otra parte el gasto del Estado debe someterse a una selección cualitativa: la inversión pública y el gasto en infraestructuras son más importantes que el gasto improductivo.

4. Conclusión.

La adecuada sumisión de la economía a la dirección política a través de la política económica asegurará que el instrumento del mercado y la finanza pública respondan a los intereses nacionales, esencialmente a la meta económica prioritaria: EL PLENO EMPLEO. Esto implica romper las dos formas modernas de explotación del cuerpo social señaladas por el profesor Funes Robert: la explotación que las élites financieras ejercen a través de los tipos de interés y la explotación que las élites políticas ejercen a través de los impuestos.

Para la realización de una política monetaria adecuada es necesario contar con un apoyo social suficiente: en el futuro será necesario llegar con las fuerzas sociales a un pacto de solidaridad nacional para impulsar el crecimiento de la economía y la creación de empleo. El Estado debe impulsar ese pacto proponiendo a los sindicatos de empresarios y trabajadores una política económica de crecimiento, que beneficia tanto a unos como a otros. En la medida en que los sindicatos han renunciado a la lucha de clases y a la sustitución del mercado por una economía estatalizada será tanto más fácil alcanzar un acuerdo.

El sentido último de la política económica es alcanzar la meta moral de que todo ciudadano tenga en su puesto de trabajo una misión social que desarrollar.

III. Empresa y relaciones laborales

Jurídicamente la empresa está concebida hoy según el dogma contractualista liberal: individuos puros contratan entre sí aportando unos el capital y otros el trabajo y dando lugar a una relación en la que no existen más que los intereses de las partes. También a este concepto responde el antiguo planteamiento sindical de la lucha de clases. Pero la realidad de la empresa es otra: la empresa es un todo organizado con fines propios y superior a la suma de las partes. La concepción individualista de la empresa obstaculiza su buen funcionamiento: impide la colaboración efectiva entre todos sus componentes y dificulta el flujo de información. La estructura de la empresa debe evolucionar hacia una integración sistémica de los factores: dirección, técnica, trabajo y capital. Los comités sindicales de empresa deben evolucionar hacia órganos de cogestión -los llamados «círculos de calidad», por ejemplo- y hay que ensayar nuevas formas de retribución del trabajo, yendo más allá del salario a una participación en los beneficios, como proponen un buen número de economistas modernos, entre ellos el alemán Herbert Giersch o el español Jesús Lizcano. Esta integración de factores es lo que hará ágil, flexible y funcional a la empresa.

Con estas medidas se introduce en el seno de la empresa una nueva filosofía económica que va más allá de los dogmas de la concepción liberal, y que permite ofrecer un modelo alternativo de agilidad y flexibilidad empresarial no basado en los despidos masivos.

IV. Relaciones económicas internacionales

El proyecto del capitalismo actual que conlleva el reducir a la humanidad a un solo mercado mundial, entiende que las relaciones económicas internacionales deben consistir en una liberación total de los mercados mundiales. Esto conduciría a una división internacional del trabajo a través de la especialización de cada país en aquel tipo de producción para el que tiene ventajas comparativas. A favor de este proyecto se argumenta que esta situación traería beneficios para todos. Esto es verdad en cierta medida pero, desde una óptica no liberal, cabe poner cinco tipos de reparos al proceso de división internacional del trabajo y a la liberalización de los mercados mundiales:

• Las diferencias de valor añadido entre unas actividades y otras pueden condenar a determinados países a una situación de pobreza relativa; estos países pueden estar legítimamente interesados en proteger algunos sectores de su economía hasta que sean capaces de competir en los mercados internacionales.
• Las consideraciones económicas no son las únicas que deben pesar sobre la economía: las naciones pueden estar interesadas en preservar determinados sectores considerados de importancia estratégica.
• Tampoco resulta evidente que sea deseable el proceso de homogeneización de las condiciones de vida que implica la liberalización total de los mercados: para competir con los productos del Sureste asiático los europeos tendrían que trabajar y vivir como los japoneses o tailandeses, lo que muy bien puede ser contradictorio con su carácter nacional y cultural.
• La liberalización de los mercados y la consiguiente reconversión de la actividad puede dar lugar a procesos humanamente traumáticos y socialmente no deseables: la agricultura europea y japonesa se verían tan amenazadas por una liberalización total de sus mercados que la clase campesina tendría prácticamente que desaparecer, lo que no es socialmente deseable.
• Finalmente a la liberalización excesiva de los mercados pueden seguir procesos masivos de especulación desestabilizadora: es lo que ha sucedido en los mercados de divisas con las llamadas «tormentas monetarias».

En general hay que tender a incrementar el intercambio y la cooperación económica internacionales, pero sin dejarse llevar por el dogma liberal o el interés de las élites económicas internacionales; también aquí la economía ha de estar sometida a la dirección política nacional.

La consideración de la realidad cultural y nacional humana aconseja hacer los procesos de expansión de las áreas económicas concordes con las grandes divisiones étnicas y culturales de la humanidad: así la creación de un mercado común europeo es una tendencia natural, del mismo modo que otras zonas del planeta pueden tender en el futuro a la creación de áreas económicas sobre criterios étnicos: los países árabes, el sureste asiático, etc. Esta teoría, llamada de las áreas o zonas autocentradas, es el término medio razonable entre el nacionalismo estrecho y el mundialismo liberal.

V. La situación de la economía española

España pasó, a lo largo del período histórico de la modernidad, de una situación de riqueza, debida a la posesión de un vasto imperio rico en metales preciosos, a una situación de atrason económico y tecnológico. Este atraso fue consecuencia de la decadencia política y de la pérdida de las colonias, pero tuvo también sus causas en la inestabilidad política de gran parte de nuestra historia contemporánea. En general las épocas de estabilidad política fueron a la vez épocas de progreso económico, mientras que la inestabilidad fue acompañada de estancamiento o retroceso.

No cabe duda de que España ha disfrutado de tres épocas recientes de estabilidad política: el periodo que va desde 1939 a 1975, y los años del gobierno del P.S.O.E. y del P.P. A pesar de que nuestra economía se ha modernizado notablemente en estos periodos de estabilidad social, lo cierto es que la política económica del P.S.O.E. y del P.P. ha terminado por ponerla en una situación verdaderamente difícil con relación a los retos que se le plantearan en el futuro inmediato. Parece necesario realizar un breve análisis de las características de esta política.

Para los años del P:S.O.E. podríamos utilizar el titulo aparentemente contradictorio de monetarismo socialdenwcrata para describir la política económica realizada. El P.S.O.E. ha practicado, en efecto, simultáneamente una política monetaria restrictiva y una política fiscal de dispendio en subsidios y de aumento de impuestos. Es una realidad que la economía de mercado, aun siendo hoy por hoy con mucho la más eficiente, no es, con todo, espontáneamente perfecta. Las economías de mercado se encuentran hoy con dos tensiones sociales fundamentales: una de ellas procede de la presión de los más desfavorecidos, que no aceptan la «distribución inicial» de la riqueza, a favor de medidas redistributivas; otra procede de la contradicción entre los intereses de quienes viven de las rentas del capital y quieren un dinero caro, y los intereses de la producción nacional y el empleo que exigen tipos de interés bajos. La estrategia político-electoral del P.S.O.E. para controlar estas tensiones ha sido la siguiente: por una parte se ha practicado una política monetaria restrictiva que ha favorecido las rentas del capital y ha contentado a los intereses económicos más poderosos; por otra parte se ha utilizado el dinero público para subsidiar a las víctimas de la política anterior -esencialmente a los parados- creando así una clientela electoral subsidiada. Los rendimientos electorales de esta estrategia para el P.S.O.E. pueden estimarse como magníficos, pero sus efectos sobre nuestra economía pueden considerarse desastrosos.

En efecto, por una parte los altos tipos de interés han estrangulado la inversión, en un momento en que era preciso renovar e incrementar el aparato productivo para la inminente competencia con el exterior, y han paralizado la creación de empleo. Por otra parte los altos impuestos han desanimado la actividad económica y el consumo sin que ello impidiera que gastos aún mayores abrieran como una sima la cuantía de nuestro déficit y de nuestra deuda pública. Con las recientes reformas laborales y con los recortes presupuestarios, el gobierno intenta hoy reparar este último efecto sin haber resuelto antes los anteriores, esencialmente el desempleo. El resultado global es una bajísima tasa de actividad, un grave deterioro de nuestro tejido industrial y un erario público con poca capacidad de maniobra, y en conjunto una situación pésima para la competencia con las economías exteriores.

Para remediar esta situación nuestra propuesta apunta hacia una política económica simétricamente inversa a la practicada por el P. S. O.E. Apostamos por una redistribución a favor de las rentas del trabajo -y no de las rentas del ocio- mediante un descenso de los tipos de interés y una intensiva creación de empleo y no mediante la espiral de «impuestos- y-subsidios». Apostamos por un saneamiento de las cuentas públicas como resultado del incremento de la actividad económica general, es decir, mediante el aumento de la recaudación provocado por el aumento de actividad —y que puede ir acompañado de una reducción de los tipos impositivos— y mediante la disminución del gasto, resultante de la disminución del desempleo.

Desde la llegada al gobierno del PP nos enfrentamos a una política económica dictada por las condiciones de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Estas condiciones han neutralizado la capacidad de España de realizar una política económica ajustada a sus necesidades:

1. La política monetaria ha sido secuestrada y entregada al Banco Central Europeo, que tiene como mandato legal prioritario la estabilidad de los precios, y no la estimulación del crecimiento de la economía y el empleo; y que en consecuencia mantiene tipos de interés mucho más altos que los que nuestra economía necesita.
2. La política fiscal ha sido neutralizada por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que tiende a imponer el dogma neoliberal del déficit cero.
3. La política cambiaria ha quedado anulada desde el 99 por el cambio fijo con las divisas de la UEM. Esto ha impedido la tradicional depreciación de la peseta, mediante la cual compensábamos nuestro diferencial de inflación para mantener nuestra competitividad y nuestras exportaciones. El efecto más inmediato de nuestra incorporación al Euro ha sido un déficit histórico en nuestra balanza exterior en el año 2000, que a su vez ha deprimido la demanda y ha lanzado a España a la desaceleración económica tan visible ya en el 2001.

VI. Programa de medidas urgentes para la economía española

• Recuperar la soberanía sobre nuestra política económica para establecer tipos de interés nominales nulos, utilizar el déficit público para llevar la economía al pleno empleo, y usar la política cambiaria para recobrar competitividad y exportaciones. Hasta que esto sea posible, el Banco de España, como miembro del Sistema Europeo de Bancos Centrales, deberá presionar al BCE para que oriente su política hacia la bajada de los tipos de interés.
• Utilizar parte de las reservas en pesetas que el Banco de España acumuló durante las tormentas monetarias del verano de 1993 para descargar la contabilidad pública y aligerar la cancelación de las deudas que la Administración tiene contraídas con particulares.
• Disminuir la altura de los tipos impositivos y reducir su diversidad a dos escalas: 15% y 27%; deflactar anualmente los tipos según la variación del I.P.C. Asimismo reducir el impuesto de sociedades al 25% como una herramienta eficaz en la creación de empleo.
• Suspender las reformas laborales para evitar que los despidos masivos y la precariedad en el empleo hagan caer el consumo y perjudiquen a las mismas empresas que supuestamente han de beneficiar; sustituir esta reforma por medidas imaginativas que hagan ágil y funcional la estructura de la empresa pero que estén basadas en la solidaridad y la buena coordinación de los factores productivos.
• Proteger eficazmente nuestra economía, a nuestros trabajadores, ganaderos, agricultores y pescadores frente a los desmanes de las multinacionales, la exigencias desorbitadas de la OMC y la U.E., la competencia desleal exterior y la importación de mano de obra barata (ver para esto título décimo).
• Incorporarnos al proceso de adopción de nuevas tecnologías y de aumento de la productividad, mediante las adecuadas políticas educativas, de investigación y de apoyo financiero a las empresas. Defendemos aquellos programas de colaboración tecnológica entre los países europeos que garanticen la independencia –económica, tecnológica, y estratégica- de Europa con respecto a los E.E.U.U.; proyectos del tipo Arianne o

Crisis espiritual y ética comunitaria 4

I. Reflexión inicial

Una de las evidencias de las que tiene que hacerse cargo una aceptación crítica de la racionalidad moderna es la profunda crisis ética y espiritual en la que nuestra sociedad va sumergiéndose de manera aparentemente irreversible. No es difícil estar de acuerdo en que sin la resolución de esta situación resultara muy improbable la resolución del resto de nuestros problemas sociales y políticos: es por lo que esta crisis se convierte en un asunto de interés político prioritario.

