En las últimas semanas están saltando a la luz pública española noticias de extrema gravedad referentes a posibles casos de pedofilia y pornografía infantil, virtiéndose, por la parte denunciante, graves acusaciones sobre los denunciados. Y todo ello sucede cuando el pueblo español y, cada vez, más medios de comunicación, se preguntan qué está pasando en España al denunciarse semana tras semana, nuevos casos de desapariciones, secuestros, o intentos de secuestro de mujeres jóvenes y menores de edad.

El secuestro y posterior asesinato de Diana Quer y del niño Gabriel Cruz volvió a colocar en el candelero mediático un asunto que muy pocos medios, normalmente alternativos y de marcado carácter nacionalista como la web de Democracia Nacional o sus programas de radio Aquí La Voz De Europa o Más que Palabras, se atreven a tocar.

La reivindicación por partes de varios de los padres de estos menores y jóvenes desaparecidos -que en algunos casos, tras años de investigación, no han tenido noticias del paradero del cuerpo de su ser querido- para que no se derogue la Ley de Prisión Permanente Revisable ha reactivado un drama que va mucho más allá de tratarse de casos dramáticos pero puntuales al fin y al cabo, tal y como lo venimos denunciando desde hace años en DN.

Las desapariciones; los raptos (o intentos de rapto) y asesinato de menores; los casos de pedofilia y abusos sexuales a menores de edad; o la pornografía infantil, tienen un nexo común: el terrorífico Régimen del 78 antiespañol. Desde el comienzo de este nefasto Régimen, los casos antes mencionados se han multiplicado, el incremento de la inseguridad en nuestra vía pública es día a día más patente y nuestros niños ya no pueden salir solos a las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades.

Esta semana, hemos sabido que un profesor de Ceuta está siendo investigado por presuntos abusos sexuales a menores y tenencia de pornografía infantil. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta toma declaración a una decena de alumnos del Colegio San Agustín de la ciudad tras reunir «indicios suficientes» para pensar que un profesor ya apartado del centro «cometía en ocasiones» presuntos delitos de corrupción de menores, tenencia de pornografía infantil yabusos sexuales en el ámbito escolar. Leer AQUÍ

Pero el escándalo que rodea a los posibles escándalos de pedofilia está salpicando a la esfera política, ya que han salido a la palestra los nombres de políticos que, según los denunciantes, presuntamente podrían estar implicados en casos de pornografía infantil. Este es el caso del ex alcalde de San Sebastián y actual diputado por el PSOE, Odón Elorza, quien tras aparecer su nombre relacionado con el caso del presunto pederasta Kote Cabezudo en diversos medios de comunicación, ha catalogado tales acusaciones como «calumnias y delito continuado de injurias graves hechas con publicidad», interponiendo una querella criminal contra el periodista Melchor Miralles.

Leer respuesta de Odón Elorza AQUÍ

Algo está ocurriendo en España, y nos atrevemos a decir que es una crisis de Estado, una crisis de Régimen. Si en Gran Bretaña estalló hace cuatro años un escándalo sobre posibles casos de pedofilia entres los políticos de su Parlamento, ¿podría suceder algo semejante entre nuestros políticos?

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