“Dame el control sobre el dinero de una nación y no me importará quién redacte sus leyes” , dijo Mayer Amschel Rothschild, banquero alemán de origen judío, fundador de la dinastía Rothschild (1744-1812). Independientemente de su confesión religiosa, la cual no me pronunciaré ni a favor ni en contra, es una religión existente más, dentro de esta sociedad, prefiero quedarme con la cita extrapolable a la situación actual mundial. Ya lo creo que importa, quién y cómo redacte sus leyes. Concretamente las leyes económicas actuales españolas: ¿Cómo es posible, que mediante Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, las empresas pudieran alegar como causa de fuerza mayor para realizar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) enfermedad o situación de Coronavirus y en los posteriores 10 días más tarde, esa misma causa no fuese aceptada a trámite por la Administración Pública?
Esta actuación se encuentra recogida en los Reales Decretos Ley 9/2020, 10/2020 y siguientes. En el propio anexo del Real Decreto Ley 10/2020, se reguló un listado sobre las actividades fundamentales para la Economía, las cuáles podían desarrollarse libremente y sin restricciones. ¿Qué sucedió con el resto de sectores económicos y sus trabajadores? Negocios cerrados y sus ciudadanos en localización permanente en sus domicilios. Mientras tanto, sus economías se iban empobreciendo. Los ciudadanos, en el mes de marzo, cedieron voluntariamente sus derechos fundamentales, tal y como expliqué en el artículo anterior (La Ley y El Coronavirus). Ya que mediante un Estado de Alarma, los derechos fundamentales solo pueden limitarse, nunca suspenderse. Por tanto, el poder público tiene que ceder y prebendar a sus ciudadanos.
Como afirmaba Rousseau, por el contrato social existente entre el gobernante y los ciudadanos, éste se compromete a salvaguardar los intereses fundamentales de sus gobernados. En este caso, sanitariamente, no ha sido así. Mascarillas no homologadas compradas a China ¿control sanitario masivo de la población? Inexistente. Falta de suficiente investigación científica previa. Falta de material médico. Y a cambio de una mala gestión sanitaria ¿qué se le ofrece al ciudadano y al trabajador sanitario por parte de la Administración del Estado? Aplausos. Medios, voluntades políticas y tecnocracia, no. Solo aplausos. En el artículo anterior, también me referí a los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal: ERTEs, que han tenido que aplicar miles de empresas. Vuelvo a retomar el asunto con unas declaraciones de la Ministra de Trabajo, que recogía Okdiario, en fecha de 17/05/2020:
“Yolanda Díaz retrasa el pago de ERTES hasta el 10 de junio por falta de liquidez”. Por otra parte, a fecha de 20 de mayo 2020, en el programa de Susana Griso, se hacía saber por organismos oficiales, que el SEPE, en vez de a hacer frente a sus obligaciones al mes siguiente, se iba a pagar a una semana vista para agilizar los trámites. Y con ello, se pagarán con mayor rapidez prestaciones de desempleo. Se suele decir que “del dicho al hecho hay un buen trecho”. Veremos. Se van a intentar ir desgranando estas afirmaciones, con cifras económicas contrastadas y estudiadas y que cada lector saque sus propias conclusiones.
Las colas del hambre, estampa ya habitual en la España de hoy
Simplemente se van a exponer fuentes y datos económicos para ver a futuro qué podría cumplir el Gobierno y de qué modo. Según el diario económico Expansión, en fecha de 19 de mayo de 2.020 se expone: “La deuda de las administraciones de la Seguridad Social se mantuvo en 55.025 millones de euros”. Es decir, que la Seguridad Social le debe al Gobierno de la Nación 55.025 millones de euros. Dicho de otra manera, en enero existían 19.164.494 de afiliados a la Seguridad Social (cotizantes) frente a 8.807.128 de pensionistas (recibidores de una pensión de la Seguridad Social, independientemente de su tipo de naturaleza jurídica). Sacando el ratio, su resultado equivale a: 2’17 cotizantes o acreedores a la caja de la Seguridad Social por cada pensionista o deudor frente a la Seguridad Social. Ello lo convierte en un sistema económico insostenible teniendo en cuenta no solo el propio ratio de 2’17 personas que aportan frente a una que recibe, sino la deuda arrastrada ya mencionada. Obviamente, esta fechoría económica no se produce en un mes ni en un trimestre, sino que es consecuencia de una desastrosa gestión económica sobre los fondos públicos durante años. Por otra parte, y siguiendo la línea de datos macroeconómicos, tras varios seguimientos de la Bolsa en sus índices de IBEX 35, voy a ir comparando datos del IBEX 35 en fechas actuales con la misma fecha de los peores años de la vigente crisis económica: 2009 y 2011.