La crisis de que hablamos puede describirse por sus efectos en dos niveles: en el nivel personal y en el nivel social. Existe en un número creciente de ciudadanos una crisis personal de ausencia de sentido, que se manifiesta en el creciente número de depresiones y otros trastornos psíquicos, en la inestabilidad de la vida personal y familiar, en las conductas asociales, en el alcoholismo, la drogadicción y finalmente en la búsqueda de sucedáneos espirituales en las sectas, la superstición, y, en otras latitudes, en el resurgir del fanatismo religioso. Existe, por otra parte, una crisis de la moral social, que se hace patente en los índices de criminalidad y en la práctica sistemática del delito de guante blanco por quienes se presentan como los líderes de la comunidad. Y esta situación no es sólo espiritualmente, sino también funcional y materialmente desastrosa.

Topamos aquí, probablemente, con uno de los límites de nuestro modelo de sociedad, estamos no ante un fenómeno accidental o coyuntural, sino ante una consecuencia estructural de los errores de la ideología moderna. Para mostrar esto parece adecuado buscar sumariamente el origen de este estado de cosas en las fallas de la racionalidad vigente. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

En lo que a lo moral y a lo espiritual concierne la gran aportación de la Ilustración fue, como hemos mencionado anteriormente, la consagración social del principio de la autonomía de la voluntad racional, o si se prefiere, de la libertad individual de conciencia. Creemos que el valor inmenso de ese principio queda reconocido en nuestra convicción de que solamente sobre él pueden construirse una eticidad y una espiritualidad auténticas, adecuadas a la dignidad humana: una espiritualidad construida contra ese principio es un sinsentido. Pero lo racionalmente imprescindible empieza a deslizarse hacia lo aberrante cuando lo que ha de ser la base para la edificación se convierte en el edificio mismo, cuando la autonomía de la voluntad individual pasa a ser fin último en sí misma y único fin último en sí misma. Entonces es de nuevo el yo humano el que se convierte en fin último y la objetividad del espíritu abdica otra vez en la particularidad del individuo. Como desenlace de este proceso no pueden esperarse más que la sinrazón y la arbitrariedad generalizadas. Y es este proceso el que puede explicar el origen de la crisis espiritual a nivel personal y a nivel social.

El sinsentido experimentado a nivel personal se produce en el momento en que el individuo humano, que es finito pero está tocado por un anhelo de infinitud, intenta encontrar esa infinitud en sí mismo, intenta encontrar en su yo fundamento suficiente para satisfacer su ansia de sentido. Este intento va acompañado de una renuncia a encontrar un sentido en la realidad: en la naturaleza, en la Historia, en la comunidad, en el espíritu. El resultado es que, por una parte, el propio yo en su evidente finitud se revela insuficiente para ofrecer un sentido permanente de la vida, y por otra parte el mundo queda despojado de toda racionalidad, el universo se convierte en un monstruo frío contra cuya facticidad bruta amenazan con estrellarse inútilmente los esfuerzos éticos individuales; es la consecuencia última del rechazo apriorístico y sistemático de toda religiosidad. La posibilidad de la existencia de un orden natural que dé sentido a la realidad, armonizando naturaleza, Historia y espíritu, desaparece totalmente. El individuo se queda a solas con su yo y con el sinsentido.

La ruina de la eticidad social posee un origen paralelo. Después que el yo humano se ha elevado a valor supremo, en un primer momento este yo puede constituirse en un ideal capaz de exigir a los individuos concretos el reconocimiento de deberes morales; tendremos así una época en la que alguna gente todavía sera capaz de sacrificarse por la humanidad. Pero pronto el yo ideal sera desplazado por el yo real y concreto de cada uno que al fin y al cabo «es el único del que, desde Descartes, se tiene verdadera certeza». Entonces, generaciones enteras educadas casi exclusivamente en la conciencia de sus derechos incondicionados serán abocadas a la sensación de que el yo concreto de cada uno merece inmediata y automáticamente cuanto le apetezca. La capacidad de sacrificio moral habrá desaparecido y el propio egoísmo se convertirá en horizonte insuperable. De este modo los excesos del racionalismo moral ilustrado desembocarán en irracionalidad y amoralidad. Que de hecho hemos recorrido buena parte de este camino lo evidencian fenómenos sociales como la moral del dinero y el éxito personal, o la ligereza con la que se plantean cuestiones como la del aborto, en donde el ser humano aun no nacido pasa a ser considerado un simple apéndice del cuerpo de la madre: un cabello o una uña que puede cortarse a voluntad.

De nuevo en este título tenemos que decir que las aportaciones de la racionalidad moderna, a saber, la autonomía de la voluntad y la libertad de conciencia son logros incuestionables. En razón de ello no somos partidarios de un Estado confesional ni, muchísimo menos, de ningún tipo de intolerancia religiosa. Sin embargo, si parece necesario remediar los desastres de la presente situación denunciando el fundamentalismo individualista que está en su raíz. La autonomía y la libertad de conciencia deben ser los medios para relacionarse individual y colectivamente de la manera adecuada con la realidad natural, social y espiritual. Sobre esta disposición es necesario reconstruir un sentido de la ética personal basado en el orgullo de reconocer antes los propios deberes que los propios derechos; y sobre la reconstrucción de la ética personal ha de ser posible la recuperación de una moral comunitaria que sea el cimiento último de la democracia nacional.

II. Propuestas programáticas

Nuestras propuestas en este ámbito han de afectar principalmente a la educación, al contenido del mensaje de los medios de comunicación y a la permisividad de las conductas, especialmente, las de los cargos políticos. El sector de población más afectado por este problema y al que deben ir mayoritariamente dirigidas nuestras medidas es, desde luego, la juventud. Proponemos:

• Modificar y fortalecer el sentido de lo ético en el contenido de la educación y la enseñanza, asentando la noción esencial de que la dignidad de sujeto moral se adquiere reconociendo antes los propios deberes hacia los demás que los propios derechos frente a los demás.
• Vigilar el contenido de los mensajes transmitidos por los medios de comunicación, advirtiendo severamente contra toda exhibición capaz de suscitar actitudes permisivas, o incluso de admiración, hacia conductas inmorales, violentas, antisociales, egoístas o insolidarias.
• Promocionar, en cambio, la estima social de los comportamientos ejemplarmente éticos.
• Alentar las iniciativas sociales de carácter altruista y solidario, como la ayuda a compatriotas necesitados, la ayuda a países necesitados, la donación de sangre, la protección de los animales, de la naturaleza, del patrimonio histórico-artístico etc. Ofrecer a la juventud nuevos contextos en los que pasar el tiempo libre, relacionarse y formar el carácter moral.
• Perseguir eficazmente y someter a censura pública las conductas inmorales o delictivas de los ciudadanos de especial notoriedad, y en primer lugar las de quienes desempeñan altos cargos públicos.
• Desarrollar programas de ayuda económica, social y de cualquier otro tipo para todas las mujeres que decidan ser madres, oponiéndonos a cualquier tipo de práctica abortiva. En este sentido, agilizar al máximo los procedimientos de adopción
• Difundir una actitud general respetuosa con la religiosidad y la eticidad.

Ecología

1. Reflexiones previas

1. El origen de los problemas ecológicos

Puestos de manifiesto de manera súbita y reciente, los problemas relativos al deterioro de nuestro hábitat natural parecen constituir una más de esas grandes dificultades con las que nuestras sociedades van a tener que enfrentarse a medio plazo con verdadera valentía y decisión. Cabe preguntarse si el problema ecológico es un problema estructural, es decir, si comparte con las restantes grandes cuestiones ya señaladas un origen en el núcleo de la ideología moderna. Desde luego no puede pensarse que esta cuestión se haya planteado precisamente aquí y ahora -en el Occidente contemporáneo- por pura casualidad. Se nos dice, y parece probable que así sea, que otras épocas y otras culturas mantuvieron otros tipos de relación con su entorno y que el deterioro de éste no ha sido provocado más que por el específico tipo de relación que nuestra civilización mantiene con él. Si esto es así resulta natural pensar que la concepción que del hombre se ha hecho la modernidad puede estar en el origen de la situación.

Cuando una consideración abusivamente racionalista de la condición humana hace del hombre un ser sin raíces, un ser, que colocado como valor supremo, se considera independiente por principio del entorno natural que habita y no entraña con este una verdadera vinculación de pertenencia y residencia, sino de pura y simple sumisión y explotación, entonces parecen estar puestas las condiciones ideológicas para la aparición de los problemas medioambientales. En nuestra consideración integradora pero crítica de la racionalidad moderna debemos incluir la atención a la ecología como uno de los posibles límites estructurales de nuestro actual modelo social.

2. El concepto de ecología integral

Defendemos con total convicción que la sensibilidad hacia la problemática ecológica encierra una vinculación estrecha e interna con la recuperación del sentido de lo nacional como fundamento de la vida social. Es de conocimiento general que, etimológicamente, la ecología es la ciencia del «oikos», esto es, de la casa, de la patria, del lugar comunitario de residencia, del hábitat de una colectividad humana. Por una parte es indudable que el suelo patrio es un elemento fundamental de la sustancia nacional, pero además es evidente que el hábitat de una comunidad humana no es sólo un hábitat geográfico, físico, sino que el hábitat humano es múltiple: el hombre vive en su cultura como vive en su tierra; existe, pues, un hábitat cultural e incluso un hábitat espiritual al lado de un hábitat físico. Ese hábitat cultural es componente del núcleo de la identidad nacional. Una ecología correctamente entendida debe extenderse hasta ocuparse de la totalidad del hábitat de la comunidad, y es a esto a lo que llamamos ecología integral. Así entendida, la ecología aparece necesariamente ligada al tema de la identidad nacional, es decir, al esfuerzo por la superación del desarraigo que caracteriza al hombre contemporáneo, y con ello la vía de la democracia nacional se nos presenta como el camino natural para el correcto planteamiento y la resolución del problema ecológico.

La ecología convencional, limitando su preocupación al ámbito del hábitat físico y biológico, restringe indebidamente el alcance genuino de lo ecológico. Pero ni siquiera en el ámbito de lo bionatural son completos sus planteamientos: esta considera, en efecto, lo natural fuera del hombre y en torno al hombre pero desconoce lo natural como componente interno del hombre. Así, por ejemplo, los problemas demográficos, como el del envejecimiento de la población, son auténticos problemas ecológicos que, sin embargo, son sistemáticamente desatendidos por la ecología convencional.

Contrariamente, para la ecología integral la naturaleza en torno al hombre y dentro del hombre constituye una unidad con el contexto cultural, histórico, social y espiritual de una comunidad humana, y todo ello integra el hábitat general de esa comunidad. Este hábitat general es de incumbencia indiscutible para un movimiento político interesado en la dimensión nacional de la sociedad.

3. Las contradicciones de la ecología convencional

Las reflexiones del punto anterior ponen en evidencia que el ecologismo político convencional no ha llevado a cabo una crítica profunda del modelo ideológico y social que provoca los problemas ecológicos, que no ha comprendido la causa última de estos, y que, en consecuencia, se mantiene en planteamientos muy conservadores.

Salta a la vista que los movimientos políticos del ecologismo convencional comparten una buena parte de las aspiraciones que caracterizan al proyecto de reducción de la humanidad a un gran mercado mundial: un igualitarismo puro y duro, absolutamente despreocupado de la conservación de las identidades nacionales, un universalismo coincidente con el del capitalismo internacional etc. Y a su vez una buena parte de estas aspiraciones, sostenidas como ideales por el ecologismo convencional, tienden a ser realizadas por el proyecto capitalista y le sirven de justificación ideológica. Ahora bien el proyecto capitalista es de esencia profundamente antiecológica; de ahí que quepa sospechar que las posturas del ecologismo convencional encierran una contradicción interna que lo incapacita para realizar coherentemente el programa ecológico.

4. Ecología y economía

El limite ecológico parece poner coto a la aspiración a un desarrollo económico de alcance y ritmo indefinidos, al menos en las actuales condiciones tecnológicas. Es bien cierto, desde luego, que determinadas estrategias de desarrollo podrían producir efectos ecológicos indeseables. Las propuestas programáticas que hemos desarrollado en el título correspondiente a la economía nos hacen firmes partidarios de un crecimiento económico que conduzca de manera rápida y estable al pleno empleo. Podría pensarse que nuestros planteamientos económicos y nuestras consideraciones ecológicas estarían llamados a entrar en inevitable contradicción. Un examen más minucioso revelará que la contradicción puede soslayarse equilibrando y coordinando los programas económico y ecológico. Tal cosa debe hacerse, según una doble estrategia.

En primer lugar se hace precisa una gradación de plazos temporales. La consecución del pleno empleo y de lo que lleva anexo, es decir, de unas condiciones de vida económica y moralmente aceptables para todos los españoles, es una tarea de primera urgencia. Si eventualmente fuese necesario modificar la estructura de la economía aplicando medidas ecológicas radicales, eso tendría que hacerse en un segundo plazo y sería tarea de diseño y ejecución más dilatados. En segundo lugar, y esto es lo más importante, para encauzar el crecimiento económico se abren sin duda vías alternativas; algunas de ellas deben de resultar menos contradictorias con las aspiraciones ecológicas que defendemos e incluso pueden apoyarse en el desarrollo de industrias ecológicas auxiliares y modos alternativos de explotación económica. Dando preferencia a estas sendas de desarrollo es como crecimiento económico y ecología podrán armonizarse.

