La Vicepresidenta y Consejera de Igualdad del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, acaba de presentar una de sus propuestas estrella de la legislatura: la renta básica para personas con muy pocos recursos. En principio, así leído poco habría que objetar ante una ayuda destinada a apoyar a la gente que peor lo está pasando con la crisis. El problema llega cuando leemos la letra pequeña de la propuesta, que nos lleva a la situación de siempre: las ayudas serán pagadas con el trabajo de la población española y serán en su mayoría para población extranjera.

Para empezar, se amplían las condiciones para recibir la ayuda. De entrada, incluso los inmigrantes ilegales podrán tener acceso a la misma, con la condición de llevar más de un año empadronado en la Comunidad Valenciana y tener más de 18 años. Oltra tiene la poca vergüenza de decir que esto “no creará efecto llamada”, algo evidentemente falso. Llueve sobre mojado, la misma Oltra ha liderado el movimiento valenciano para traer al máximo número de “refugiados” musulmanes a Valencia. Si a eso le sumamos la tercermundización del mercado laboral valenciano en diversos sectores y la cada vez mayor islamización de la comunidad, el efecto llamada está garantizado.

La ayuda consta de dos partes. La primera una renta complementaria para aquellos cuyos ingresos (por trabajo o por prestación) sean un 80% del salario mínimo. Por otra parte, una renta de inclusión que se cobrará en función de lo que decidan los servicios sociales de cada ayuntamiento y que podrá llegar hasta los 532 euros. Es decir, que un inmigrante ilegal empadronado podrá cobrar hasta 532 euros mensuales. Pero es que para aquellos que cobren esta ayuda y no cumplan las indicaciones de los servicios sociales no se les quitará la ayuda. Sólo se les bajará hasta los 266 euros. Además, los que cobren esta renta de inclusión tendrán acceso automático a otras ayudas autonómicas, como la beca comedor, plaza en una escuela infantil pública o ayudas al transporte o al alquiler, en el caso de requerirlas.

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Nos parece que no vamos mal encaminados si pronosticamos que la inmensa cantidad de estas ayudas van a ser para inmigrantes, en especial musulmanes. Para rematar el despropósito, las ayudas serán indefinidas, sin tiempo límite, y aunque haya más de una familia empadronada en un inmueble podrán cobrar la ayuda. Ya es de sobra conocida la picaresca entre muchos extranjeros que se empadronan en gran número en mismo domicilio e incluso aquellos que lo hacen para cobrar ayudas como esta y luego se van a su país de origen y siguen cobrando la ayuda. Nada de esto ha impedido a Mónica Oltra y a su gobierno aprobar una ayuda como esta provocando un efecto llamada en una Comunidad con más de un 20% de paro, con cada vez más deuda y más impuestos y un mercado laboral a punto de estallar.

Mónica Oltra forma parte, junto a Pablo Iglesias, Ada Colau o Alberto Garzón, de la “generación Soros”, todos esos políticos de la ultraizquierda controlada que fueron lanzados al estrellato en el año 2011 por La Sexta y el resto de televisiones para canalizar todo el descontento popular en España hacia opciones izquierdistas y anti-españolas. En la Comunidad Valenciana había un segundo motivo para esta operación: crear un gobierno izquierdista-separatista que incluyera a medio plazo a esta región en los “Países Catalanes”. No podemos decir que sus antecesores del PP en el cargo fueran mejores. Corrupción aparte, la política de inmigración del PP valenciano fue un absoluto desastre, siendo este partido el principal culpable de la entrada masiva de inmigrantes y de la islamización de la Comunidad, con el presidiario Rafael Blasco como su principal exponente.

Recordamos que en pocos meses el Régimen-78 quiere traer a 18.000 “refugiados” musulmanes a España. Sus primos hermanos están sembrando el terror por toda Europa y es más que previsible que aquí pase lo mismo. Con el efecto llamada de esta ayuda y con la islamización de la región muchos vendrán a la Comunidad Valenciana. Si los valencianos no reaccionan lo van a pasar muy mal.

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