La llegada de los radicales a las instituciones de Navarra no ha servido para detener la acción violenta de la calle. Después de varios años de «tregua» hasta conseguir llegar al poder, la izquierda abertzale ha reactivado la intransigencia en las calles mediante el control de colectivos populares siempre dirigidos bajo la misma estrategia.
El último episodio se ha vivido este fin de semana en Alsasua, durante las fiestas de la localidad. Una horda de 50 abertzales ha apalizado a dos agentes de la Guardia Civilque disfrutaban de la noche junto a sus parejas. La sensación de impunidad y el visto bueno de los dirigentes para volver a las agresiones y a la violencia son el caldo de cultivo que ha reactivado una ‘kale borroka’ con distintos grados e intensidad.
La presidenta del Gobierno de Navarra desde 2015, Uxue Barkos, ha acudido al hospital a visitar a uno de los guardias civiles y a su pareja agredidos en Alsasua. Según ha informado el Ejecutivo, sustentado en acuerdo firmado entre Geroa Bai-PNV, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, Barkos ha afirmado ponerse a disposición de los afectados «en todo lo que esté en manos del Gobierno de Navarra».
Los sindicatos policiales ya apuntan a que lo ocurrido «no es casual», sino que denunciantodo tipo de actos y actividades promovidas por sectores de la izquierda abertzale y el nacionalismo vasco para «atacarles y amedrentarles». De hecho, Alsasua acoge cada año el el Ospa Eguna, donde los radicales se conjuran para echar a la Guardia Civil de Navarra.
El portavoz de Uxue Barkos, Koldo Martínez, alentó también nada más llegar a poder el mismo mensaje de odio contra la Guardia Civil y señaló que coincidía con ETA en su objetivo final: «Que se vaya la Guardia Civil es una reivindicación de ETA y mía«.
Mientras la violencia se recrudece, el Gobierno de Uxue Barkos con el apoyo de Bildu y Podemos, contempla impasible el resultado de la nueva ofensiva radical que busca tomar de nuevo el control de la sociedad, para volver a llevar el miedo a quien piensa diferente. Como muestra de su radicalismo, Podemos y Bildu se han negado recientemente a condenar en el Parlamento de Navarra el ataque con pintadas al arzobispado de Pamplona por ejercer su derecho legal a oponerse a las exhumaciones de Mola y Sanjurjo de una cripta que cumple con todos los requisitos de la memoria histórica.
Hace sólo unas semanas, Bildu, que gobierna en Pamplona a su vez con el apoyo deUxue Barkos, convirtió las fiestas pequeñas de San Fermín Chiquito en un aquelarre proetarra. Los niños que acudieron al Chupinazo de inicio de las fiestas tuvieron que ver bailar a los gigantes entre carteles de presos de ETA, mientras que la ciudad amaneció el sábado tras la primera noche festiva repleta de pancartas con asesinos terroristas convertidos en héroes. Pintadas y emblemas de la banda asesina por las paredes convirtieron el barrio de Navarrería en un gueto de la izquierda abertzale, que marca así las distancias con su modelo de ciudad.
Joseba Asirón, alcalde de Pamplona, se negó en rotundo a convocar una junta de portavoces ante lo ocurrido y minimizó lo ocurrido. Es algo similar a lo ocurrido hace una semana, cuando los agentes municipales de la capital navarra reconocieron que tenían orden de «no actuar» ante la toma violenta de un edificio en el centro de Pamplona. De hecho, Bildu trató de culpar al juez de los incidentes con los okupas, todos ellos, a su vez, de otro colectivo controlado por la izquierda abertzale.
Parlamentarios y concejales de Bildu y Podemos salieron entonces en tromba para criticar que la Policía Municipal actuara contra los delincuentes y dieron su apoyo al grupo que tomó el edificio y se enfrentó a la policía.
A sólo unos metros de Pamplona, en Berriozar, Bildu y sus tentáculos también convirtieron las fiestas patronales en un alegato terrorista, con decenas de carteles en favor de los asesinos de Tomás Caballero y Francisco Casanova, concejal de UPN y militar vecino del pueblo respectivamente. Nadie movió un dedo. Ninguna institución se preocupó en retirar esos carteles. Tuvo que ser Covite, el colectivo de víctimas liderado por Consuelo Ordóñez, el que actuará con fotos de los asesinados para contrarrestar la nueva humillación a las víctimas de ETA.
Los episodios en la calle se repiten: pintadas, carteles, edificios públicos entregados a grupos afines para hacer apología terroristas, etc. Pero lo más sangrante llega también a las instituciones. Bildu aún no ha condenado los más de 850 asesinatos de ETA, algo que no es molestia para el PNV de Uxue Barkos, Podemos e Izquierda Unida para gobernar con ellos y repartirse ayuntamientos e instituciones de Navarra.
Barkos (PNV) se quedó con el Gobierno de Navarra, Ainhoa Aznárez (Podemos), se hizo con el Parlamento foral, mientras que Joseba Asirón (Bildu) controla el Ayuntamiento de Pamplona.
Precisamente hasta las instituciones han llevado los tres partidos junto a Izquierda Unida el terror de ETA tratando de convertir en víctima a los verdugos. El cuatripartito nacionalista llevó a la institución a Maite Laborda, madre del etarra Mikel Ayensa,asesino de Tomás Caballero y de Francisco Casanova.
En su intervención, que contó con todo el apoyo de los partidos que sustentan a Uxue Barkos, no hubo ni una sola palabra de cariño, comprensión o perdón para los asesinados y sus familiares y trató de mostrar a su hijo y su familia como una víctima del sistema. Maite Laborda se refirió a su hijo no como condenado, sino como «encarcelado»,y lamentó que tenga coger el coche para visitarlo.
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