4. Incendios forestales.

Indiscutiblemente, en el terreno de la ecología el principal problema que parece España son los incendios forestales y la deforestación, problemas muy graves que agravan la erosión del suelo y la escasez de agua, por ello hemos considerado que merecen un capitulo aparte. Inexplicablemente, pese a la ola de incendios provocados que nos asola verano tras verano España carece de un plan global para luchar contra el fuego e incluso de un cuerpo Nacional de bomberos unificado, nuestros políticos se limitan a visitar las zonas afectadas y a dar el pésame a las victimas de los incendios, en ocasiones jóvenes sin preparación alguna, exentos de equipo y que recién salidos del INEM han sido enviados a enfrentarse al fuego. No es exagerado que tal epidemia de incendios sea calificada de terrorismo ecológico ya que aun no ha podido saberse quienes y con qué intencionalidad originan este tipo de campañas nada fortuitas año tras año, curiosamente desde la llegada de la democracia. No es por ello extraño que se haya extendido entre la ciudadanía la idea de cierta complicidad entre el poder, la especulación y los incendios y de la nula voluntad política de atajar este gravísimo problema.

II. Propuestas programáticas

Proponemos:

• El desarrollo a través de la educación de la juventud y de la concienciación pública de una nueva concepción de las relaciones entre el hombre y su hábitat general, basada en la superación del desarraigo.
• Constitución de un órgano institucional único -con rango de ministerio si se juzgase oportuno- bajo cuya competencia caigan todos los asuntos de ecología y demografía, y que siente las bases para una acción ecológica planificada a largo plazo.
• Creación de organizaciones en las que presten servicio ciudadanos en paro, cuerpos de voluntarios juveniles, y otros, dedicados a actividades como repoblación forestal, limpieza y protección de bosques y lagos, y, en general, a frenar el avance de la desertización en nuestro territorio.
• Hay que dejar claro en el programa de DN que el Medio Ambiente / Ecología no se puede fraccionar en autonomías ó regiones. Un incendio se extiende y no conoce fronteras regionales. Por eso hay que luchar porque la gestión de los incendios, medio ambiente, limpieza forestal, uso del agua, sequía sea competencia del Estado y no de la Autonomías. La defensa del medio ambiente debe ser coordinada entre administraciones. No a los blindajes regionales del agua.
• Fomento de las investigaciones científicas de aplicación ecológica.
• Dirección del desarrollo económico en coordinación con los planes ecológicos encauzándolo hacia la promoción de industrias, tecnologías y formas de explotación ecológicamente inocuas o de utilidad ecológica.
• Tipificación exhaustiva y persecución eficaz de los delitos ecológicos.
• Creación del Cuerpo Nacional de Bomberos, dotados de los más modernos medios para combatir y fuego los mejores profesionales en la materia, de estructura militar como en países de nuestro entorno como Francia y con mando efectivo sobre las distintas policías. La extinción del fuego será siempre tarea de este cuerpo no estando bajo la autoridad de los presidentes de comunidad autónoma si no únicamente bajo la autoridad del gobierno y de la jefatura del cuerpo. Creación de una “policía del fuego” dependiente de este cuerpo que investigue, en estrecha colaboración con la Guardia Civil todo los incendios que se comenten en nuestro país, persiguiendo tanto a los autores materiales como a sus instigadores y beneficiarios.

Relaciones Internacionales

I Reflexión previa

1. Principios ideológicos rectores de las relaciones exteriores

Un movimiento de defensa de la propia identidad y de la propia soberanía nacional que al mismo tiempo se exige fidelidad a una ética universal -si bien no universalista- está obligado a mantener como principio ideológico fundamental de su política exterior el respeto a la soberanía y a la identidad de todos los pueblos en el ámbito de su territorio nacional. Tradicionalmente se ha llamado «imperialismo» a las actitudes que no se atienen a este respeto; podemos decir que hoy el «imperialismo» está representado esencialmente por los planes de mundialización económica propulsados por las élites financieras y por el comportamiento prepotente de los Estados Unidos de Norteamérica (U.S.A.). La proyección lógica al exterior de nuestra ideología pasaría por la creación de un frente de naciones empeñadas en la lucha contra cualquier tipo de «imperialismo» proveniente de U.S.A., de instituciones políticas o militares supranacionales o de grandes intereses económicos. En esta línea apoyamos, por ejemplo, las reivindicaciones nacionales del pueblo palestino y de otros países árabes.

Todavía por encima de la solidaridad basada en la común defensa de las respectivas soberanías nacionales, para una iniciativa política que tiene como tarea imprescindible la reconstrucción de un sentido ético y espiritual de la existencia, existe una solidaridad universal entre los hombres y los pueblos, fundamentada en la condición humana compartida. En última instancia lo que nos une es mucho más importante que lo que ocasionalmente pueda separamos.

Finalmente es obvio que una consideración de la vida política que aspira a reanimar las señas de identidad colectivas no puede ser, a la hora de diseñar una política internacional, insensible a las afinidades históricas y culturales que vinculan a los pueblos.

2. Condiciones reales de la política exterior

Nadie ignora que la política exterior de una nación está obligada a ser implacablemente realista y que no puede permitir que afinidades o antipatías culturales o ideológicas perturben la claridad de la mirada, so pena de cometer errores que, en este delicado ámbito, pueden fácilmente revelarse gravísimos de forma inesperada. Y hay que ejercer este realismo en primer lugar en esa descripción y en esa evaluación de la situación internacional, presente y futura, que han de servir de base a una toma de decisiones.

En general pueden reducirse a tres las causas que llevan a los países a alinearse en política internacional en bandos o bloques, que en general existen siempre aunque en determinados períodos estén más difuminados o menos consolidados.

Estas causas son:

– afinidad cultural, religiosa, ideológica …

– comunidad de intereses económicos;

• complementariedad geoestratégica o geográfica.

Con el derrumbamiento del muro de Berlín y el final de la «guerra fría» hemos presenciado el dislocamiento de un orden mundial vertebrado por la tensión entre dos grandes bloques de origen ideológico y que dejaba en su periferia a un conjunto de naciones agrupadas bajo el título genérico de «Tercer Mundo». De esta disolución surge inevitablemente un período de relativa inestabilidad y que puede considerarse como de transición; es el momento en el que estamos. La pregunta inmediata es: ¿hacia dónde tenderá la situación geopolítica internacional en el futuro?

Como hemos repetido en varias ocasiones existe, desde luego, un proyecto en marcha, que es la consumación de la versión liberal del programa ilustrado: de la ruina del comunismo habría de emerger el capitalismo como vencedor definitivo; el mundo se encaminaría entonces hacia la constitución de un mercado mundial cuyo Estado o cuyo brazo armado sería U.S.A. y, en menor medida, los países que están bajo su tutela directa, es decir, el resto de los países occidentales y Japón. Los nacionalismos y los reductos comunistas o fundamentalistas terminarían diluyéndose y el planeta entero adoptaría los modos ideológicos, políticos y económicos del demoliberalismo capitalista. Esta homogeneización a nivel mundial equivaldría a la encarnación completa de la razón en el mundo social y sería definitivamente irreversible. Es la tesis del fin del la Historia.

Desde la admisión crítica de los ideales ilustrados que caracteriza nuestro planteamiento es preciso cierto escepticismo en relación a esta tesis. El desconocimiento de la naturaleza real humana, de sus relaciones con el entorno etc, hace al proyecto liberal capitalista un mal candidato para instaurar de hecho un orden mundial perdurable: ya hemos mencionado las contradicciones y los límites en los que visiblemente incurre de manera cada vez más profunda. Una tesis alternativa sobre el futuro geopolítico del mundo es la que prevé una estructura multipolar acompañada de cristalización de zonas geopolíticas y con una cantidad variable de tensión y desequilibrio. Estas grandes zonas se aglutinarían según diversas combinaciones de las tres causas de formación de bloques que hemos citado. Algunas de la zonas resultantes podrían ser:

• S.A. y los países anglosajones: Canadá, Reino Unido …
• Europa occidental.
• Países árabes o islámicos.
• Hispanoamérica.
• Sureste asiático.

Todavía quedarían grandes interrogantes acerca del futuro de China, Rusia y Africa. Una evolución de este tipo es la que nos parece más probable. Con todo una iniciativa política no puede dar el futuro, ni siquiera en política internacional, como decidido de antemano, sino que tiene que contemplar una posibilidad de influir en él, tiene que concederse un margen de maniobra. Después de preguntar cuales serán los probables derroteros del mundo hay que calcular los posibles riesgos y las probables ventajas de cada uno de ellos y todavía después hay que decidir qué sería en conjunto deseable y cómo se puede aumentar la probabilidad de que ello suceda. Desde esta perspectiva tenemos que plantearnos en cuál de las grandes zonas futuras debería estar nuestro país, cómo serían las relaciones con países de otras zonas, cuáles serían nuestros enemigos potenciales, etc.

En general es la realidad misma la que impone la solución a estos problemas. Es evidente que España no puede estar en el futuro más que en el área geopolítica de Europa occidental. Ahora bien, para que los intereses españoles y los de una futura Confederación Europea resulten bien defendidos en el escenario internacional es absolutamente preciso que Europa se zafe de la tutela norteamericana. Por otra parte, Europa occidental debe intentar por todos los medios atraerse al Este europeo y evitar la formación de un bloque distinto y potencialmente hostil en su flanco continental. La reorientación de Europa hacia sí misma debe facilitar este intento.

En este panorama, España se encuentra en una encrucijada cuando considera el problema de sus relaciones con Hispanoamérica. Por una parte, es altamente improbable que haya una posibilidad de que nuestro país integre un bloque geopolítico con sus antiguas colonias. Hay que tener en cuenta que, además de la distancia geográfica, existen apreciables diferencias de desarrollo cultural, tecnológico y económico entre España e Hispanoamérica. A esto hay que añadir que, por la lógica de las cosas, el Sur de América tiende a construir paulatinamente una identidad propia en la que lo hispánico es solamente uno de los elementos, si bien probablemente, el de más peso cultural. Sin embargo, la actitud realista que nos lleva a ver nuestro futuro esencialmente en Europa, no debe, por otro lado, impedirnos ver, como sucede ahora, que en Hispanoamérica existirán siempre grandes sectores de la población de cultura casi totalmente hispánica y con los que sera fácil cultivar y desarrollar vínculos efectivos. España tiene grandes compromisos morales y grandes intereses en Hispanoamérica. En primer lugar, España, sola o con la ayuda de Europa, tiene que empeñarse en la difícil tarea de contrarrestar la creciente influencia norteamericana en esa zona; una influencia no sólo política y económica sino también cultural e incluso religiosa. Es obligación moral de España, obligación que coincide además con evidentes intereses políticos, el ayudar a Hispanoamérica a encontrar una identidad propia y el camino de una unidad geopolítica independiente de U.S.A. Una unidad geopolítica en el continente suramericano, independiente de los Estados Unidos, y con la que España mantuviese relaciones privilegiadas sería tal vez la mejor de las alternativas posibles.

Es necesario no desconocer que el destino europeo de España, unido a la necesidad de que Europa «se expanda» hacia su ala oriental, puede conllevar situaciones virtualmente peligrosas para nuestro país. El núcleo político de Europa puede, en efecto, desplazarse hacia el centro y el Este del continente y Alemania puede intentar una posición hegemónica basada en sus lazos con sus vecinos orientales. Por eso es absolutamente necesario que España refuerce su posición política dentro de Europa. A este fin pueden y deben seguirse simultáneamente estrategias como:

• Intensificar los lazos con países europeos próximos, especialmente Portugal, los países mediterráneos y, tal vez Irlanda; diseñar estrategias comunes con los países de intereses comunes.
• Hacer valer nuestra condición de interlocutores privilegiados con Hispanoamérica.
• Hacer valer la importancia estratégica de nuestra posición geográfica como nación fronteriza de Europa.

