Este 1 de julio ha entrado en vigor la llamada “Ley Mordaza”. Este nombre lleva a confusión, porque en realidad entran en vigor dos cosas diferentes: la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal.
En el primer caso, se imponen una serie de multas económicas a una serie de faltas que ya estaban castigadas anteriormente. La diferencia es la forma en la que se van a tramitar dichas faltas. Antes era un juez el que decidía la multa que se imponía al infractor, mientras que ahora el procedimiento no será judicial, sino administrativo. Un policía recogerá acta de la infracción y la Delegación de Gobierno correspondiente la ejecutará. Aún así, el sancionado tendrá la ocasión de presentar los recursos administrativos correspondientes, incluso de llegar a la vía judicial, pero siempre al final del proceso, cuando hasta ahora era lo primero.
Ciertamente, la reforma puede provocar abusos por parte de determinados agentes policiales, pero hay que tener en cuenta la cantidad de insultos, golpes y vejaciones de todo tipo que dichos agentes sufrieron en los momentos más duros de las manifestaciones que la ultraizquierda convocó hace dos o tres años, siendo el castigo en la mayoría de los casos multas ridículas. Si repasamos las conductas castigadas por la reforma (okupaciones, manifestaciones ilegales, resistencia a la autoridad, reventar manifestaciones autorizadas de oponentes políticos, consumo de drogas…) son las que, en un 99%, son cometidas por militantes de ultraizquierda, por lo que es normal que estén tan rabiosos. Aún así, a última hora el gobierno ha suavizado ciertos aspectos, incluso ha retirado el castigo por “ultrajes a España”
Creemos que la Ley de Seguridad Ciudadana es una cortina de humo para la reforma realmente importante: la del Código Penal. Si bien tiene puntos positivos, como el endurecimiento de las penas para violadores, terroristas, pedófilos (a los que se les aplicará prisión permanente revisable) contiene aspectos realmente terroríficos y que son un auténtico atentado contra la libertad de expresión.
En concreto, la reforma del artículo 510 del Código Penal, el que habla de los ya famosos “crímenes de odio”, sufre una mayor radicalización, por la que se castigará de uno a cuatro años de cárcel a los que “públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. Lo mismo para los que publiquen revistas, periódicos, libros o páginas web que “inciten al odio”, así como a los que “públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio”. Cárcel de 6 meses a 2 años para «quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior” y también para el que “promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos”, con especial castigo en el caso de que los hechos condenados “resulten idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo”.
Por supuesto, en ningún momento explica qué se entiende por “incitar directa o indirectamente al odio”, o “lesionar la dignidad de las personas” o “favorecer un clima de hostilidad” o “alterar la paz pública” o “crear sentimientos de inseguridad”…Con estas expresiones tan ambiguas el “odiador” estará totalmente a merced de la interpretación que quiera hacer el juez izquierdista de turno. Esta reforma es un disparate jurídico monumental, totalmente ilegal e inconstitucional, y un ataque frontal a la libertad de expresión más básica. Es muy significativo que todos los medios de comunicación se hayan centrado sólo en la cuestión de seguridad ciudadana, que perjudica básicamente a la ultraizquierda violenta, mientras que no han dicho nada en contra de esta orwelliana y totalitaria reforma del Código Penal, que perjudica a todos los que nos oponemos a la ingeniería social progre- marxista-multicultural que nos están imponiendo desde arriba. Claramente, esta reforma está inspirada por grupos de poder mundialistas con el objetivo de destruir toda oposición a su plan de disolver España en el Nuevo Orden Mundial. De hecho, fue la sionista Liga Anti-difamación la que incluyó estos artículos en la reforma del año 95. La misma Liga que calla ante las leyes racistas y anti-inmigración del Estado de Israel.
El Gobierno saca esta Ley de Seguridad Ciudadana con el objetivo real de recuperar a su electorado más derechista. Dicen el PSOE y Podemos que la derogarán cuando gobiernen, al igual que en Podemos ya han declarado su intención de vaciar las cárceles. Eso está por ver, pero lo que seguro no van a tocar serán estas leyes de “odio” 100% ideológicas que condenan a la cárcel al que se opone a su criminal ingeniería social izquierdista ¿alguien se ha parado a pensar lo que puede ser este Código Penal en manos de un gobierno formado por PSOE-Podemos y ultraizquierdista-separatistas pro-etarras de todo tipo? Parece justamente que esa sea la intención. Porque de lo contrario ¿qué sentido tiene que el PP la apruebe sólo 5 meses antes de unas elecciones generales que muy posiblemente le echarán del poder para traer a un nuevo Frente Popular?
Finalmente, respecto a la inmigración, la reforma suaviza varios puntos. Si bien es cierto que legaliza las llamadas “devoluciones en caliente” (faltaría más) también lo es que reduce los castigos para los que ayuden a introducir inmigrantes ilegales en España, así como también prohíbe las redadas por motivos étnicos. Es decir, si antes ya se expulsaban a poquísimos inmigrantes ilegales ahora menos todavía. Y además coincide con una nueva oleada de inmigrantes “demandantes de asilo” que la UE nos obliga a aceptar, por lo que ya podemos prepararnos: la inmigración masiva e ilegal va a continuar, y ya ni siquiera podremos protestar porqué estaremos “incitando al odio contra los inmigrantes”. Nuestros traidores gobernantes lo han previsto todo.
¿estar en contra de la inmigración y de la islamización de España también será «incitación indirecta al odio»? y el discurso de odio real de marxistas y separatistas ¿ese también lo será o esta ley sólo está hecha para callar a los Nacionales?
Esta es la estrategia del mundialismo.
Cambiar las leyes; el derecho; la legislación al fin y al cabo. Todo el sistema jurídico volcado para diluir el Estado-Nación. Volver al paganismo teniendo como valor supremo al dios consumo y llenarnos el solar patrio de ateos y falsos cristianos. Y otros especímenes.
Desaparición de la ética y moral como valores supremos. Olvidar las raíces. Todo vale por dinero; vender a cualquiera donde sea.
Hay que unirse señores, coordinarse aquí y en Europa. Unidad de todos los patriotas. Trabajar los asesoramientos jurídicos.
Nos quieren borrar del mapa, ostias!!
Unidad yaaaaaaa!!