El Valle de los Caídos en un conjunto monumental construido entre los años de 1940 y 1958 en el Valle de Cuelgamuros, en la Sierra Norte de Madrid. Fue concebido por Francisco Franco como un mausoleo donde fueran enterrados cristianamente los fallecidos en la Guerra Civil española, pertenecientes a los dos bandos en lucha, por lo cual su verdadero espíritu es el de ser un monumento a la reconciliación nacional, siendo una completa falsedad afirmar que es un mausoleo franquista, un monumento al fascismo, porque Franco no levantó la Basílica con la intención de que fuese su sepultura. Si fue enterrado allí, fue porque el rey Juan Carlos I, de acuerdo con el Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid, así lo decidió a los tres días de su fallecimiento.

Con este objetivo, están allí inhumados 33.384 fallecidos durante la contienda, de los cuales pertenecen al bando nacional el 58%, y al bando rojo el 42% restante. Los cuerpos fueron trasladados allí desde toda España, con el consentimiento de sus familias en la gran mayoría de los casos, en muchas ocasiones recogidos de las cunetas, porque Franco deseaba que sus restos descansaran en terreno sagrado.

Aparte de ser un Centro de reconciliación nacional, Franco quiso erigir en el Valle de los Caídos un monumento a la fe católica, que consta de una basílica y de un monasterio benedictino, edificaciones donde no existe absolutamente ninguna alusión a la victoria franquista, ni a la derrota de la España republicana, y que carece por completo de cualquier símbolo que pudiera ser calificado de franquista o de fascista, pues Franco no levantó el Valle para que fuera un centro de adoctrinamiento de su régimen, ni de celebración de la victoria. En su lugar, el complejo monumental contiene todos los principales símbolos, dogmas y principios de la fe católica, simbolizado por la enorme cruz de 150 metros que preside el conjunto monumental, considerada como la mayor del mundo.
Un pretexto del que se valen quienes quieren acabar con el Valle de los Caídos es el de recuperar los restos de los allí fallecidos para proceder a su identificación y su devolución a la familias, pero los expertos que han estudiado el tema afirman que realizar esto es completamente imposible, y así se ha reconocido en las instancias oficiales.

También se alega que Franco no falleció en la Guerra Civil, por lo cual no debería estar enterrado en un monumento que guarda los restos de los que sí perdieron la vida durante la contienda. Pero este argumento no quiere tener en cuenta que, según el Derecho Canónico, el fundador y benefactor de una institución o edificación religiosa tiene pleno derecho a ser enterrado en ella, y esto se ha hecho así a lo largo de los dos milenios de historia de la Iglesia.

Por otra parte, según afirman todas las leyes internacionales, es completamente ilegal la profanación de tumbas, hecho en que incurriría el Gobierno que quisiera exhumar los restos de Franco, ya que su familia se opone completamente a ello, y ha afirmado ante notario que no se hará cargo de los restos exhumados.

En cuanto a la historia de que el Valle fue edificado con el trabajo esclavo de miles de presos republicanos, es otra completa falsedad, otro argumento con el que se quiere justificar el ataque al Valle. Este tema ha sido investigado exhaustivamente por el doctor Alberto Bárcena, que empleó en el estudio ocho años de trabajo, accediendo a miles de actas, y con sus conclusiones elaboró su tesis doctoral ―y posteriormente un libro, que publicó con el nombre de «Los presos del Valle de los Caídos», editorial San Román, 2015― cuyo contenido resume él mismo con estas palabras:
«El 23 de enero de 2013 defendí mi tesis doctoral, titulada “La redención de penas en el Valle de los Caídos”, en la Universidad CEU San Pablo. Era el resultado de siete años de investigación que venían a contradecir absolutamente la leyenda negra tejida contra el monumento y contra el propio franquismo, presentado desde hacía años como un régimen tiránico que habría explotado inhumanamente a miles de presos políticos en aquellas obras, con el resultado de varios miles de muertos en accidentes laborales o a causa de las condiciones extremadamente duras que se les obligó a soportar.

El propio monumento se ha presentado como una construcción faraónica levantada a mayor gloria del Jefe del Estado y del bando ganador en la Guerra Civil. Para desmentir esto último basta leer el decreto de 23 de agosto de 1957 que constituye la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, ya próximo el final de las obras. En él consta con toda claridad que aquel era un monumento a todos los caídos de los dos bandos, “bajo los brazos pacificadores de la Cruz”, a la vez que se establecía la fundación de una comunidad religiosa encargada del culto en la basílica; de rezar por todos los caídos, y de dirigir una escolanía, que sigue funcionando, y un Centro de Estudios Sociales cuya finalidad era recopilar y dar a conocer la Doctrina Social de la Iglesia como instrumento capaz de establecer un régimen social verdaderamente justo. Dicho centro, de brillante trayectoria, dejó de funcionar al verse privado de la financiación oficial establecida, por decisión del gobierno de Felipe González.

En cuanto a la construcción del monumento, objeto de mi estudio, encontré un fondo documental, apenas utilizado por los investigadores, de 69 cajas que contienen miles de documentos relativos a las obras. Se trata del Fondo Valle de los Caídos conservado en el Archivo General del Palacio Real de Madrid, sección de Administraciones Generales. Las fuentes primarias, tanto como los testimonios publicados y los textos legales, contradicen el mito calumnioso en todos sus extremos: los trabajadores penados tenían que solicitar, mediante una instancia presentada en el Patronato de Nuestra Señora de la Merced para la Redención de Penas, del ministerio de Justicia, su traslado al Valle de los Caídos. Y lo hacían por razones obvias reconocidas por los propios presos cuando fueron entrevistados tras la muerte de Franco: en primer lugar, reducían sus condenas en una proporción que llegó a ser de seis días de condena por uno de trabajo, contándose a tal efecto las bajas laborales y las horas extraordinarias que realizaran. Esta figura jurídica ―la redención de penas―, creada en pena guerra civil, junto a los indultos que alcanzaron a los presos, tuvo como consecuencia la reducción de las condenas, hasta quedarse en una cuarta parte o menos de lo que marcara la sentencia.

Aparte de esto, los penados cobraban jornales iguales a los de los trabajadores libres, con los que compartieron los trabajos en completa igualdad de condiciones, también en cuanto a sus seguros sociales.
En lo que respecta al número, los presos oscilaban entre 500 y 800 de promedio, y solamente participaron en las obras durante siete de los diecinueve años que duraron (entre 1943 y 1950, cuando fueron indultados ya los últimos). Además, se construyeron poblados donde pudieron llevar a sus familias, y contaron allí con escuela gratuita y obligatoria para sus hijos, que estudiaban junto a los de los libres y los funcionarios que también vivieron allí; el maestro era uno de los presos que había llegado al Valle por los mismos motivos que el resto de penados, y siendo ya libre permaneció allí ejerciendo su profesión, lo mismo que el médico y el practicante.

En resumen, puede decirse que la realidad del Valle de los Caídos es diametralmente opuesta a la falacia que se viene difundiendo desde hace décadas interesadamente».

Como consecuencia de todos los argumentos considerados, se puede concluir que tras la decisión política de exhumar los restos de Franco lo que se oculta es un proyecto de persecución religiosa a la fe católica, persecución tradicional en los partidos de izquierda, que en la Segunda República española protagonizaron una de los holocaustos de católicos más horrendos de la historia, con asesinatos masivos de religiosos y destrucción de edificios religiosos. Esto último es lo que buscan realmente con sus ataques al Valle de los Caídos, contra lo que todos los católicos están llamados a combatir.

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