Hay que reconocer peligros potenciales, que no siempre tienen fatalmente que realizarse como tales, en ciertos países o bloques. En primer lugar, U.S.A. y su zona de influencia, en virtud de su evidente afán hegemónico y su persistente voluntad de relegar a los países europeos al papel de comparsas en su política internacional. También determinados países de Africa y Asia impulsados por un fundamentalismo religioso agresivo podrían eventualmente convertirse en amenazas. A este respecto hay que hacer las siguientes consideraciones:

• El enfrentamiento de EEUU con ciertos países árabes o musulmanes no es, con frecuencia,más que la acción ejecutora del brazo armado de la mundialización, con el que no podemos establecer ninguna colaboración.
• Hay que condenar el terrorismo de todo tipo: el practicado por el integrismo islámico igual que el terrorismo de Estado practicado por los EEUU o Israel.
• En los países que amparen el terrorismo o sostengan posiciones religiosas expansionistas no podemos ver futuros aliados sino más bien potenciales enemigos.
• La progresiva islamización de España y Europa, vía inmigración y natalidad, debe ser evitada; e igualmente un posible desplazamiento de la población inmigrada hacia el integrismo islámico, como forma de reafirmación identitaria en respuesta al desarraigo. Respecto a esto hay que señalar que la religión musulmana, en cuanto vivencia religiosa personal, debe estar protegida por la libertad de religión, pero que en muchas interpretaciones del Islam no se distingue entre autoridad política y religiosa, de modo que la islamización de nuestro territorio puede equivaler a una creciente presencia de colectivos políticamente obedientes a intereses extranjeros, además de culturalmente ajenos y hostiles.
• En nuestro posicionamiento general debemos centrarnos en la defensa de nuestra soberanía, manteniendo un equilibrio de repulsa equidistante frente al imperialismo estadounidense y al expansionismo islámico.

Por otra parte, el Sureste asiático, como bloque económico, podría ser un competidor del que, por motivos sociales, habría que protegerse económicamente. Como conclusión podemos dividir nuestra visión de la política exterior en dos niveles:

• política nacional en sentido estricto: la posición de España en Europa y con relación a

Hispanoamérica;

• política de zonas: la situación de Europa en el mundo.

La voluntad de recabar nuestra identidad y nuestra soberanía nacional no debe impedimos ver que nuestra salida al escenario mundial tiene que hacerse esencialmente dentro de una Europa que actúe de cara al exterior como un bloque geopolítico único. No reconocer esto sería perder el primer requisito de la cordura en política exterior: el realismo.

1. Propuestas programáticas Proponemos:

• Romper la disciplina de Maastricht y la Unión Europea en favor de un proyecto europeo alternativo -la Confederación Europea propuesta en el título primero- capaz de construir una Europa que actúe a nivel mundial como un bloque geopolítico único sin perjuicio de la soberanía nacional de sus miembros.
• Establecer contactos con naciones o iniciativas políticas europeas interesadas en nuestro mismo proyecto confederal.
• Fomentar la paulatina inclusión de los países del Este de Europa en el bloque europeo.
• Estrechar lazos y diseñar estrategias comunes con países que en el seno del bloque europeo nos sean próximos o posean intereses coincidentes, con vistas a reforzar nuestra posición en Europa.
• Reforzar nuestros lazos con Hispanoamérica y dotarlos de efectividad en la política internacional.
• Condenar el imperialismo estadounidense como brazo armado de la mundialización capitalista, la tutela que mantiene sobre las naciones europeas, su apoyo al Sionismo y su menosprecio de los derechos políticos del pueblo palestino. Condenar igualmente el bloqueo inhumano contra los pueblos de Irak y Cuba. Condenar aquellos regímenes que incurran en graves violaciones de los derechos humanos fundamentales, condenando simultáneamente la utilización de estos derechos como excusa para injerencias imperialistas.
• En el contencioso entre el Estado de Israel y el pueblo palestino hay que proclamar que la razón cae históricamente de parte de este último, de modo que es necesario exigir el respeto de los derechos políticos del pueblo palestino y condenar la política seguida hasta hoy por Israel a este respecto.
• Hacer efectiva nuestra histórica reivindicación de Gibraltar.

 

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• Reafirmar la españolidad de Ceuta y Melilla, y abandonar cualquier organismo internacional que no la reconozca.
• Denunciar el expansionismo marroquí en el Sáhara Occidental y reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
• Denunciar la Organización Mundial del Comercio (OMC), y los abusos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, apoyando formas alternativas para las relaciones económicas internacionales, basadas en el respeto a la identidad y la soberanía de todos los pueblos, así como en la solidaridad humana.
• Abandonar la T.A.N. y proceder a la creación de una fuerza militar europea al servicio de la futura Confederación Europea
• Denunciar el derecho de veto en la N.U.
• Intensificar la ayuda económica, técnica y organizativa a los países necesitados del globo, fortaleciendo a la vez el control del aprovechamiento de esa ayuda.

Justicia y orden público

I. Reflexión previa

Se extiende la percepción de que el problema de la seguridad ciudadana se encuentra en una grave situación, y que los organismos responsables de aplicar las leyes carecen de efectividad. En realidad el origen del desmesurado aumento de la delincuencia, que alcanza incluso las altas esferas de los poderes económico y político, radica en la concepción del hombre que la modernidad ha asumido, y aplica en su modelo social y político.

A partir de la Ilustración, la sociedad se concibe como un entramado de relaciones contractuales entre «yoes» puros, entre los que no existe otro vínculo que su igualdad en la supremidad. Ignora la realidad de los vínculos culturales, espirituales y afectivos que precisa cualquier grupo humano para formar una comunidad.

De este concepto asistémico de lo social deriva la identificación de Justicia y norma: la inexistencia de un nivel espiritual superior al hombre del que emane la Justicia, la reduce a las normas que, previo acuerdo, aceptan los individuos.

La inviabilidad de este modelo se hace cada vez más evidente: aumentan los medios técnicos y humanos que intentan controlar el comportamiento de los ciudadanos, acercándonos peligrosamente al estado totalitario «orwelliano», y sin embargo crece de año en año la delincuencia a todos los niveles.

Cuando una comunidad asume la existencia de un nivel superior al político, el espiritual, las relaciones entre las personas que la forman no son únicamente contractuales, afectando a las partes y siendo supervisadas por un Estado hipertrofiado, sino que afectan también a lo comunitario, y sus miembros tienen el deber moral de censurar los actos que atentan contra la Justicia: no existe policía que prevenga mejor los comportamientos asociales que la propia presión social. La búsqueda de la Justicia no implica tratar de «normativizar» todos los aspectos de la vida cotidiana, ni tratar de regular los aspectos más íntimos de los españoles. El crecimiento desmesurado de la normativa, cuerpos policiales y organismos judiciales nunca garantiza el descenso de la criminalidad: nunca en tiempos de paz fue mayor la población carcelaria, los organismos judiciales, los medios humanos y técnicos policiales, y sin embargo la criminalidad se ha convertido en un problema de primer orden como nunca antes lo había sido.

De esta reflexión deducimos que no existen compartimentos estancos cuando se trata de los problemas que afectan a la sociedad española, todos tienen un origen común, y comunes son en algunos casos las soluciones. Algunas propuestas realizadas en los capítulos que tratan sobre la crisis espiritual, la familia y la educación podrían encontrarse también aquí.

Por otra parte, el control que las élites políticas ejercen sobre el poder judicial, para evitar la investigación de los casos de corrupción política y financiación de los partidos políticos, entorpecen su actividad, utilizándose la aplicación de la ley como arma arrojadiza o argumento de presión para el pacto. Consideramos que toda Comunidad robusta precisa una Administración de Justicia investida en sí misma de toda la autoridad. Y esto sólo es posible garantizando la independencia judicial dentro de la estructura del Estado y de la injerencia del Gobierno. Pero también es necesario que el rigor intelectual y moral de las personas que ocupan los órganos jurisdiccionales les permitan superar las presiones externas y ajenas a su cometido. Nuestras propuestas se dirigen también a hacer efectiva la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la defensa de las víctimas de los hechos delictivos y la lucha contra el narcotráfico.

II. Propuestas programáticas

• La Justicia sólo puede ser administrada por los órganos del Estado establecidos para ello. Dichos órganos deben ser absolutamente independientes del resto la estructura del Estado. Dicha independencia sólo es garantizable con una carrera judicial ajena a las presiones políticas y sociales, debiendo aportarse los medios necesarios para impedir tales presiones mediante las dotaciones económicas necesarias, el control riguroso en el acceso a la Judicatura y la vigilancia de su constante formación, exigiendo su competencia.
• Constatamos la necesidad de modernizar la administración de justicia, ya que la búsqueda de tutela judicial puede devenir estéril e incluso injusta por la lentitud en la tramitación del proceso judicial o por la falta de eficacia de las resoluciones. Propugnamos la reforma de las leyes procesales, vinculando a la administración en el cumplimiento de los plazos, y agilizando los formalismos, todo ello dentro de un sistema que garantice los derechos de defensa de los interesados.
• El control de la Administración Pública y las quejas de los ciudadanos sólo pueden ser objeto de amparo verdadero ante los órganos jurisdiccionales. Entendemos que la figura del Defensor del Pueblo es meramente decorativa y no cumple ningún tipo de función que realmente vincule a las administraciones. Es por ello precisa su sustitución por órganos jurisdiccionales competentes en dicha materia más cercanos a los ciudadanos.
• Las instancias jurídicas deben ser únicas para toda la Nación: el máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo, será garante último en la interpretación y aplicación de las normas en todo el Territorio Español.
• Hacer real la igualdad ante la ley que queda manifiestamente conculcada cuando se trata de personas de alto nivel social y políticos con inmunidad parlamentaria. Ofrecer los medios adecuados a los ciudadanos de bajos ingresos tanto para defenderse como para actuar como acusación en los procesos legales, y suprimir el privilegio que supone la inmunidad para los diputados y senadores.
• Proponemos la reforma del Código Penal, con introducción de la Pena de Prisión perpetua para los autores de delitos de terrorismo, narcotráfico, y violación agravada. Que se hagan obligatoriamente públicos los indultos que conceda el gobierno.
• La pluralidad de Policías en el territorio español, implica una gran reducción de su eficacia en detrimento de la seguridad ciudadana. Es por ello preciso redistribuir nuevamente las competencias, y desplegar nuevamente en toda España la policía bajo el control del Estado, acompañado de la creación de Juntas Mixtas Estado-Ayuntamientos con el fin de coordinar y facilitar la acción conjunta de las Policías respectivas en sus ámbitos de actuación.
• Equiparar a las Fuerzas de Seguridad del Estado con el resto de las Policías desplegadas en España, tanto en medios económicos y salariales, como técnicos.
• Ante la indefensión en que se encuentran en muchos casos las víctimas de actos delictivos, consideramos que los derechos de éstas deben primar sobre los de los delincuentes, reconociendo el derecho a la legítima defensa, que debe quedar reflejado en la legislación.
• Ilegalización del consumo de
• Cumplimiento de penas en los establecimientos penitenciarios o expulsión inmediata del Territorio Español de inmigrantes ilegales inculpados de actos delictivos, según se considere oportuno. Agravamiento de penas sobre los responsables de las redes de tráfico de inmigración ilegal. Control de la inmigración laboral facilitando los permisos adecuados bajo el riguroso cumplimiento de la normativa legal. Penalización de la explotación de trabajadores extranjeros (ver para esto título décimo).
• La normativa deberá posibilitar la obtención de pruebas en la lucha antiterrorista y contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
• Se debe crear la normativa adecuada para que los delitos de corrupción sean castigados con la contundencia que, por su inmoralidad y la alarma social que producen, merecen.

Familia y demografía

I. Reflexión previa

Lo que nuestros padres han hecho por nosotros nunca podremos devolvérselo, no podremos pagarlo más que haciendo nosotros lo mismo por nuestros hijos, es decir, sirviendo todos al futuro de la vida, la cultura y el espíritu humano. Incluso una verdad tan sencilla como esta parece haber sido olvidada por nuestro tiempo. Los hombres y mujeres de hoy parecen haberse desentendido de la deuda que cada uno tiene con el río de la vida humana. A pesar de eso, finalmente hasta los medios de comunicación, que durante mucho tiempo han estado eludiendo el problema, más preocupados por hacer propaganda de la contracepción, han puesto sobre el tapete la grave cuestión del envejecimiento y de la disminución de nuestra población por causa de la baja tasa de natalidad. El problema demográfico, además de sus concomitancias biológicas evidentes, tiene derivaciones sociales y morales nada despreciables. Una población envejecida es una sociedad envejecida, carente del impulso de la sangre joven, de esa alegría de los niños que hace nacer el mundo de nuevo en cada generación. Pero además, los problemas económico-sociales pueden cuantificarse sin ambigüedad: la ausencia de gente joven implica que no existe la suficiente base de población activa como para sostener a las clases pasivas, con lo que el sistema de pensiones y de asistencia sanitaria se enfrentan hoy a un desmantelamiento parcial o a una quiebra anunciada. Pero siendo el cuidado de nuestros mayores uno de nuestros deberes más nobles e inexcusables es obligación de los gobernantes tomar todas la medidas sensatas que sea posible para asegurar la vitalidad de la población y la viabilidad de las conquistas sociales.

