Hace unos días se dio a conocer que el gobierno catalán ha abierto un expediente sancionador contra el sacerdote Custodio Ballester por hacer una homilía criticando la fiesta del orgullo gay.

El gobierno autonómico ha denunciado esa homilía ante la llamada Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación, como si esa institución o cualquier otra administración pública tuviese derecho a perseguir a aquellos que hacen consideraciones morales sobre determinadas conductas, lo cual es una colosal violación de la libertad religiosa y de la libertad de expresión. Pero además, en el colmo de la burla a la Constitución, el gobierno de Puigdemont no descarta sancionar a don Custodio por la vía administrativa, usurpando funciones exclusivas de los jueces para determinar si una persona se ha excedido en el ejercicio de su libertad de expresión. No es de extrañar esta actitud despótica en un gobierno que desobedece toda cuanta sentencia judicial le da la gana, como si tener poder le permitiese ejercerlo sin ningún límite que no sea el capricho del gobernante. Un político que entiende así el poder está ejerciéndolo de una forma absolutista, y merece ser expulsado lo antes posible del cargo que ocupa, pues ha perdido el derecho a ostentarlo.

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