Según informa Intereconomía, el gobierno balear, dirigido por el PSOE gracias al apoyo de la marca blanca de Podemos en las islas, Més, ha intentado por todos los medios ocultar el origen de algunos de los agresores de la niña de 8 años, que son magrebíes y no ha tomado ninguna medida contra los maestros que eran conscientes del continuo ‘acoso escolar’ que sufría la víctima.

La joven agredida es una niña a la que le gustaba jugar en los partidos de fútbol pese a que tenía que enfrentarse al machismo musulmán de varios de sus compañeros, bajo el visto bueno de sus profesores, según informa Baluartedigital.

Ahora podemos hacernos una idea de por qué la dirección del colegio no ha tomado medidas y ha llegado a decir que la agresión fue un juego desmadrado. También el Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, ha intentado quitar peso a lo ocurrido afirmando que la niña recibió patadas pero que tampoco hay que exagerar.

El fiscal también sostiene que no es un caso de acoso escolar, pese a las denuncias anteriores de la familia de la niña, y cita textualmente, «No es bullying, es un caso puntual en el que había unos niños que estaban jugando y le dieron patadas a una niña, que cayó, porque había cogido una pelota. Eso es en esencia el hecho y no hay que darle más importancia ni trascendencia de la que tiene´´.

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La niña sufre desprendimiento de riñón, una fractura de costilla y contusiones por todo el cuerpo que mantuvieron a la víctima ingresada 24 horas en observación. Actualmente la familia de la niña está recibiendo amenazas por llamadas ocultas por parte de los padres de los acosadores.

La asociación de profesores PLIS Educación manifestó que los alumnos identificados como presuntos agresores deberían haber sido expulsados cinco días del colegio, como medida provisional y amparándose en el decreto de derechos y deberes de los alumnos. Aunque debido al origen de los agresores pongo en duda que esto se lleve a cabo.

Una vez más y en un caso claro de discriminación hacia los españoles, vemos cómo políticos, fiscales, jueces, policía y los propios profesores de una niña actúan en total complicidad para salvaguardar la imagen de una política de inmigración fracasada mostrando una total indiferencia por la vida de una niña española de 8 años y de su familia.