Una vez más debemos preguntamos por las causas últimas de esta situación, y en seguida nos damos cuenta de que el origen puede encontrarse en una ideología y en una mentalidad ferozmente individualista y caracterizada además por un igualitarismo que malentiende radicalmente la equidad. Este individualismo y este igualitarismo emanan a su vez de esa concepción del ser humano propia del racionalismo moderno que hemos analizado páginas atrás. En consecuencia, el problema demográfico debe ser entendido como otro de los problemas estructurales del actual modelo social e ideológico. No es difícil percatarse de que el individualismo degenera con facilidad en un egoísmo que tolera mal las responsabilidades y los sacrificios que la crianza de los hijos obliga a asumir. Pero, ¿cómo afecta el igualitarismo a la demografía? Esencialmente a través del trato social dispensado a la mujer.

La ideología moderna en la medida en que, en sus aspectos negativos, desatiende las determinaciones naturales del ser humano concreto, se muestra incapaz de ofrecer sitio y reconocimiento a las peculiaridades biológicas y psicológicas de la mujer. Nuestra sociedad no ha sabido concebir otro modo de emancipar a la mujer más que obligarla a ser y comportarse como el hombre hasta extremos lesivos para su feminidad. A la mujer ha venido a decírsele: «se te aceptará en sociedad en la misma medida en que renuncies a ser lo que eres y consientas en convertirte en servil imitadora del modo de vida masculino». Y esta admisión en sociedad ha consistido principalmente en la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo en las mismas condiciones que el hombre y sin ningún miramiento para con su especificidad sexual ni para con su delicada función de madre. Como resultado, la mujer ha quedado socialmente esterilizada, enfrentada a la tarea sobrehumana de trabajar fuera de casa como el hombre y a la vez encarar embarazos, partos y lactancias. No estamos diciendo que el hogar y los hijos sen competencias exclusivas de la mujer ni pretendemos minimizar la importancia de la paternidad, no proponemos una vuelta a esa antigua y rígida separación sexual de las tareas. Nos limitamos a señalar la obviedad de que en la reproducción humana la naturaleza ha asignado a la mujer una función decisiva en la que el hombre no puede sustituirla y que ha de ser socialmente reconocida y protegida. Sólo el fanatismo ideológico puede cegar contra esta realidad.

Hemos de reconocer que el proceso emancipatorio de la mujer, tal como lo ha planteado nuestra época desde perspectivas chatamente igualitaristas, ha discurrido en general por un camino equivocado. A la mujer había que haberle ofrecido la posibilidad de incorporarse a la formación, a la cultura y al trabajo en condiciones que no la obligasen a renunciar a parte de su naturaleza. Los errores cometidos en este asunto tienen consecuencias concretas, es más, tienen perjudicados, beneficiados y responsables concretos. Perjudicado ha sido en primer lugar el sexo femenino que tenía un camino mejor que nunca le fue ofrecido; perjudicado ha sido el conjunto de la sociedad que finalmente se ve enfrentado a todas las derivaciones de una fuerte crisis demográfica; perjudicados han salido los padres y los hijos, los familias privadas de tiempo para sí mismas y que ganan hoy un 25% más de dinero sumando entre ambos cónyuges un 80% más de trabajo. Pero beneficiados han resultado en general los compradores de mano de obra, que la han tenido más abundante, más barata y en las condiciones que les convenían; cierto es que la crisis de la natalidad puede volver a producir, con el tiempo, escasez de mano de obra, pero esos beneficiados tienen pensado resolver el problema y volver a beneficiarse importando mano de obra barata. Y, finalmente, responsables han sido, además de los beneficiados, el movimiento feminista y quienes movidos por una fatal ceguera ideológica lo han apoyado sin matices.

Pero llegados a este punto, ahora, para aliviar la situación de la mujer, para mejorar la vida familiar, la situación demográfica de la nación y el futuro de las protecciones sociales, es necesario ofrecer decididamente a la mujer las posibilidades que hasta ahora le han sido sistemáticamente escamoteadas; en concreto, queremos sumar a la libertad de la mujer para integrarse en el mundo laboral, la libertad, ahora inexistente para la mayor parte de las mujeres españolas por razones económicas, de elegir como medio de autorealización, el cuidado de sus hijos y el trabajo en el propio hogar; valorar y dignificar en la medida que le corresponde una función social de tan grande importancia en la estabilidad social, familiar y personal. Es el camino que quieren facilitar nuestras propuestas.

II. Propuestas programáticas

Proponemos:

• Adaptar las condiciones de trabajo de la mujer para facilitar la maternidad.
• Adaptar los planes de estudio para que el moderno desarrollo de la ciencia y la cultura resulte aplicable no sólo en el circuito económico sino también en la crianza y educación de los hijos y en la dirección de la vida familiar.
• Reconocer el trabajo doméstico del ama de casa como integrante del P.I.B. retribuyéndolo institucionalmente e incluyéndolo en el sistema de la seguridad social. Hasta que esto sea posible, aplicar medidas fiscales desgravatorias.
• Dar cabida en la regulación laboral a la consideración de la situación familiar de los trabajadores y trabajadoras para evitar la separación geográfica de los cónyuges, o de los padres y los hijos etc.
• Proteger la estabilidad en el puesto de trabajo como elemento de la estabilidad familiar, buscando la flexibilidad de las empresas en fórmulas alternativas como las propuestas en el título tercero.
• Remediar drásticamente la precariedad del acceso a la vivienda.
• Fomentar la natalidad por medio de reducciones fiscales y subvenciones.
• Fomentar la atención a los ancianos en la familia disponiendo las ayudas institucionales necesarias.
• Reconstruir el sentido familiar y recuperar el valor de la familia combatiendo el egoísmo individualista; a este efecto, se evitará equiparar legalmente a las parejas que han contraído ante la comunidad y mediante el matrimonio un compromiso de estabilidad con las que no han aceptado ningún compromiso social; no se admitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo, según el criterio de que tales relaciones no pueden dar lugar a la constitución de una verdadera familia.

Sobre la Vivienda en España

«España se está convirtiendo en un país de servicios, la industria nacional se desmantela y desde la UE nos están imponiendo una dependencia económica de dos sectores que son: construcción y turismo. Democracia Nacional opina que de estos dos sectores España no puede asegurarse un futuro económico estable. La dependencia económica de la construcción y del turismo supone para España «pan para hoy, hambre para mañana».

Con ello se relaciona el encarecimiento drástico de la vivienda que está suponiendo en cifras objetivas de la macroeconomía datos positivos para la «economía nacional» pero que esta a su vez, es del todo engañosa.

De cara a las familias y a los españoles en general esto está suponiendo el ahogamiento de su economía doméstica debido al abuso que están ejerciendo especuladores, empresas inmobiliarias y políticos corruptos encubiertos que se enriquecen de manera aprovechada de cara al pueblo español, acentuado por la cesión de VPO a familias

extranjeras con preferencia al nacional que empeora aún más la situación de cara a los españoles.

Por ello Democracia Nacional propone:

• Persecución eficaz de los especuladores
• Intervención del estado para regular las actividades ilegales respecto a la vivienda y para abaratar el precio de la misma.
• Disminución de los impuestos para familias españolas con una vivienda.
• Disminución de impuestos y ayudas para que los jóvenes tengan facilidades a encontrar vivienda y poder formar una familia.
• Aumento de las ayudas sociales en relación con la vivienda así como la construcción de más VPO con preferencia para las familias, parejas, jóvenes y españoles en general.»

Educación

I. Reflexión previa

Sin duda en las consideraciones programáticas de una iniciativa política debe ser atendido el tema de la educación y la enseñanza. No obstante, en este documento, que es esencialmente un texto fundacional destinado a dejar constancia de la definición ideológica de la democracia nacional, y no exactamente un programa electoral concebido para una candidatura en unas elecciones, el motivo de tratar el tema viene dado por la presencia en nuestro país de una reforma de la educación ya realizada (L.O.G.S.E). La reforma que se nos ha impuesto debe tomarse como una amenaza contra la cultura nacional y el derecho del ciudadano a una buena enseñanza; una amenaza que se sigue ejecutando inexorablemente a pesar de que otros países europeos empiezan a recorrer, en esta materia, un camino justamente inverso.

Los objetivos de la educación y la enseñanza, rectamente entendidas, son varios y de ellos podrían quizá destacarse los siguientes:

• procurar el acceso de la totalidad de la población adulta a la comprensión de la vida social y a su participación en ella;
• conservar, mejorar y transmitir el patrimonio cultural y científico legado por generaciones anteriores;
• ofrecer a los ciudadanos las condiciones para su realización personal como seres humanos;
• hacer progresar la racionalidad social y el saber filosófico que la comunidad tiene sobre sí misma y sus relaciones con la realidad;
• hacer progresar la técnica y la economía mediante la adecuada cualificación de trabajadores y profesionales.

Por otra parte la educación es un poderoso instrumento de vertebración social que en cuanto tal se plantea, en cada uno de sus segmentos principales, estos tres objetivos:

• Cualificación de la totalidad de la población en un grado suficiente para su adecuada socialización.
• Conservación de un cuerpo social lo más extenso posible de ciudadanos cultos que posean un conocimiento general del sentido de su momento histórico y social y de los fundamentos y la metodología de las ciencias, así como cierta capacidad de apreciar las creaciones artísticas del pasado y el presente.
• La formación de investigadores, especialistas, profesionales altamente cualificados, artistas e intelectuales que impulsen el desarrollo de la ciencia y la cultura.

La reforma de la enseñanza se desentiende de la mayoría de estos objetivos y viene a conservar solamente uno: la adecuación de la formación de la futura mano de obra a las necesidades de un mercado de trabajo crecientemente internacionalizado. Se tiende así a una educación técnica, mínima y globalizada que no aumente el coste de la formación de mano de obra con conocimientos no directamente aprovechables en la función productiva, y que además vaya diluyendo las diferencias culturales entre unos pueblos y otros mediante el arrinconamiento del estudio de la propia tradición, Historia, cultura etc. Así, por ejemplo, las lenguas clásicas, que son patrimonio diferencial de la cultura europea, y la filosofía, que no sirve para producir, son paulatinamente eliminadas de los planes de estudio. La dictadura de la lógica anónima del mercado sobre el sistema de la educación nacional y la imitación del sistema de los países anglosajones, con todos sus desastrosos resultados, constituyen la esencia de esta reforma y a la vez una amenaza para la cultura nacional. Y esta rendición de la educación a los grandes intereses económicos se justifica, como otros tantos disparates, invocando el dogma ideológico del igualitarismo más estricto. Como reacción de urgencia contra el deterioro que se está infligiendo a nuestro sistema educativo deben entenderse nuestra siguientes propuestas.

II. Propuestas programáticas

Proponemos:

• Revocar la reciente reforma de la enseñanza y derogar las leyes en que se sustenta, para sustituirla por una reforma inspirada en una filosofía diferente.
• Mantener en la Enseñanza Media un tronco común de materias con alto contenido científico y cultural, seguido de una mayor diversificación en tramos más avanzados de las ofertas curriculares, para permitir una mejor adaptación final de la enseñanza al conjunto de las necesidades sociales.
• Adecuar la Enseñanza Básica a las características de la Enseñanza Media propuestas en el punto anterior. Revisar el sistema de promoción automática y la eliminación de la memorización de contenidos básicos.
• Evitar la masificación en la Universidad, que degrada la calidad de la enseñanza, desvaloriza las titulaciones académicas y provoca situaciones traumáticas para los licenciados al intentar acceder al mercado de trabajo. Con este objetivo se reformará el sistema de selección de la universidad para que accedan a ella aquellos que, independientemente de su situación económica, muestren la preparación adecuada; se dedicaran a la universidad los recursos necesarios para que la formación sea óptima; se mantendrá la duración y el diseño de las carreras tradicionales; se potenciarán nuevas alternativas educacionales que se ajusten a las necesidades sociales.

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• Rechazar en general la filosofía del igualar por abajo en materia de educación.
• Rechazar la filosofía de la ausencia de esfuerzo, responsabilidad y disciplina entre todos los colectivos implicados en la educación, especialmente alumnos, padres y profesores.
• Reivindicar la dimensión espiritual y moral, «no utilitaria», de la educación.
• Revitalizar los contenidos de la enseñanza que ayudan a entender la propia identidad nacional y cultural.
• Asegurar la igualdad de oportunidades expandiendo el número de centros educativos así como su distribución geográfica y fortaleciendo el sistema de becas y ayudas.
• Promocionar la investigación y la enseñanza de máxima cualificación para mejorar la posición relativa de nuestro país en el escenario internacional en materia de ciencia y cultura, así como para fomentar entre los ciudadanos españoles el prestigio de la ciencia y de la creación cultural en general.

Inmigración Masiva

I. Reflexión previa

España, como el resto de los países europeos desarrollados, se enfrenta en la actualidad a un fenómeno profundamente determinante para su futuro como nación y como sociedad: la inmigración masiva. Esta inmigración equivale a una paulatina invasión de nuestro territorio por personas extranjeras: a la vista de las cifras que se manejan en el 2001 -280000 inmigrantes ilegales por año- no es en absoluto exagerado hablar de invasión.

