Artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.

Artículo 12 de la misma Declaración:

“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Artículo 17:

“1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente; 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”.

Viene este recordatorio a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que está sujeta nuestro Gobierno, a cuenta de la reciente sentencia que ha condenado a 8 años de cárcel a D. José Lomas, un jubilado español de 77 años el día de los hechos, por defenderse de un ataque a su integridad física, a la inviolabilidad de su domicilio, a su propiedad y a su honra por parte de un delincuente de origen hondureño con numerosos antecedentes penales.

No es el primer caso que tenemos en España en el que el Estado, a través de la acción legislativa del Congreso de los Diputados, de la acción judicial del Poder Judicial y de la acción ejecutiva del Gobierno, niega y deniega el derecho a la legítima defensa de un ciudadano ante la violación de los Derechos Humanos padecida, derechos que deberían ser escrupulosamente preservados por nuestro Estado.

José Lomas

Recientemente también un anciano de 83 años ha sido condenado por la Audiencia de Palma de Mallorca por matar de un disparo al ladrón que entró en su casa de madrugada, agrediéndole a él y a su esposa.

Por el contrario, una noticia del 25 de abril de este año recoge la absolución de un joven marroquí de 25 años por matar a su capataz de 27 en el tajo de aceitunas donde ambos trabajaban, al apreciar la Audiencia Provincial de Jaén la eximente completa de legítima defensa, Sentencia ratificada posteriormente por el TSJA.

Recordaremos también la sentencia en primera instancia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Zaragoza contra Rodrigo Lanzas por matar a D. Víctor Laínez a golpes por llevar unos tirantes con la bandera de España, sentencia que aceptaba la eximente parcial por legítima defensa al considerar que se había defendido de una agresión anterior con la sola declaración del acusado, condenándole solo a dos años de cárcel. Esta sentencia fue posteriormente revocada por el TSJA, eliminando esta eximente y aumentando la pena.

En todos estos casos la culpabilidad o no del acusado ha sido decidida por un jurado popular, y uno no puede sino preguntarse cómo es que siempre que se trata de un ciudadano indefenso el que se defiende en su hogar es encontrado culpable de homicidio y en cambio cuando se trata de un miembro de alguna “minoría” racial o ideológica siempre resultan absueltos.

Víctor Lainez y Rodrigo Lanzas

Debemos sospechar de la manera como se seleccionan los miembros del jurado, así como de las preguntas que el tribunal les dirige para que las contesten y lleguen a la conclusión dirigida que se pretende. La celebración de estos juicios con jurado popular son mas bien unos Tribunales Populares dirigidos desde el Estado para dar una imagen de imparcialidad que difiere notablemente de lo que el pueblo realmente opina cuando suceden estos hechos cada vez más frecuentes.

El Estado, con sus tres poderes, El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial nos está mandando un mensaje muy claro: Tú no tienes derecho por tu propia dignidad e integridad como ser humano a la propiedad, a tu integridad física, a la inviolabilidad de tu domicilio, a tu honra y tu honor, sólo el Estado te concede esos derechos de manera temporal y arbitraria si cumples ciertas normas, sólo el Estado defenderá esos derechos que te otorga cómo y en la forma que él diga. En definitiva: no tendrás nada y serás feliz.

Este próximo lunes 8 de mayo tendrá lugar en la Puerta del Sol de Madrid, a las 20 h una concentración convocada por “Una Policía para el siglo XXI” para pedir el indulto para D. José Lomas, y para denunciar la situación de indefensión en que se encuentra la propia policía a la hora de actuar ante hechos violentos por la aplicación de esa eximente de legítima defensa.

Es el momento de apoyar estas reivindicaciones olvidándonos del comportamiento cuestionable que esta misma policía ha tenido con el ciudadano durante la pandemia o las más recientes cargas policiales contra los pacíficos ciudadanos que se manifestaban contra el gobierno en la calle de Ferraz. También debemos aconsejarle a esta policía que no se queden en meras reivindicaciones estéticas y cortoplacistas y vayan al meollo de la cuestión.

No es cuestión de reivindicar más chalecos antibalas y más pistolas eléctricas para proteger la integridad física el delincuente. No es momento de ejercer acciones defensivas ante el avance de las nuevas formas de delincuencia importada. Es el momento de exigir herramientas coercitivas y punitivas radicales, armamento más potente, y un cambio del discurso imperante para que los delincuentes no gocen de los derechos humanos que ellos y el Estado nos niegan a los ciudadanos.

Porque sin seguridad no hay libertad.

Luis Mateos de Vega (Secretario de Organización de Democracia Nacional)