El día 19 de mayo del presente año, la Bolsa cerró en 6.779 puntos. El mismo día de mayo en el año 2009 se cerró la sesión en 13.410 puntos y en el año 2.011 en fecha de 19 de mayo se cerró 5.023 puntos. Si, por ejemplo, tomo datos del día 15 de abril del presente año, se cierra la sesión con 6.839 puntos. Siguiendo la misma línea argumental, comparo con el día 15 de abril del año 2009 y la sesión se cerró con 8.711’9 puntos. Vuelvo a tomar el cierre de la sesión a fecha de 15 de abril pero del año 2.011 y resulto en un cierre de 10.558’6 puntos bursátiles. Explicado de otra manera, cómo todos conocen, en el IBEX cotizan las 35 sociedades anónimas, con mayor peso económico en el Sistema de valoración Bursátil español. Estos puntos no solo afectan a estas 35 empresas. Cojamos cualquiera de ellas, por ejemplo, ACS constructora. Las pérdidas bursátiles que está sufriendo esta empresa le va repercutir a ella en costes, pero obviamente, esta empresa tiene subcontratos con otras empresas, proveedores y toda una línea empresarial que por distintas circunstancias van a sufrir igualmente esos costes.
La deuda de España es imposible de pagar
Tal vez, con un supuesto de laboratorio económico mucho más cercano, se entienda mejor: Imaginemos que General Motors estuviera cotizando en IBEX 35 en este momento. Bien a cierre de sesión, esa reducción de peso económico, no solo afectaría a las propias fábricas de PSA Group (Opel, Peugeot, Citroen) instaladas en España y por ende a sus propios trabajadores directos. Afectarían directamente a empresas terceras que cuelgan de este grupo empresarial: proveedores, logística, transporte, repuestos. Dicho de otra manera, para que General Motors pudiera sostener esas pérdidas, al no poder tener ingresos en la actual crisis económica: ¿Qué haría? Pues obviamente, reducir sus propios costes. Rebajando salarios a sus trabajadores, regularizando su empleo y ofertando unos contratos con clausulados menos favorables a sus terceras empresas.
Finalizando, y no por ello no ha de tenerse en cuenta, el día 4 de febrero de 2.020, según el diario Expansión, el Congreso aprobó subir el sueldo un 2% a los diputados, lo que supone para sus Señorías no empadronadas en Madrid, un mínimo de 5.001,11 euros al mes, y los diputados por esa provincia percibirán como poco 3.976,86 euros. Me veo en la obligación de suponer que debido a la gran gestión (ironía) que está haciendo el Congreso de los Diputados en esta crisis humanitaria, económica y sanitaria, han procedido a mantener dichas retribuciones como incentivo económico. Puesto que la gestión está siendo impecable, indiscutible y cuasi milagrosa en términos político-económicos. ¿No se atreverían sus Señorías a empatizar con el sufrimiento del pueblo español y donar una parte de sus prebendas a la Sanidad Pública, a los organismos de beneficencia o por ejemplo a material sanitario? Tal vez con ese gesto ganasen un poco de credibilidad. La afirmación del título del artículo ha sido argumentada a través de datos contrastados y se ha intentado trasladar dichos datos a un lenguaje no económico ni jurídico. De nuevo, vuelvo a lanzar la pregunta: ¿Otra recesión económica encubierta?
Víctor F. Lacambra Escobedo. Abogado y Gestor de empresas. Subdelegado de Democracia Nacional en Aragón, Vicesecretario adjunto del Departamento Jurídico de Democracia Nacional.
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