Somos conscientes de que a lo largo de la Historia ha habido siempre personas que han emigrado de un país a otro, y de que las naciones no son sistemas perfectamente aislados ni deben llegar a serlo. Pero sólo en momentos excepcionales de la Historia se dan movimientos de población masivos que no obedecen a esporádicas decisiones individuales de emigración, sino a tendencias colectivas de desplazamiento en gran número y muy concentrado en el tiempo: a estos desplazamientos es a los que cabe denominar “inmigración masiva”, y, lejos de ser normales, son excepcionales y generalmente catastróficos en la historia de la humanidad.

España, como otros países europeos, sufre una inmigración masiva y continuada que amenaza con modificar sustancialmente su identidad nacional, cultural y social.

Es evidente que el fenómeno de la inmigración debe ser entendido en el contexto de la globalización capitalista. Para los teóricos liberales de la globalización, la inmigración no es más que la liberalización de la circulación de mano de obra que, junto a la libre circulación de mercancías y capitales, es un pilar de la doctrina librecambista. Paralelamente, para el capitalismo occidental la inmigración significa un aporte continuo de mano de obra dócil y barata que, provocando una superoferta de mano de obra, permite la continua reducción de los salarios reales y de las garantías laborales. Los partidos de izquierda y los sindicatos obreros, actuando como verdaderos lacayos del capitalismo global, apoyan decididamente la inmigración, traicionando con ello los intereses de los trabajadores españoles.

Los españoles sufrimos desempleo. A pesar de los retoques, las estadísticas confirman que el número de desempleados superaba en el 2001 los dos millones de personas; los datos económicos cantan: en el 2000 nuestro PIB creció en términos reales un 4.1%, mientras los salarios decrecían también en términos reales un 1.7 %. ¿Cómo es esto posible si no es por la existencia de un exceso de oferta de mano de obra, es decir, de una alto grado de desempleo?. Además, un 35 % de los españoles que trabajan lo hacen en condiciones de precariedad, con contratos temporales o a tiempo parcial. En resumen, poco más de un 50 % de los españoles que quieren trabajar tienen un puesto de trabajo satisfactorio.

Y, en estas condiciones, se permite que entren en el país casi 300000 inmigrantes anuales. La inmensa mayoría de estos extranjeros no vienen a hacer el trabajo que los españoles no quieren, como se dice. Vienen a constituir una reserva de mano de obra que permite al capital deteriorar progresivamente y en su beneficio las condiciones laborales, hasta el punto de que se ofertan empleos inaceptables para los trabajadores españoles que se niegan a renunciar a los derechos laborales conseguidos en siglos de lucha. Los españoles desplazados del mercado laboral serán sustituidos por extranjeros dispuestos a aceptar salarios y condiciones de trabajo propias de siglos pasados. Es un ataque en toda regla contra los derechos de los trabajadores españoles; un ataque que va acompañado por las oportunas reformas laborales mediante las cuales los gobernantes legalizan la nueva explotación.

Pero incluso aunque los españoles no sufriéramos desempleo, está claro que el número de inmigrantes supera con mucho, para cada periodo de tiempo, el número de puestos de trabajo que nuestra economía crea. En estas circunstancias es obligado que el grueso de los inmigrantes esté destinado al desempleo o a la delincuencia. Según datos oficiales, el índice de delincuencia de los extranjeros en España es diez veces superior al de los españoles nativos . Por otra parte, es evidente que el crimen organizado, las mafias, está estrechamente relacionado con el tráfico de inmigrantes, y es dirigido mayoritariamente por extranjeros: inmigración masiva, narcotráfico y prostitución organizada son fenómenos realmente vinculados, con independencia de que haya quien no quiera ver lo evidente.

La inmigración masiva supone, pues, una grave amenaza para la seguridad ciudadana y el orden social. Cada día más y más zonas de España se convierten en inhabitables para los españoles, que se ven rodeados de extranjeros, que además de irles robando el trabajo, alteran profundamente el orden social y la seguridad ciudadanas.

A eso hay que añadir que la mayoría de los inmigrantes proceden de países con una cultura muy diferente a la nuestra, lo que por una parte hace muy difícil su integración, y, por otra, amenaza nuestra identidad nacional y cultural, así como nuestra cohesión social. Los conflictos interétnicos e interculturales sobre nuestro suelo serán el producto inevitable de la inmigración que ya se está produciendo .

Es necesario, además, deshacer el mito de que la inmigración masiva es necesaria para que no quiebre la Seguridad Social, para que, dada nuestra baja tasa de natalidad, podamos asegurar las pensiones de los jubilados. Consideremos que, por una parte, la mayoría de los inmigrantes no se integra en los circuitos económicos legales, sino que acaba en el desempleo, en la delincuencia o en la economía sumergida. Estos inmigrantes no cotizan a la Seguridad Social ni pagan impuestos, pero sí que tienen derecho a recibir atención sanitaria y los servicios de los organismos oficiales de protección social, lo que supone un enorme gasto público. Pero incluso los inmigrantes que trabajan legalmente reciben más de lo que aportan, puesto que engrosan las franjas de trabajadores con salarios más bajos, que son los que menos cotizan y más subsidios reciben.

Además de esto, es moralmente inadmisible pretender que la solución para el envejecimiento de la población española consista en que los españoles seamos progresivamente sustituidos en nuestro suelo por extranjeros: esta inmigración de sustitución equivale a un genocidio lento y bien planificado de la nación española. La verdadera solución para el problema de la falta de natalidad y de la solvencia de la Seguridad Social está en las medidas que más adelante proponemos.

Democracia Nacional encara el problema de la inmigración masiva desde la perspectiva constituida por estos cuatro ejes:

1º) El derecho de los españoles a conservar su identidad nacional y cultural en el ámbito de su territorio.

2º) El derecho constitucional de los españoles a un trabajo digno.

3º) El derecho constitucional de los españoles a la seguridad personal y colectiva.

4º) Nuestro deber moral humanitario de socorrer a toda persona que se halle en situación de grave necesidad, cualquiera que sea su raza, nacionalidad o cultura.

De estos ejes se desprenden las medidas programáticas que a continuación se detallan.

1. Propuesta Programáticas.

• Medidas de seguridad y orden público.

1. Vigilancia eficaz de nuestras fronteras, utilizando tecnología que posibilite impedir la entrada ilegal a nuestro país.
2. Dotación de los recursos necesarios para las fuerzas de seguridad, de manera que puedan desarticular definitivamente el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana, aún en aquellos lugares en los que la presencia intensiva de inmigrantes deteriora esta seguridad. Endurecimiento de las sanciones legales en este ámbito.

• Medidas de reforma legislativa.

3. Modificación de la ley de extranjería para que resulte legalmente obligatoria la expulsión de todos los inmigrantes ilegales y de todos los que hayan delinquido, salvo en los casos en los que se trate de delitos graves que podrían quedar impunes si no son juzgados y, en su caso, sancionados en España. Anulación de los permisos de estancia y residencia posteriores a 1998.

• Modificación de la ley de extranjería para eliminar el derecho a la reagrupación familiar.

5. Modificación de la ley de extranjería para reservar el derecho de voto a los ciudadanos españoles, por entender que su concesión a extranjeros contradice la soberanía popular establecida en la vigente Constitución.

• Medidas de regulación del mercado laboral.

6. Toda intervención en el mercado laboral debe ir dirigida al cumplimiento del derecho constitucional de todo español a disponer de un puesto de trabajo en condiciones dignas. Para eso es necesario que los empresarios estén en condiciones de ofertar puestos de trabajo en cantidad y calidad suficiente. A su vez, para que esto sea posible, exigimos la adopción de tres medidas inmediatas:
7. La creación de líneas de financiación para las actividades productivas con tipos de interés nominales nulos.
8. Una bajada drástica de los impuestos sobre las actividades productivas y sus

rentas.

1. Una adecuada política de subsidios, especialmente en el sector agrícola y ganadero, modificando para ello la Política Agraria Común. Ayuda a las PYMES frente a las grandes superficies.

Esto producirá la oferta de puestos de trabajo dignos para toda la población activa española.

7. Prohibición de contratar a un extranjero mientras existan españoles dispuestos a aceptar el puesto de trabajo en cuestión.
8. Inspección exhaustiva para erradicar la contratación ilegal y la preferencia de extranjeros. Aumento de las penas para los empresarios que incumplan estas normas.
9. Si después de las medidas propuestas, existiesen aún actividades productivas para las que no se encontrara mano de obra nacional, se organizará la importación de contingentes de trabajadores extranjeros con las condiciones mínimas siguientes:
10. Tendrán que disponer de contrato de trabajo formalizado en origen.
11. Reunirán los requisitos legalmente necesarios para entrar en el país.
12. No se contratará a ningún extranjero que haya sido previamente expulsado deEspaña, o que haya delinquido en su país de origen.
13. Los visados no extenderán el permiso de estancia más allá de la duración del contrato: tanto la entrada como la salida del país se realizarán organizadamente.
14. Un permiso de estancia no será nunca razón legal para conceder un posterior permiso de residencia
15. Los trabajadores extranjeros que, a tenor de lo anterior, trabajen legalmente en España, disfrutarán de los mismos derechos salariales y laborales que los trabajadores españoles.

• Medidas de regulación de la adquisición de la nacionalidad

11. Salvo en casos especiales, aquel cuyos padres fuesen españoles en el momento en que nació, y sólo ese, tendrá derecho a la nacionalidad española.
12. Salvo en casos especiales, no se podrá adquirir la nacionalidad española a través del matrimonio o por la simple estancia prolongada en España.
13. Los casos especiales serán regulados por la ley en su momento.

• Medidas para la búsqueda de alternativas.

14. Combatir el envejecimiento de la población española y el posible deterioro, a consecuencia de esto, de las cuentas de la Seguridad Social, sustituyendo población española por población extranjera, no es un remedio admisible; la inmigración de sustitución es un genocidio planificado del pueblo español. Como alternativas proponemos:
15. Fomentar la natalidad de los españoles adoptándolas medidas que se describen el título VIII (“Familia y Demografía”) del programa de Democracia Nacional.
16. Aumentar la base de población ocupada, llevando la economía al pleno empleo según lo propuesto en el título III (“Economía y Sociedad”) del programa de Democracia Nacional.
17. Aumentar la inversión en investigación y adopción de tecnología para incrementar la productividad, de modo que cada miembro activo de la sociedad pueda mantener con menos sacrificio a más miembros pasivos.
18. Hay que buscar la cooperación con los países de donde procede la inmigración para buscar modos conjuntos de evitarlas:
19. Debe incrementarse la ayuda al desarrollo de los países del Tercer Mundo, condicionando la cuantía de esa ayuda y la condonación de su deuda externa a su compromiso de evitar la emigración y de mejorar las condiciones de vida de su población, bajo la filosofía de que es mucho mejor enseñar a pescar que dar un pez cada día.
20. Deben establecerse políticas de suspensión de ayudas contra aquellos países que fomenten o toleren la miseria, la marginación o la persecución de parte de su población, dando así lugar a flujos migratorios masivos.

• Medidas para distinguir emigrantes de refugiados.

 

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16.El inmigrante que constituye el grueso de la inmigración masiva no está en situación de grave necesidad; generalmente no es un perseguido, ni huye de guerras, ni presenta síntomas de malnutrición. El que, de manera comprobada, llegue a nuestro país huyendo de una situación de grave necesidad no debe ser considerado inmigrante, sino peticionario de asilo o refugio, y, salvo si huye de la legítima persecución de la justicia, debe ser atendido incondicionalmente por razones humanitarias. El asilo o refugio debe terminar cuando se extingan las causas que lo justificaron.

• Medidas sobre las ONGs

17. Vigilancia y en su caso intervención sobre las ONGs que desafíen la legalidad en materia de inmigración, así como desarticulación de aquellas que practiquen una injusta transmisión de recursos desde los españoles hasta los extranjeros vía subsidios.

58 MEDIDAS PARA CONTENER LA INMIGRACION Y DESACTIVAR EL EFECTO LLAMADA

INTRODUCCION

1. La inmigración se ha convertido en el principal problema que va a afrontar Europa en los próximos años. El problema se ha generado por la dejadez, las conveniencias y la complicidad de los partidos tradicionales y de los grupos de presión cuyos intereses encarnan.
2. La inmigración (llegada mayoritariamente de contingentes del Tercer Mundo a Europa) y la deslocación (instalación de industrias occidentales en el Tercer Mundo), constituyen dos elementos básicos en el actual proceso de globalización.
3. El goteo constante de los flujos migratorios, unido a sus elevadas tasas de natalidad, a las políticas de reagrupación familiar, hacen que el crecimiento de las bolsas de inmigrantes (legales o ilegales) altere profundamente, en los próximos 20 años, el sustrato étnico, cultural y religioso de Europa.
4. Sostenemos que la inmigración masiva tiene un impacto negativo en Europa y nos sitúa ante el borde del abismo. Deteriora la seguridad ciudadana, absorbe recursos asistenciales, genera tensiones y crispaciones, desfigura nuestra cultura y nuestra tradición, y supone, finalmente, la entrada masiva de ciudadanos de confesiones religiosas como el Islam que tienen otros modelos políticos incompatibles con el occidental.
5. No advertimos en la clase política española voluntad inequívoca de solucionar este problema. Como máximo declaraciones para cortar la fuga de todos aquellos votantes conscientes del problema de la inmigración. Pero medidas drásticas, contundentes, hasta ahora no ha habido ninguna. De ahí la necesidad de fijar estos 58 puntos que Democracia Nacional promueve como eje de su programa.
6. Las 58 medidas para frenar la inmigración que proponemos aquí tienen una doble finalidad: de un lado cortar radicalmente la inmigración ilegal bloqueando el “efecto llamada” y de otro invertir el flujo migratoria repatriando primero a los ilegales y regulando al máximo los contingentes de inmigración para evitar que tengan una incidencia negativa en el paro de nuestros compatriotas.

 

PREFERENCIA E IDENTIDAD NACIONAL

1.Todas las medidas que siguen se tienden a reforzar una idea-fuerza: “preferencia nacional”. El hecho de haber nacido en cualquiera de los países de la Unión Europea, el tener antecedentes familiares que hayan contribuido a construir nuestras naciones, debe ser considerado como origen de la “preferencia nacional”. Esta preferencia se pondrá de manifiesto en el derecho de preferencia de los ciudadanos de esta nación a la hora de aspirar a algún puesto laboral o beneficio social. La preferencia nacional implica simplemente: “Los españoles primero”.

OBJETIVO: BLINDAR LA UNIÓN EUROPEA

2. Las medidas reguladoras de la inmigración legal e ilegal deben tener como objetivo la preservación de la “identidad nacional”, es decir, la pervivencia en el tiempo de los rasgos propios de la cultura occidental y de las culturas nacionales en los países de la Unión Europea. Los contingentes migratorios pueden poner en peligro esa “identidad nacional” al haberse demostrado la imposibilidad de lograr su integración, pertenecer a culturas y mentalidades diferentes de la europea y, finalmente, al tener unas tasas demográficas más altas que las de los nacionales.
3. Los gobiernos de la Unión Europea deben poner todos los medios a su alcance para cortar radicalmente, de una vez y para siempre, la invasión que están sufriendo sus estados miembros por parte de legiones de inmigrantes indocumentados. Fuerzas policiales, fuerzas armadas, servicios de inteligencia y sistemas electrónicos deben ser puestos en marcha para bloquear la invasión de ilegales. Pero también debe habilitarse una legislación de emergencia que facilite las repatriaciones y desactive el efecto llamada.

INMIGRACIÓN ILEGAL: EXPULSIÓN INMEDIATA

4. La llegada a España sin la debida documentación es un acto ilegal que debe ser perseguido de oficio. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Todo inmigrante ilegal llegado a nuestro territorio sin la documentación correspondiente será inmediatamente devuelto al país del que partió, sin más dilación y una vez sea localizado.
5. El hecho mismo de aparecer en la Unión Europea sin la documentación adecuada supone una infracción que genera una consecuencia inmediata: la repatriación.
6. No será tenida en cuenta más que en aquellos casos en donde sea relevante y demostrable, la condición de “refugiado político”. El “estatuto de refugiado político” no puede ser tenido como “coladero” para retrasar la expulsión.
7. Declararse fraudulentamente perseguido político o ciudadano de un Estado que no es el propio, falsificar los datos sobre la propia identidad se considerarán delitos extremadamente graves y serán castigados con la expulsión inmediata e inapelable y con la prohibición de por vida de retornar al territorio de la Unión.

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION DE EXTRANJERIA

8. Todo inmigrante que pretenda trabajar en España debe entrar en nuestro país con los permisos concedidos, demostrar un dominio mínimo del idioma mediante examen realizado por las autoridades de extranjería y lugar de residencia.
9. Los inmigrantes que se acojan a los cupos deben entregar sus solicitudes en las delegaciones consulares de nuestro país en el extranjero. No puede haber ningún tipo de excusa para infringir esta norma.
10. Las oficinas de las Delegaciones del Gobierno destinadas a recoger documentación de extranjeros para su legalización en nuestro territorio deben atender sólo a renovaciones de permisos, no a su concesión.

SOBRE LA TEMPORALIDAD DE LA INMIGRACIÓN

11.La concesión del permiso de residencia y de trabajo no pueden ser cartas en blanco para toda la vida. Deben estar sometidas a revisión anual permanente: el inmigrante debe demostrar que dispone de medios lícitos de vida, sigue trabajando en alguna empresa y cotiza a la seguridad social regularmente.

12. El cese de la cotización por un período de 90 días implicará el pase a la situación de irregular y la repatriación. La situación de paro, una vez termine la percepción del seguro de desempleo, implicará la repatriación inmediata. CONDICIONES PARA INGRESAR EN EL TERRITORIO DE LA U.E.
13. Los inmigrantes que deseen ingresar en el territorio de la Unión serán sometidos a un riguroso examen médico en el Consulado Español del país de origen. Se les practicarán pruebas necesarias para evidenciar que no padecen enfermedades o virus tropicales, enfermedades infecciosas, o aquellas dolencias que les impidan desarrollar normalmente el trabajo.
14. El inmigrante para ser admitido en la Unión Europea debe realizar una declaración jurada en la que acepta acatar las instituciones políticas europeas y no conspirar contra ellas. Infringir esta declaración jurada será objeto de repatriación inmediata.
15. Será condición previa para ingresar en España el dominio de la lengua española y de la legislación española constatado mediante un examen.
16. Se favorecerá la presencia de una inmigración cualificada profesionalmente para el ejercicio de la profesión que se ha venido a desempeñar. Se exigirá certificado que demuestre que el aspirante a un permiso de residencia y trabajo conoce el oficio o la profesión que viene a desempeñar.

EXAMEN DE CONDUCCIÓN PARA INMIGRANTES

17. Los Carnés de Conducir de los países de origen no serán considerados validos en el territorio de la Unión. Los inmigrantes que deseen tener acceso al Carne de Conducir deberán realizar el mismo examen teórico y las mismas pruebas preceptivas que vienen realizando los ciudadanos de cada país de la Unión.

MOTIVOS DE REPATRIACIÓN

18. El fraude a la seguridad social, la simulación de enfermedades, el fraude en las cotizaciones, serán considerados como motivos suficientes para la repatriación inmediata, a parte de las responsabilidades penales que puedan dar generar.
19. La falsificación de cualquier documento a fin de obtener la regularización, el fraude de ley y la simulación de situaciones contractuales serán motivo de repatriación inmediata, a parte de las responsabilidades penales que puedan dar generar.
20. La participación en acciones de protesta y ocupaciones colectivas, exigiendo derechos no contemplados en la legislación de extranjería, serán objeto de repatriación inmediata, salvo que sean asumidas y protagonizadas por las organizaciones sindicales reconocidas y presentes en la vida sindical española.
21. La permanencia en España tras haber agotado el visado turístico será automáticamente motivo de repatriación con prohibición expresa de retornar a la totalidad del territorio de la Unión.
22. La defensa de ideas y planteamientos políticos o religiosos, contrarios al ordenamiento legal y a la Constitución serán perseguidas de oficio y las infracciones castigadas con la repatriación y prohibición de retorno a la totalidad del territorio de la Unión.

ATAJAR LA VIOLENCIA DOMESTICA

23. El ejercicio de la violencia domestica será motivo de expulsión inmediata en cuanto se cumpla la condena penal a que se hace acreedor el maltratador.

LIMITACIÓN A LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL INMIGRANTE

24. Los inmigrantes con permiso de residencia serán considerados extranjeros residentes en el territorio de la Unión y, por tanto, no contarán con derechos políticos. Sin embargo podrán organizarse en asociaciones culturales y para la defensa y promoción de sus intereses. Así mismo les serán reconocidos plenos derechos sindicales.

LIMITACIÓN A LAS REAGRUPACIONES FAMILIARES

25. Las reagrupaciones familiares no se admitirán antes de que se cumplan los 3 años de cotización a la Seguridad Social. En caso de querer acceder al mercado de trabajo, el cónyuge o los hijos, si tienen edad, deberán entrar con contrato de trabajo. En caso contrario, el solicitante deberá demostrar que puede mantener con sus ingresos a su mujer e hijos.

INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA

26. Cualquier inmigrante que haya sido detenido por haber cometido un delito será expulsado inmediatamente cumpla su plena de cárcel y, mediante el trabajo penitenciario, pague las indemnizaciones civiles a que hubiera lugar y los gastos de repatriación, sólo en ese caso tendrá acceso a beneficios penitenciarios de reducción de condena.
27. La condición de inmigrante implicará necesariamente un juicio rápido sin posibilidades de libertad bajo fianza.
28. El cumplimiento de la condena se realizará íntegramente y será puesto en libertad en la frontera o en vuelo de destino a su país.
29. La comisión del primer delito o falta implicará necesariamente la imposibilidad de alcanzar el permiso de residencia.

SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LOS NIÑOS-DELINCUENTES

30. Se establecerá una legislación especial para los niños delincuentes habilitándose departamentos para jóvenes en centros de menores cerrados.
31. El niño delincuente, podrá evitar la estancia en el centro de menores tras el primer delito, optando por la repatriación inmediata; de lo contrario, tras la estancia sentenciada por el juez en un centro de menos cerrado, será entregado a las autoridades consulares del país de origen las cuales tendrán el compromiso de entregarlo a sus padres en su país.
32. El hecho de que el menor se niegue a explicar cual es su país de origen, no será razón para imposibilitar la repatriación. Se realizarán las averiguaciones pertinentes para establecer el origen y se entregara al menor en la oficina consular más próxima del país de origen.

CONTROL A LA DIFUSIÓN DEL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO

33. Se pondrá particular énfasis en el control a la difusión del Islam fundamentalista y radical en el territorio de la Unión Europea, con prohibición expresa de difundir doctrinas de odio, revancha, guerra santa u oposición a la ordenación política vigente.
34. La religión islámica no gozará de ninguna subvención, estatuto jurídico o derecho especial, mientras los países árabes no actúen con reciprocidad ante cultos cristianos.
35. La ablación del clítoris, será perseguida con particular énfasis por las distintas autoridades de la seguridad del Estado, aplicándose todo el peso de la ley a los familiares de la víctima, los inductores religiosos de la mutilación y a los ejecutores materiales de la misma.
36. Se prohibirá el uso de público de prendas ostentosas de carácter religioso, por personas no consagradas a la vida religiosa.
37. La poligamia será perseguida en todo el territorio de la Unión Europea, siendo una condición expresa para la concesión del permiso de residencia el disponer de una sola esposa.

LIMITACIONES A LA LIBRE CIRCULACIÓN

38. Los inmigrantes, en tanto que no son ciudadanos de la Unión Europea, carecen del derecho a la libre circulación de personas en su interior. El “Espacio Schenguen” no debe regir para la inmigración no europea que estará sometida a controles fronterizos. El permiso de trabajo de un inmigrante es concedido por el consulado de una nación de la UE y restringido a esa misma nación, con prohibición expresa de pasar a otra sin comunicarlo previamente.

LIMITACIONES A LAS AYUDAS SOCIALES Y BECAS

39. Los contingentes de inmigración sólo podrán acceder a las ayudas sociales y becas en un porcentaje nunca mayor del doble del porcentaje de inmigrantes que exista en esa provincia. Si en una provincia concreta, la inmigración representa un7%, nunca se les podrá conceder ayudas a más de un 14% en becas, ayudas alimentarias, etc.

CONTROL SOBRE GRUPOS NACIONALES CONFLICTIVOS

40. Los servicios de seguridad del Estado someterán a vigilancia particular a aquellos grupos nacionales de inmigrantes que demuestren una particular conflictividad y unas tasas superiores y anómalas de delincuencia.
41. Se endurecerán las medidas de admisión a inmigrantes procedentes de nacionalidades que estadísticamente se compruebe que aportan una mayor conflictividad. Este endurecimiento puede llegar a la prohibición total en caso de persistir la conflictividad de algunos grupos nacionales.
42. Se favorecerá, en cambio, la presencia de contingentes inmigrantes cuya conflictividad sea nula, aceptable o casi inexistente.
43. Las fuerzas de seguridad del Estado pondrán especial énfasis en la desarticulación de las redes de prostitución. Se establecerá una legislación especial que contemple el agravante de inducir a la prostitución a inmigrantes, traerlas al territorio de la Unión Europea para ejercer la prostitución y facilitarles el trabajo en esa dirección.

INMIGRACIÓN LEGAL: PREFERENCIAS

44. En caso necesario se favorecerá la entrada de inmigrantes procedentes del exterior por este orden, atendiendo a su origen:

• la procedente de países europeos y especialmente de los países del Este, recién ingresados en la UE o en negociaciones para entrar en la UE.
• La procedente de países latinoamericanos, primando a aquellos países cuyos contingentes residentes en España hayan demostrado ser los menos conflictivos, la procedente del Sáhara y Guinea Ecuatorial.
• La procedente de países del entorno mediterráneo, siguiendo el mismo criterio: se pondrán limitaciones a países que hayan dado lugar a contingentes migratorios conflictivos frente a aquellos otros que no hayan generado conflictos.
• La del resto del mundo.

LUCHA CONTRA LAS MAFIAS

45. Se cuidará particularmente que en los pisos ocupados por los inmigrantes no se produzcan situaciones de hacinamiento. Las condiciones higiénicas deben ser las habituales en un hogar europeo. Aquellos que permitan o encubran situaciones de hacinamiento serán llevados ante los tribunales.
46. Facilitar el tráfico de seres humanos, la inmigración ilegal y falsificar papeles para obtener la residencia, en tanto que contribuyen a agravar el problema serán considerados como delitos de gravedad extrema y castigados como tales. Así mismo se procederá de manera contundente y disuasiva ante las bodas de conveniencia y los fraudes en la contratación.
47. La creación de mafias, bandas y grupos criminales, se castigará con particular dureza, en especial aquellas que se dediquen a tráfico de drogas, introducción de inmigrantes ilegales y robos con intimidación. Las penas se aplicarán en su grado máximo y sin posibilidades de remisión.

PARA EVITAR EQUIVALENCIAS PARO – INMIGRACION

48. Se tenderá a la repatriación de los contingentes de inmigración en cuanto el mercado laboral sufra una alteración a la baja. No es el azar ni la voluntad de los inmigrantes lo que debe tenerse en cuenta, sino las oscilaciones del mercado laboral y las necesidades de la comunidad nacional.

FRENTE AL FRACASO DE LA INTEGRACIÓN: CONTROL TOTAL DE FLUJOS

49. Las políticas de integración y asimilación que han fracasado en todo el territorio de la Unión Europea, deben ser sustituidas por la política de “control total” y “contención” de los flujos migratorios y “tolerancia cero” en relación a la inseguridad generada por el fenómeno.
50. Se evitarán por todos los medios que la concentración de población inmigrante supere el 10% en cada ciudad o barrio. En cuanto se supere este porcentaje: ese municipio quedará cerrado para la instalación de nuevos inmigrantes. Tan solo demandas muy concretas de distintos sectores económicos, motivadas por necesidades reales y objetivas, pueden alterar este porcentaje.

FAVORECER LA INMIGRACIÓN ESTACIONAL

51. Se tenderá a una inmigración estacional, que permanezca en nuestro país aquellos meses de recogida, siembra en el sector agrario, o los veranos en el sector turístico. De común acuerdo el Estado y la Patronal de cada sector implicado financiarán los medios de acceso y retorno de los inmigrantes que vengan a trabajar en esos cupos.

SANCIONES A LOS PAÍSES QUE FACILITEN LA INMIGRACION

52. Los países que favorezcan la inmigración masiva serán excluidos de cualquier tipo de ayuda comunitaria. Para poder recibir este tipo de ayudas o un trato comercial preferencial será necesario cumplir estrictamente los acuerdos internacionales sobre flujos migratorios y colaborar en la repatriación de los inmigrantes ilegales.
53. Será considerado como un acto hostil a España y a la Unión Europea la actitud de gobiernos que favorezcan voluntariamente el desvío de inmigrantes a Europa o el envío de medios, drogas, armas, propagandistas y ayudas que puedan suponer un foco de tensión de estas comunidades con el pueblo y el gobierno de la UE.

SOBRE LA DOBLE NACIONALIDAD

54. El hecho de nacer en el territorio de la Unión Europea no puede implicar automáticamente la obtención de la nacionalidad comunitaria; los nacidos en el territorio de la unión, hijos de inmigrantes no europeos, tendrán la nacionalidad de los cónyuges. Es la nacionalidad de la familia de origen la que determina la nacionalidad del nuevo nacido y no el hecho accidental de haber sido alumbrado sobre el territorio de laUnión.
55. En el caso de matrimonio mixto, se concederá al recién nacido la doble nacionalidad, pero con una limitación: podrá perder la nacionalidad española en caso de que sea declarado culpable de delitos por tribunales de la Unión Europea y en el caso de matrimonios de corta duración, cuando tenga entre 12 y 25 años. En todos estos casos, si no concurre alguna situación especial, se concederá la custodia del niño al cónyuge de origen español, salvo por incapacidad o inadecuación notoria.

INMIGRACIÓN ILEGAL Y ASISTENCIA MÈDICA

56. La Unión Europea asume los costos de asistencia médica de los inmigrantes en situación de ilegalidad, sin ningún tipo de restricción. Pero este criterio humanitario no debe impedir considerar la situación de ilegalidad en que se encuentran con las implicaciones de repatriación inmediata tras el alta médica. APOYO AL TERCER MUNDO: QUE NO SEA UN CHEQUE EN BLANCO
57. La inversión en países del tercer mundo emisores de inmigrantes no puede ser un cheque en blanco para las oligarquías locales. Desde el inicio de la descolonización la mayor parte de la ayuda concedida a determinados países del Tercer Mundo ha ido a parar a las cuentas cifradas de los oligarcas y caciques. Las nuevas ayudas sólo podrán entregarse a cambio del control, seguimiento y optimización de esas inversiones.

CONTRA LA “DISCRIMINACIÓN POSITIVA”

58. Cualquier medida que pueda ser considerada como “discriminación positiva” que menoscabe el derecho de los españoles a la prioridad en los puestos de trabajo y en las ayudas sociales, debe ser prohibida en cualquier nivel de la Administración y del Estado.

TODAS ESTAS PROPUESTAS ESTAN MOTIVADAS POR CINCO NECESIDADES:

1.-Necesidad de abordar una política contención de la inmigración masiva.

 

2.-Necesidad de preservar la identidad de los países de la Unión Europea y de la cultura occidental.

3.-Necesidad de defender los derechos de los nacidos en España y en cada uno de los países de la Unión.

4.-Necesidad de mantener la estabilidad en el empleo, la seguridad ciudadana, y la estabilidad social y política en nuestro territorio.

5.-Necesidad de regular los flujos migratorios para –junto con otras medidas como las restricciones a la libre circulación de capitales y las políticas de protección arancelaria- minimizar y desactivar el impacto del proceso de globalización

 

Resolución del IV Congreso de Democracia Nacional sobre el conflicto con Marruecos.

El pleno del Congreso de Democracia Nacional

PIDE

La declaración de Marruecos como enemigo geopolítico de España, mientras no renuncie a la política expansionista inspirada del «Gran Marruecos», teorizada por el Istiqlal y asumida por la monarquía alhauíta.

DENUNCIA

El rearme marroquí (20 cazabombarderos F-16 y miles de armas ligeras y cañones sin retroceso comprados en el 2001, 2 escuadrones de helicópteros de combate) financiado por las monarquías corruptas del Golfo Pérsico y que suponen una amenaza contra España.

DECLARA

La necesidad de combatir el narcotráfico marroquí promovido desde las más altas instancias del vecino país, en la medida en que a pesar de ser el «haschisch» una «droga blanda» es el camino de acceso a cualquier «droga dura» y destruir los campos de cultivo de esta droga.

CONSIDERA

Al millón y medio de inmigrantes marroquíes en el seno de la Unión Europea como ciudadanos de un país hostil y que deben necesariamente ser controlados por los servicios de seguridad de nuestros Estados.

EXIJE

El cese inmediato de las ayudas, acuerdos preferenciales y programas de cooperación mutua con Marruecos, mientras este país no abra sus caladeros a los barcos de pesca de la U.E.

SOLICITA

El compromiso de la U.E. de apoyo a la defensa de la presencia española en África, el compromiso de no colaborar en el rearme y en la política belicista de Marruecos y compromiso de defensa europea común en caso de ataque de ese país.

RECHAZA

La intromisión americana en el conflicto de Isla Perejil que supone la intervención de una potencia exterior al problema y que en el momento actual privilegia la penetración en los países del Magreb y el hecho de que son precisamente los países árabes aliados de EE.UU. los que están financiando el rearme marroquí.

CONFLICTO MARROQUI

Propuesta Programáticas.

• Movilización nacional en defensa de los territorios y de las poblaciones españolas en

África: Ceuta, Melilla, Islas adyacentes y Archipiélago Canario.

• Negociar con Marruecos sólo desde una postura de fuerza que ponga contención a las aspiraciones expansionistas marroquíes. Declaración institucional de la consideración de estos territorios como “no negociables” en ningún aspecto.
• Aislamiento internacional de Marruecos mientras no impulse la democratización del país, la extensión de un régimen de justicia social y libertades, la igualdad de las mujeres y el derecho de los marroquíes a tener un futuro en su propia tierra.
• Solicitamos que las NN.UU. presionen a Marruecos para que cumpla con la resolución de este organismo sobre el referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental.
• Medidas internacionales contra el tráfico de drogas y de inmigrantes promovido por el reino de Marruecos. Destrucción de los cultivos de droga en Marruecos. Desarticulación de los carteles del narcotráfico marroquí.
• Exigencia a los inmigrantes marroquíes en el seno de la U.E. de formular un juramento de lealtad a las leyes de los países de acogida. Elaboración de medidas de control sobre este colectivo procedente de un país hostil. Aumento de la vigilancia sobre el Estrecho, Lanzarote y Fuerteventura para cortar el tráfico de pateras. Repatriación inmediata y sin dilación de los inmigrantes marroquíes ilegales.

Y por todo ello

PROCLAMA

• Marruecos constituye una amenaza a la seguridad ciudadana a través del anómalo porcentaje de delincuentes magrebíes en relación a la población de inmigrantes magrebíes en España.
• Marruecos constituye una amenaza a la seguridad nacional a través de su estrategia expansionista del «Gran Marruecos».
• Marruecos constituye una amenaza a la salud pública permitiendo el cultivo y transporte de haschisch autorizado, permitido y promovido por las clases dirigentes del vecino país.

− Marruecos constituye una amenaza a la economía nacional a través del tratado preferencial con la UE, a su exportación masiva de cítricos y al cierre de sus caladeros de pesca.

TU NACIÓN, TUS DERECHOS: diez propuestas básicas

Patria

1. Lucha eficaz contra el separatismo y el terrorismo; persecución legal urgente de la actuación anticonstitucional del gobierno separatista vasco.
2. Alto a la invasión inmigratoria. Repatriación de los ilegales, y de los delincuentes tras el cumplimiento de su pena. Colaboración con los países de origen. Condonación condicionada de su deuda externa.
3. Recuperación de la soberanía y la identidad nacionales: Confederación Europea como alternativa a la actual U.E. Abandono de las instituciones mundialistas del capitalismo global: FMI, BM, OMC, OTAN … Formas alternativas de colaboración internacional. Defensa de nuestra cultura; rechazo de la americanización.

Economía social

4. Hacia el empleo pleno y digno: ayuda a los inversores directos con bajadas drásticas de impuestos y tipos de interés nulos, para que creen puestos de trabajo abundantes y dignos para los españoles. Sustitución del I.A.E. por tasas que no graven directamente la creación de empleo.
5. Reforzamiento de la protección social y anulación de las reformas laborales que permiten el empleo precario. Aumento drástico de las ayudas económicas a la natalidad de las familias españolas, y condiciones de trabajo especiales para las mujeres que deseen ejercer la maternidad. Abaratamiento de la vivienda.
6. Protección de nuestra economía frente a la competencia desleal exterior, y protección del pequeño comercio frente a la competencia desleal de las grandes superficies.Imposición de una tasa fiscal sobre el capital especulativo.

Democracia

7. Ruptura del monopolio político que establecen: financieros-grandes partidos-grandes medios de comunicación. Formas de participación más democráticas e igualdad real de oportunidades para que se impongan los verdaderos intereses del pueblo español.
8. Libertad efectiva de opinión, expresión y manifestación; alto a la dictadura cada vez más represiva de lo “políticamente correcto”.
9. Sin seguridad ciudadana no hay verdadera libertad ni democracia: erradicación de la delincuencia creciente, del poder cada vez mayor de las mafias, así como de la corrupción política y económica.

Ecología

10. España se desertiza: plan de urgencia para la recuperación de nuestro territorio, repoblación forestal y racionalización de los recursos hídricos. Fomento de la economía ecológica. Respeto escrupuloso de los acuerdos de Kyoto.